¿Qué le espera a nuestra clase política tras el veredicto de prisión a Humala y Heredia?
El martes 15 de abril, un envejecido Ollanta Humala recibió una condena en primera instancia a quince años de prisión por lavado de activos. En el momento de la lectura del adelanto de sentencia, su esposa Nadine Heredia ya se encontraba en la embajada del Brasil solicitando un asilo político para no cumplir la misma cantidad de años en la cárcel. Él, algo más calvo y canoso que en sus años de presidencia, no podía disimular la consternación en su rostro, sobre todo cuando la jueza ordenó su inmediata encarcelación; y de ella solo nos quedan las últimas imágenes que la muestran con un aire más aseñorado y bastante cansado. A la pareja Humala Heredia se las ha condenado como gobernaron: juntos. Así como emprendieron su aventura como las personas más poderosas del Perú, hoy les toca enfrentar el mismo castigo. Él se ha quedado para cumplir lo que, a decir de muchos, es un absurdo jurídico; ella, poniéndose el disfraz de perseguida política, ha huido con su hijo menor para evadir la justicia.
Pero ¿qué implicancias tiene esta sentencia? ¿En qué cambia las reglas de juego de la política nacional? En primer lugar, este es un punto a favor del golpeado equipo de fiscales especializados en el caso Lava Jato. Con esta sentencia en primera instancia, el fiscal Juárez Atoche ha logrado convencer a la sala presidida por la jueza Nayko Coronado Salazar de que sí hay delito de lavado de activos en la recepción de aportes de campaña provenientes de Venezuela y de Odebrecht. La defensa de los Humala Heredia, así como la de los demás involucrados en casos de este tipo, han sostenido siempre dos puntos fundamentales: 1) En el momento de la recepción del dinero los aportes de campaña ilegales no eran delitos penales, sino ilícitos administrativos, y 2) Los que recibieron el dinero no tenían cómo presumir que su origen provenía de delito alguno, pues las empresas involucradas eran formales y no eran sospechosas de actividades ilegales.
Tratemos de explicar esto con un ejemplo: si yo recibiera dinero de una persona sindicada de tener negocios sucios como el narcotráfico, la trata de personas o la minería ilegal, un juez podría asumir que soy culpable de lavado, aunque el delito aún no haya sido esclarecido del todo, porque las sospechas de que el aportante en cuestión era un delincuente saltaban a la vista. Y si yo recibiera dinero de una persona respetable, sobre la que no pesa ninguna condena, y después se descubriera que era un delincuente, no se me podría acusar de lavado porque no soy adivino. ¿Tenían los Humala Heredia datos suficientes como para presumir la ilicitud de la plata que se embolsaron? A decir de la Fiscalía y de los miembros del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, sí, porque lo recibieron por lo bajo. Un interesante argumento que le va a jugar en contra a Keiko Fujimori, quien desarrolló todo un sistema para “pitufear” los aportes ilegales que recibió a escondidas, aunque sea bastante discutible. Las razones por las cuales uno puede dar dinero por lo bajo pueden ser muchas, y no necesariamente apuntan a que el dinero provenga de un delito.
Sin embargo, no solo los que tienen juicios pendientes —como Keiko, Susana Villarán o Lourdes Flores Nano— deberían estar preocupados con este precedente judicial: si así de fuerte se castiga a quienes recibieron dinero dudoso cuando estaban postulando, ¿qué les espera a quienes vienen sirviendo descaradamente a economías ilegales desde sus cargos públicos?
En los últimos años hemos asistido a una farra congresal, en la que los padres y madres de la patria han legislado abiertamente para favorecer a delincuentes. Leyes que extienden permiso a depredadores del medio ambiente, o que relajan los sistemas de control, o que hacen más difícil la persecución de bandas criminales se han sucedido con la anuencia de un Ejecutivo que las ha promulgado sin objetarlas y hasta con entusiasmo. ¿Qué pasará cuando estos señores dejen la curul que calientan? ¿Cuáles serán las consecuencias para quienes deben haber extendido la mano para que grupos abiertamente ilegales aceiten sus decisiones? ¿Estarán aunque sea un poco asustados, o más bien su estupidez los llevará a pedirle a sus padrinos que les financien futuras campañas políticas?
Si el Ministerio Público no quiere ser visto como un conjunto de oportunistas que han puesto la justicia al servicio de la persecusión política, ya debería estar preparándose para investigar a todos estos legisladores apenas termine el manto de inmunidad/impunidad que los protege.
Lo que sí resulta indiscutible, y vale la pena resaltarlo, es que el caso Humala Heredia estuvo mucho mejor armado que el ya agonizante caso “cócteles” que involucra a Keiko Fujimori. El fiscal Juárez Atoche, que a diferencia de José Domingo Pérez optó por el perfil bajo, apuntó a un número limitado de responsables, fue directo al grano y no metió a perro, pericote y gato en una transacción que existió, y sobre la cual aportó importantes pruebas. Se puede estar en desacuerdo con el razonamiento de la Fiscalía que convenció a los jueces; pero no podemos negar que se trató de un caso llevado con solvencia y lejos de los reflectores de los medios de comunicación. Tomen nota, porque es este mismo fiscal el que ha trabajado silenciosamente en la investigación al expresidente Martín Vizcarra, a quien se le acusa de haber recibido coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Ese resultado todavía lo estamos esperando.
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