Actualización del terrible caso del Archivo General de la Nación
El crimen que se viene perpetrando en Perú con el Archivo General de la Nación no quedará en el olvido y nosotros, los historiadores, nos dedicaremos a recordarle a los culpables de este latrocinio que existían opciones diferentes a la de despedazar los fondos documentales y tirarlos en depósitos donde no podrán ser consultados, no habrá registro de su paradero, ni posibilidad de mantenerlos de una manera digna. Lo que necesita el AGN, y ya lo hemos dicho hasta la saciedad, es un local propio y apropiado.
Desde hace un año, junto a la comunidad de archiveros, trabajadores del AGN y abogados interesados en el derecho de los ciudadanos de defender su patrimonio, venimos enfrascados en una desigual batalla con el Ministerio de Cultura y los ministrosde turno, Leslie Urteaga y Fabricio Valencia, y con quienes llevan su administración. La lucha es también contra la ineptitud de los jefes del Archivo General de la Nación, que parecen empeñados en buscar las peores soluciones posibles.
Recordemos que en abril del año pasado, el jefe institucional del momento, Ricardo Moreau Heredia, tuvo la brillante idea de trasladar los documentos de nuestra república a un galpón industrial en el Callao, un lugar insalubre y peligroso que, además, iba a significar un gasto inmenso al erario en alquileres. Después de meses de discusiones en la prensa, un proceso judicial, e incluso el inicio de un traslado irregular en septiembre de 2024, logramos que se suspendiera la mudanza del Archivo y esto coincidió por esos días con la salida de la entonces ministra Leslie Urteaga y con la del entonces jefe.
Los documentos parecían estar a salvo, pero aquella fue tan solo una tregua y hoy se encuentran en un peligro no menor. A pesar de que el Poder Ejecutivo prometió y entregó 50 millones de soles al Ministerio de Cultura para que se iniciase la construcción del nuevo local, hasta ahora no se ha hecho nada y, según los planes que constan, ese dinero no se utilizará hasta el último trimestre del año. Sin dar explicación alguna, los fondos asignados están adormecidos y vemos, con horror y estupor, que no se da paso alguno rumbo a la solución definitiva que sería un local propio.
La situación es más complicada aún porque, como se recordará, en el Poder Judicial pesa una sentencia clara para que el AGN devuelva a la brevedad los espacios del Palacio de Justicia en los que tiene depositados los documentos de todos los peruanos. Sin duda el proceso ha sido cuestionado y, aunque cabe preguntarse cómo se llegó a esa conclusión, el caso es que la ley manda y el Archivo debe trasladarse. El asunto clave es la manera de realizar esta mudanza, porque una cosa es hacerlo bien, a un nuevo local y con los inventarios detallados, y otra muy diferente es despedazar, disgregar y probablemente perder los documentos en sótanos y estacionamientos en la antigua Biblioteca Nacional y el Ministerio de Cultura, como se pretende hacer.
El Poder Judicial, con quienes nos reunimos el 18 de marzo de 2025, tiene conciencia plena de que no puede arrojar los documentos a la vía pública, ni forzar a que se haga un traslado que no cumpla con los estándares internacionales de protección del patrimonio. Si algo nos quedó claro en esa reunión fue que las representantes de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello,entendían que se trata de documentos sumamente importantes y que desean que el traslado se haga con propiedad. Se mostraron abiertas, incluso, a que el proceso se dilate hasta julio de 2026.
Pero la respuesta del Ministerio de Cultura, encabezado por el señor Fabricio Valencia —quien en su momento se ha presentado como el paladín de la protección del patrimonio— y de la actual jefa del AGN, Olinda Graciela Rengifo, es la más sorprendente: han decidido dividir la documentación para trasladarla a lugares que han sido declarados no aptos por la Contraloría. Se trata de los estacionamientos del Ministerio de Cultura, la Sala Kuélap y los depósitos de la antigua Biblioteca Nacional en la avenida Abancay. En principio, uno podría pensar que estos últimos podrían acondicionarse, ya que en el pasado han albergado libros, pero este no es necesariamente el caso, ya que no hay claridad de cómo se llevaran a cabo los procesos.
Lo que hace de este caso un crimen aún más grave contra el patrimonio es que, al dividir y separar las colecciones, poniendo al personal de un lado y los papeles de otro, se hará imposible la consulta, el análisis, el estudio y el cuidado de los documentos. Lo primero que han hecho es desocupar las oficinas donde se llevan a cabo los procesos de trabajo con el material documental. No se han movido documentos aún, pero en la práctica ya ha comenzado la destrucción del Archivo, pues en las condiciones actuales los trabajadores no puede llevar a cabo sus funciones más importantes, que son la custodia y protección de los documentos.
Y no suficiente con esto, se ha decidido —como consta en la documentación oficial que se ha hecho pública la semana pasada—que ya no se harán inventarios ni catálogos de los documentos: es decir, se trasladarán “así nomás”, porque el tiempo no lo permite. ¿Qué significa esto? Que no habrá un registro claro de lo que se mueve, a dónde va, qué es lo que llega, qué es lo que se pierde, si se roba, si le pasa algo. Los documentos simplemente estarán a la deriva, sin que nadie pueda hacer nada para saber qué es lo que les ha ocurrido.
Aún más llamativo es que la jefa del AGN haya solicitado licencia por dos semanas y que no estará presente para encargarse del traslado, dejando a sus subalternos toda la responsabilidad. Este es el mayor acto de cobardía posible, ya que no solamente está dejando a la deriva el futuro de la institución que dirige, sino que ni siquiera está dando la cara.
Señora Rengifo: nosotros no olvidaremos que usted, en vez de ponerse al frente de la defensa del patrimonio de todos peruanos, como lo demanda el importante cargo que ocupa, fue quien hizo posible la más que probable destrucción de la memoria de nuestro país y que, en el momento más importante, desapareció de la escena del crimen.
La historia la juzgará severamente.
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Se debe dar los nombres de los funcionarios que están cometiendo estos actos con los que claramente se pretende manipular la historia por intereses particulares. Que se den los nombres completos!