Unas líneas a la jefa del Archivo General de la Nación, próximo a desmembrarse
Si no se hace nada mañana o pasado mañana, este miércoles 30 de abril comenzará de manera oficial el traslado por partes del Archivo General de la Nación y su más que probable desintegración a vista de todos los peruanos. La semana pasada escribí con indignación sobre esta maniobra, que además incluye el insólito pedido de licencia por parte de su jefa institucional quien, de esta manera, pretende escapar de la responsabilidad.
Es por ello que el pasado 24 de abril, un grupo de historiadores e investigadores le enviamos esta carta abierta a dicha funcionaria, Olinda Graciela Rengifo García. Si la reproduzco aquí es porque todos nuestros compatriotas tienen derecho a indagar sobre el futuro de sus documentos familiares y de nuestro patrimonio histórico.
Estimada señora:
Como historiadores, investigadores, ciudadanos y ciudadanas preocupados por la conservación del patrimonio documental de nuestro país, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación y alarma por las condiciones en las que se pretende ejecutar el traslado del acervo documental de la Nación al edificio del Ministerio de Cultura.
Conscientes que desde el 31 de enero de 2025 pende sobre el Archivo General de la Nación una orden de desalojo de la sede que ocupa en el Palacio de Justicia y que ésta establece que se deben tomar “todas las garantías para el traslado de la documentación sensible que custodia”, le urgimos a informar a la ciudadanía por qué se pretende desmembrar el patrimonio documental del AGN, al imponer un traslado temporal (2025-2026), en el que los documentos estarán repartidos en 3 sedes: Edificio MINCUL, Biblioteca Nacional-Abancay y actual sede Palacio de Justicia. Estas 3 se sumarán a las otras 5 sedes que actualmente tiene el AGN (Crillón, Correos, Hawai, Lince y ENA), convirtiendo en inoperativo nuestro Archivo Nacional al separar las colecciones documentales de las oficinas técnicas que realizan su procesamiento (catalogación, conservación, reproducción) y que permiten el acceso de la ciudadanía a su consulta (sala de consulta). Esta pretensión, representa, además, un grave riesgo, al suponer el traslado constante del patrimonio documental entre estas sedes y al exponer a numerosos peligros de deterioro, pérdida, o alteración los documentos que garantizan los derechos de todos los peruanos y peruanas.
En la primera etapa del traslado, que cuenta con el respaldo del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, se establece la entrega al Poder Judicial de 1,127 m², con el desalojo de cerca de 400 m. lineales de documentos, en los que se incluyen la Sección de Libros Migratorios (indispensables para trámites de doble nacionalidad) y la serie de Marcas y Patentes. Sin embargo, el informe Nº 000020-2025-AGN/SG-OPP (31/1/2025) emitido por el Archivo General de la Nación, ha determinado que el espacio cedido en la sede central del Ministerio de Cultura, la Sala Kuelap, “solo cumple con la normativa vigente para albergar espacios de oficinas administrativas” y “no se adapta para el acondicionamiento de otros usos vinculados al AGN, tipo repositorios y/o espacios especializados en trabajos para el buen estado de conservación del Patrimonio Archivístico”. ¿Cuál será el destino de esta documentación? ¿Se pretende trasladar patrimonio documental a una sede que el propio Archivo General de la Nación ha establecido como no apta para la conservación de documentos? La ciudadanía merece una explicación. Del mismo modo, la sala de consulta en la sede Palacio de Justicia será también afectada por este anunciado traslado. ¿Qué medidas se van a adoptar para la atención a los ciudadanos y a los investigadores? Nuevamente, la ciudadanía merece estar informada.
El “Protocolo archivístico para el traslado externo de patrimonio documental ubicado en las instalaciones de Palacio de Justicia de Lima”, aprobado por su gestión el 7 de abril de 2025 (Resol. Nº 000014-2025-AGN/SG) delega la responsabilidad de Miguel Jesús Martínez Laya, Director del Archivo Histórico, y Carlos Alberto Peralta Fajardo, Director del Archivo Notarial, de “contar con inventarios ordenados y actualizados”, así como su responsabilidad por “la pérdida, extravío, o deterioro” de documentos. Sin embargo, el informe de la Contraloría de la República N° 014-2024-OCI/0308-SCC (16/9/2024), establece la responsabilidad del Titular de la Entidad en el levantamiento de observaciones sobre la “Organización, Inventario y/o Catalogación y Conservación de documentos históricos y notariales a trasladar del Palacio de Justicia”. Este informe planteó serias observaciones en relación a la carencia de inventarios que permitan identificar la existencia de los documentos patrimoniales custodiados en el Palacio de Justicia y que pretenden ser trasladados, en particular, a nivel de la foliación de documentos. En ese sentido, instamos a su gestión a asumir responsabilidad en la protección del patrimonio documental y evitar un traslado en el que por falta de inventarios adecuados se arriesgue la “posible sustracción o pérdida y deterioro” de nuestra Historia. Más aún cuando usted ha solicitado una licencia y retomará sus funciones el mismo día en el que se ejecute el anunciado traslado, pretendiendo evadir las responsabilidades a las que haya lugar en la custodia del patrimonio documental de la Nación. Ni el “Protocolo archivístico”, ni la licencia, la exculpan de sus responsabilidades, incluso penales, por el contrario, las extiende a los directores y a quien la reemplaza, el señor Carlos Alberto Verástegui Pérez, asesor de la Jefatura Institucional, que carece del perfil requerido para dirigir el Archivo General de la Nación en tan crítica circunstancia.
Esta responsabilidad incluye el pretender un traslado de patrimonio de la Nación sin contar con los seguros requeridos. El “Protocolo archivístico” aprobado en su gestión establece únicamente el requisito de contar con “autorizaciones de transporte de carga y pólizas contra accidentes” para el transporte contratado. Sin embargo, no se estipula la contratación obligatoria de una póliza de seguro “clavo a clavo” contra todo riesgo y a valor convenido, para el traslado de patrimonio documental. En ese sentido, le pedimos que detalle el monto por el cual se ha asegurado el patrimonio documental de la Nación en una póliza de seguro “clavo a clavo” contra todo riesgo, que es el estándar mínimo para garantizar la seguridad de la invaluable memoria histórica de todos los peruanos.
Finalmente, estas acciones que tienen como motivación responder a la orden de desalojo, al pretender un traslado intempestivo, fragmentado, sin inventarios, sin seguro y sin una sede idónea que albergue todo el conjunto del patrimonio documental del AGN, no atienden a la advertencia señalada en la propia sentencia, de garantizar la protección del patrimonio documental de la Nación. Aún más grave, propone un traslado temporal, sin un plan claro de funcionamiento del AGN, repartido en la ciudad de Lima en hasta 8 sedes, obligando a movilizaciones constantes de documentos, sin seguro y sin medidas de seguridad, y no adelanta en ningún sentido, la verdadera demanda ciudadana de contar con una sede definitiva para nuestro patrimonio documental. La instamos en ese sentido, a desistir de un traslado fragmentado del AGN que lo condena a su inoperancia y a la pérdida de nuestro legado histórico.
Atentamente,
Magally Alegre Henderson
Hans Cuadros Sánchez
Joseph Dager Alva
Cecilia Méndez Gastelumendi
Natalia Sobrevilla Perea
¡Suscríbete a Jugo haciendo click en el botón de abajo!
Contamos contigo para no desenchufar la licuadora.
