¿Podremos mantener la racha de la inversión privada y votar razonablemente este año?
Ya ha quedado establecido que el 2025 fue un gran año para la inversión privada en Perú: los datos preliminares indican que ha llegado a crecer en 10 %. Como sabemos quienes ya vivimos los resultados de los experimentos estatistas, es con la inversión privada que crece la economía y también crecen los empleos formales de calidad. Este crecimiento no ha sido casual: refleja una mejora en las expectativas empresariales, y una mayor confianza en la estabilidad macroeconómica del país. ¿Podremos mantener ese ritmo este año? Son tantas las oportunidades económicas para el Perú que ojalá lo logremos. Solo debemos tomar nota que esto requiere respeto por los contratos y un sistema de justicia que resuelva las discrepancias de manera perentoria. Sin estas condiciones básicas, cualquier impulso quedará limitado.
Los precios de nuestras exportaciones tambien continúan a niveles nunca antes vistos. En el caso de la agroindustria, prácticamente se trata de inversión privada formal con escasa amenaza de informalidad destructiva. Esta actividad ha demostrado ser un motor de crecimiento y generación de empleo. En el otro caso protagónico, el de la minería, el reto es expandir la inversión privada formal en grandes proyectos, al mismo tiempo que se limita la informal e ilegal. Los grandes proyectos tributan y son supervisados ambientalmente, mientras que la inversión privada informal e ilegal ni tributa ni cuida los ecosistemas, destruye el tejido social y asesina con impunidad. La diferencia entre ambos tipos de inversión no podría ser más dramática para el desarrollo del país.
Ya que estamos hablando de economías ilegales, es preciso dejar por sentado que si tuviéramos que colocar un primer e imprescindible desafío que resolver cuanto antes, este sería el de la inseguridad. Como muestran con claridad en esta investigación Hernández, Román y Cozzubo, los estados de emergencia —a los que los últimos gobiernos nos han acostumbrado— son inútiles para solucionar el problema. Las cifras son contundentes: la criminalidad no disminuye con estas medidas reactivas y de corto plazo. La sensación que impera hoy entre los peruanos es que prefieren sacrificar sus derechos ciudadanos a cambio de seguridad, lo cual es muy peligroso para la democracia, y esta predisposición a ceder libertades es, precisamente, lo que debería alarmarnos.
En el plano legislativo, las ocurrencias de los congresistas al aprobar la Ley de Presupuesto Público para este año nos han dejado desafíos mayúsculos. De un lado, quienes quieren seguir en el Parlamento tienen todos los incentivos para aprobar leyes de gasto del dinero público sin mayor análisis técnico, ni consideración de sostenibilidad fiscal. Por otro lado, me pregunto si el gobierno que se inaugurará el 28 de julio de 2026 tendrá la fuerza para ordenar el desperdicio que encontrará en cada pliego presupuestal.
Y, finalmente, el mayor desafío a corto plazo para todos será emitir votos razonables en las tres oportunidades en que iremos a las urnas este año: el 12 de abril en la primera vuelta, en la segunda vuelta en algún momento de junio y, finalmente, el 4 de octubre en las elecciones regionales y municipales. El 12 de abril, buena parte de nuestro futuro quedará definida porque elegiremos a los miembros de las cámaras de diputados y de senadores. A esta última en particular le tendremos que prestar atención especial —como si fuéramos aplazados en un examen de Matemáticas— porque el Senado tendrá muchísimo poder luego de los cambios constitucionales realizados por el Congreso saliente. Además, el 12 de abril quedarán definidos los candidatos que pasarán a la segunda vuelta para elegir al titular del Poder Ejecutivo. Contando desde hoy, 14 de enero, faltan menos de tres meses para el 12 de abril y tenemos que informarnos para votar bien.
¿Nos alcanzará el tiempo y las ganas con el exceso de desinformación que nos caerá hasta entonces?
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