No vale quejarse de la informalidad y no exigirle evidencia técnica a nuestras autoridades
Gerald Salazar es un físico y comunicador con más de 10 años de experiencia en fuerza laboral STEM y gestión de I+D. Ha liderado iniciativas de divulgación científica y ciencia de materiales. Actualmente se enfoca en computación cuántica y tecnologías emergentes. Es director ejecutivo de la Asociación Clubes de Ciencia Perú.
En la ola política regresiva que atraviesa el mundo, impulsada por movimientos iliberales que en cada país adoptan distintos colores y matices, emerge un rasgo común: el ataque a la ciencia y a los científicos —en Argentina, el subsecretario de Políticas Universitarias arremetió contra la expedición al fondo del mar del CONICET—, el ataque a la independencia de las entidades que generan los datos —en EE.UU., Trump despide a la responsable de Estadísticas Laborales—, el despido de científicos que contradicen el discurso político —la agencia ambiental de EE.UU. eliminó la oficina de investigación— y decisiones guiadas por apetitos políticos mercantiles.
Si antes estas situaciones se ocultaban tras decisiones aisladas para justificar decisiones contrarias a la evidencia técnica, hoy el rechazo a la ciencia y a las regulaciones técnicas se expresa sin máscaras. Lamentablemente, la capital del Perú no es ajena a esta tendencia, ya que en las últimas semanas se hizo más evidente la construcción de diferentes obras de infraestructura en Lima sin expediente técnico.
Si los políticos ven los expedientes técnicos —que son herramientas para planificar infraestructura urbana— como obstáculos a su discurso caudillista, mucho menos les agradará que nuestra experiencia cotidiana en urbes que crecen de manera informal se esté confirmando a través de las verdades incómodas que arrojan las investigaciones sociales sobre territorio, informalidad y Estado que se vienen realizando en el país.
Es por eso que quiero compartir cuatro proyectos relevantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que deberán servir como insumos para que se actualicen los políticas y regulaciones que marcan los límites que los expedientes técnicos demandan, de modo que los proyectos de infraestructura sirvan para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos.
El primer proyecto, Inventario de ocupaciones informales de terrenos en Lima Metropolitana mediante imágenes satelitales de radar (video aquí), utilizó imágenes satelitales para identificar nuevos espacios de crecimiento urbano informal en Lima Metropolitana y analizar los tipos de informalidad que aparecen en estos asentamientos humanos. Por su parte, también desde la PUCP, el proyecto Crecimiento urbano irregular e informal en Arequipa, Lima y Tacna (enlace aquí) generó evidencia sobre las políticas urbanas y sus efectos en la expansión de estas ciudades.
En la misma línea, el IEP desarrolló el proyecto Triple informalidad en el Perú: Un análisis mixto a nivel nacional-urbano sobre las implicancias de la informalidad laboral, en el transporte y la vivienda (video aquí), que busca aportar herramientas de gestión pública desde un triple enfoque: transporte, trabajo y vivienda en las ciudades del país. Finalmente, el proyecto Reformas institucionales y cadenas de valor: Estudio comparativo de capacidades de gestión en gobiernos locales de Arequipa y Cajamarca, 2001-2021 (enlace aquí), también del IEP, se centra en analizar las capacidades de gestión de los gobiernos locales en ambos departamentos.
Si aceptamos el cuestionamiento a la necesidad de un expediente técnico para construir una carretera o poner en funcionamiento un tren, imagínense qué nos dirán si le exigimos a los políticos de turno una reforma de las regulaciones locales para superar los incentivos económicos y mercantiles que promueve la informalidad en nuestras ciudades. Por eso, atacar el concepto del expediente técnico es petardear la posibilidad de una organización racional de la ciudad, subordinándola a los deseos del político de turno.
Los proyectos que he compartido han desarrollado actividades de difusión y han difundido sus resultados mediante charlas y artículos científicos. Ahora, la tarea recae en las organizaciones civiles y en los ciudadanos: difundir estos hallazgos y demandar que los políticos demuestren con hechos que las políticas públicas son diseñadas e implementadas con base en evidencia, antes siquiera de que como candidatos aparezcan en TikTok bailando para pedir nuestro voto en las futuras elecciones.
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