El 83 % de planes de gobierno ignoran a los peruanos LGBT+
Revisé los treinta y cinco planes de gobierno inscritos para las elecciones generales con un objetivo claro: identificar quiénes incluyen a la población LGBT+ en sus propuestas. Este análisis es relevante no solo para quienes trabajamos en el tema, sino para cualquiera que valore los derechos humanos, porque es en los temas justos pero impopulares donde se prueba la coherencia de los principios democráticos.
Para ordenar el análisis, he agrupado los planes de gobierno en tres categorías: los que no mencionan a las personas LGBT+, los que se oponen expresamente y los que sí las mencionan, con referencias generales o propuestas concretas.
Antes de entrar al detalle, vale un par de precisiones. Esta revisión no es una predicción de comportamientos futuros. No todo lo que se promete en un plan guía luego la acción política. Lo aprendí en 2016, cuando Carlos Bruce y yo presentamos la iniciativa de unión civil: aunque Peruanos Por el Kambio lo incluyó en su plan, varios colegas de la bancada se negaron a firmar el proyecto de ley.
Además, el análisis de los planes de gobierno no recuerda cómo se comportaron esos partidos cuando tuvieron el poder. Por ejemplo, para mí da igual lo que digan o dejen de decir los planes de Fuerza Popular y Renovación Popular, porque sus acciones en estos años pesan más: ambas bancadas se opusieron abiertamente a los derechos de las personas LGBT+ e impulsaron los mayores retrocesos legislativos en el tema.
Ahora sí, vayamos al análisis.
Los partidos que no mencionan expresamente a la población LGBT+ en sus planes de gobierno son veintitres: Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Buen Gobierno, Demócrata Verde, Fe en el Perú, Frente Esperanza, Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Obras, País Para Todos, Partido Aprista, Partido Patriótico del Perú, Partido de los Trabajadores y Emprendedores, Perú Moderno, Perú Libre, Podemos Perú, Progresemos, Renovación Popular, Salvemos al Perú, Sí Creo, Somos Perú y Un Camino Diferente.
En lo personal, de esa lista me decepcionan tres partidos de corte liberal o progresista, sobre todo por la presencia en sus listas parlamentarias de voces sólidas en defensa de los derechos humanos. Me refiero a Ahora Nación, de Alfonso López Chau; Buen Gobierno, de Jorge Nieto; y Libertad Popular, de Rafael Belaunde. El caso de Ahora Nación es particularmente decepcionante: su propio plan se detiene a explicar que el enfoque de género lo entiende como “la igualdad entre hombres y mujeres” (p. 14), concepto conservador que busca dejar de lado la agenda de la diversidad.
Tres partidos se ubican en la segunda categoría: aquellos que en sus propuestas incluyen expresamente una mención negativa, prometiendo acciones en contra de la supuesta “ideología de género”: el Partido Unido Perú (p. 5). Perú Acción (p. 11) y Unidad Nacional (p. 116).
La tercera categoría —los planes que sí mencionan a la población LGBT+— reúne a nueve partidos. Pero mencionar no es proponer. Tres partidos (PRIN, Fuerza Popular y Juntos por el Perú) hacen un reconocimiento incompleto y nominal dentro de principios generales contra la discriminación, sin desarrollar propuestas específicas.
Entonces, quedan seis partidos. El 17.1% de planes de gobierno.
Integridad Democrática (Wolfgang Grozo) dedica un tramo específico a la comunidad LGBT+ (pp. 153–155), subrayando el deber estatal de garantizar trato digno, imparcialidad en la justicia y protección frente a la discriminación y la violencia en diversos ámbitos, aunque precisa que ello debe ocurrir “sin cuotas ni privilegios”. El plan es declarativo, más orientado a exigir la correcta aplicación del marco normativo existente que a proponer el reconocimiento de derechos o reformas legales.
Cooperación Popular (Yonhy Lescano) es el único plan que nombra explícitamente a las parejas del mismo sexo. Propone “crear un marco jurídico para la unión de parejas del mismo sexo” (p. 9) y reconoce que hoy no existe regulación suficiente para estas parejas. Además, anuncia que solicitaría facultades al Congreso en agosto de 2026 para legislar sobre esta materia. En paralelo, plantea dictar normas laborales sobre diversidad sexual a partir de enero de 2027 para reconocer derechos de mujeres y sectores sociales con “diferente opción sexual” (p. 8).
Perú Primero (Mario Vizcarra) desarrolla un bloque titulado “Jóvenes LGTBI” (pp. 92 y 98), donde hay acciones numeradas y sectores responsables. Incluye la aplicación de encuestas nacionales con módulo LGBT+, la creación de centros juveniles seguros, incentivos de empleo, clínicas psicológicas especializadas, y capacitaciones docentes y políticas escolares contra el bullying coordinadas desde el MIMP y otros sectores.
Primero, La Gente (Marisol Pérez Tello) identifica la LGBT+fobia como forma de discriminación y violencia estructural (pp. 93–94) y propone la creación de ventanillas únicas y rutas claras de atención para víctimas de violencia de género, racismo, xenofobia y discriminación por ser LGBT+ (p. 102), incluyendo patrocinio legal gratuito, tiempos de respuesta y monitoreo ciudadano. Además, incorpora el respeto a la diversidad como eje de política pública y la no discriminación como principio rector con enfoque multisectorial.
El Partido Morado (Mesías Guevara) es el único con un plan que propone una Ley de Identidad de Género a favor de las personas trans, con un procedimiento administrativo rápido para el cambio de documentos oficiales (p. 259). También plantea un Registro Nacional de Crímenes de Odio, la creación de fiscalías especializadas y la capacitación de la PNP. Eso sí, resulta llamativo que, pese a haber defendido el matrimonio igualitario en 2020 como propuesta programática, hoy el tema brille por su ausencia.
Finalmente, Venceremos propone fortalecer los servicios de salud sexual y reproductiva con atención diferenciada para personas LGBT+ (p. 40) y, en materia de seguridad, señala que se declarará en emergencia la seguridad de las mujeres trans, especialmente de aquellas que ejercen el trabajo sexual, ante el incremento de crímenes de odio y de violencia estructural (p. 45). Aquí también llama la atención que el Nuevo Perú –parte de la Alianza Venceremos– haya reducido considerablemente sus propuestas si comparamos este plan con el del 2021. Por ejemplo, ¿dónde quedaron el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género?
Y eso es. Como mencioné al inicio, mirar los planes de gobierno desde las propuestas para las personas LGBT+ es también una forma de evaluar la consistencia democrática de los partidos. Las agendas justas que no aseguran popularidad ni votos fáciles funcionan como prueba de fuego: ahí se revela si la defensa de derechos es principista u oportunista. Esa brecha es, en sí misma, un mensaje político que merece atención a la hora de definir nuestro voto.
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