Un testimonio nos recuerda las condiciones para responder con un sí rotundo
Katherine Gutiérrez Abanto (Cajamarca, Perú) es economista y está cursando la Maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional (MPA/ID) en la Universidad de Harvard. Ha trabajado en organizaciones del sector público y privado, principalmente en finanzas públicas, educación, salud y lucha contra la pobreza en el Perú, así como en otros países en desarrollo en América Latina y Asia. Ha recibido diversos premios por su investigación de la reforma del servicio civil, corrupción y pobreza multidimensional, así como por sus iniciativas dirigidas a mejorar la educación en las escuelas públicas, atraer talento al sector público y promover la equidad de género.
Cada vez que con una mezcla de curiosidad y conmiseración alguien me pregunta por qué elegí el servicio público en el Perú, le respondo que es desde allí donde creo que mi trabajo puede tener más impacto. Las entidades públicas, pese a la percepción de corrupción, ineficiencia o de promesas incumplidas, tienen el potencial de ser un motor de cambio real para millones de peruanos.
¿Qué pasaría si tuviéramos funcionarios públicos competentes y comprometidos en una escala masiva en el país? Pues tendríamos cambios positivos para el ciudadano, aun en medio de los vaivenes políticos, con servidores gestionando con eficacia proyectos de inversión, mejorando la educación en todas las regiones y zonas remotas, potenciando un sistema de salud preventivo y de calidad, optimizando nuestro sistema de justicia y luchando contra la corrupción. En resumen, tendríamos un Estado que funcionaría para el ciudadano y que llegaría a donde actualmente no lo hace y debería.
Historia de una pasión
Mi amor por el sector público surgió desde que era pequeña. En Cajamarca crecí viendo el compromiso de mis padres, una profesora de primaria en una escuela pública y un enfermero en un centro de salud público entre montañas. Cuando transcurrieron unos pocos años, una nueva política pública me cambió la vida: me mudé a Lima para estudiar en el Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú, que ahora forma parte de la red nacional de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). Así aprendí de primera mano el poder que tiene la política pública para mejorar la vida de los jóvenes, empezando por la mía, y, sobre todo, la necesidad de contar con funcionarios públicos capaces de impulsar esos cambios.
También debo confesar que me inspiraron muchas frustraciones. En primaria nunca tuve un local escolar fijo —siempre ocupábamos el de otras escuelas porque la mía tenía paredes de adobe inclinadas y agrietadas que podían derrumbarse—; algunas de mis compañeras desertaron de la escuela y ya no las volví a ver, el agua que bebíamos no era potable y en invierno venía literalmente de color marrón (algo que sigue sucediendo), entre otras mortificaciones, pues mi natal Cajamarca es aún una de las regiones más pobres del país —el 44.5 % de su población estaba en situación de pobreza en 2023— y mi provincia, San Pablo, sí es la más pobre del país (más de 75 % en 2018). Años después, cuando ya trabajaba en el sector público peruano, vi equipos fragmentarse, buenas políticas descontinuarse por cambios de gobierno o que simplemente nunca vieron la luz, condiciones laborales precarias especialmente para los jóvenes, etc. Pero en algún momento tales circunstancias hicieron surgir la pregunta de cómo podría contribuir para transformar esas realidades. En ese trance me inspiraron muchos profesionales, amigos y mentores con mucha pasión por el Perú, honestos y comprometidos con mejorar las vidas de sus compatriotas. Recuerdo mi emoción el 6 de febrero de 2017, cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Educación para fortalecer los servicios de educación rural. Años más tarde, en 2020, luego de contribuir en espacios de investigación y desarrollo internacional, volví al sector público y me uní al Ministerio de Economía y Finanzas para trabajar en la respuesta a la emergencia nacional por el Covid-19 y coordinar la planificación presupuestaria. En todos estos espacios conocí a muchos profesionales y equipos que estaban haciendo cambios positivos y que querían hacer bien las cosas. También encontré excelentes profesionales en la academia, en el sector privado y en ONG que trabajaban por lo público, y deseo que algún día se animen a contribuir desde el Estado.
La pasión no es suficiente: se requieren capacidad y condiciones dignas
En los últimos años, a pesar del impulso de la Ley del Servicio Civil —una ley que vemos hoy amenazada y que ha sido importante para reclutar y retener gente valiosa—, esta es aún insuficiente. Dos preguntas cruciales quedan en el aire: ¿cómo formamos mejores servidores públicos? ¿Y cómo motivamos a que más jóvenes se interesen y se queden en el Estado?
- Sobre la primera pregunta, es clave que la reforma del servicio civil contemple una política agresiva de formación del talento desde incluso el pregrado. Así como maestros o doctores tienen centros de formación y exámenes de progresión, ¿por qué no implementar esto para el servicio civil? Sin ir muy lejos, Brasil cuenta con una buena escuela que forma a administradores públicos y los asimila al servicio civil; y países como Reino Unido, Singapur, Corea del Sur, India y Canadá cuentan también con reglas claras de acceso y centros de formación potentes. En la actualidad, incluso si se es competente, ingresar al sector público es difícil y muchas veces es una combinación de redes de contactos, universidad de procedencia y un poquito de suerte en la coyuntura política. Pero lo que necesitamos es generar una oferta crítica descentralizada de profesionales que puedan innovar y cambiar realidades desde dentro del Estado.
- Sobre la segunda, es imprescindible que motivemos a que más jóvenes y profesionales se interesen por lo público y se queden. Esto implica tener un servicio civil competitivo y con condiciones laborales dignas, así como orientarnos a retener el talento y reducir la alta rotación laboral —por ejemplo, entre 2017 y 2020, Educación fue el sector con la mayor rotación (22 % anual) y probablemente ahora sea mayor con la volatilidad ministerial de los últimos años—. Otra gran tarea recae en mostrar a los jóvenes que sí se pueden hacer cambios que beneficien a la población desde el Estado. Esta labor la vienen haciendo organizaciones civiles como Impacta, desde donde buscamos que jóvenes de todo el país conozcan referentes, conecten con una red de profesionales apasionados por lo público y potencien su talento para que contribuyan al fortalecimiento de las instituciones públicas del país.
Ahora que en Perú la ilusión de una aparente época de “milagro económico” se ha terminado, y con una volatilidad política que nos está pasando factura, nuestros retos crecen y las instituciones son incluso más importantes para el desarrollo del país. La pobreza aumenta en lugar de reducirse —casi 10 millones de peruanos vivían en situación de pobreza en 2023—, las reformas educativas se van debilitando y la inseguridad alimentaria llega al 51.7 % de los peruanos. En fin, podríamos pasarnos horas enumerando nuestros desafíos, pero quisiera cerrar con el lema del Programa de Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina, en el cual representé al Perú en 2016: “Que más de los mejores se dediquen a lo público”.
Y sí, vale la pena apostar por ser funcionario público en el Perú. Creo firmemente que los profesionales competentes, honestos y apasionados pueden construir un país donde se haga lo mejor para el ciudadano desde el Estado. De eso, finalmente, trata el servicio público. Y, en el caso de nuestro país, crear las plataformas y romper estructuras para así generarle más oportunidades a más compatriotas.
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Otro punto importante seria relanzar la idea de una «carrera publica» adecuada, con un ingreso transparente, acceso a un salario decoroso, y oportunidades de mejora profesional y laboral. La antigua «Ley SERVIR» parecía un inicio promisorio, pero los intereses politiqueros alimentaron su fracaso, pues es difícil poner orden en la carrera de la Administración Pública cuando hay tantos actores interesados (partidos políticos, sindicatos de todo color, gremios empresariales) que se benefician del desorden… aun si se perjudica al ciudadano.
Cierto que la coyuntura política suele oponerse a todo afán de organización profesional del funcionariado público. Siempre el Perú se ha caracterizado por un sector público basado en el acceso vía «tarjetazo» de influencias o el compadrazgo político para «repartir» cargos de responsabilidad como dulces para niños, con salarios tan pequeños que solo convocan a profesionales de bajo nivel carentes de mas opciones laborales, con servidores siempre sujetos a los vaivenes de la politiquería criolla con «purgas» o «nombramientos» en escala masiva según las preferencias del gobierno de turno, y donde se desalienta cualquier especie de perfeccionamiento profesional (por temor a dejar al descubierto la mediocridad de colegas y jefes), todo lo cual impide construir una «carrera pública» seria y termina beneficiando -cual jungla feroz- solo al funcionario con suficiente «viveza» para caer en gracia al mandón de turno, y manteniendo perfil bajo para salvarse de las periódicas «podas» de servidores.