La reciente ley de amnistía confirmaría el fin de un ciclo democrático
José Rodríguez Ramos es periodista y analista internacional. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de Palermo (Argentina) y máster en Relaciones Internacionales por el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (España). Su trabajo se centra en derechos humanos y democracia.
Han pasado casi 25 años, pero pareciera que fue ayer: en noviembre de 2000, Valentín Paniagua se paró frente al Congreso de la República y, al recibir la banda presidencial, anunció el inicio de una nueva era para el Perú. Paniagua, un congresista con una trayectoria impecable, había sido elegido por sus colegas con el encargo de liderar la transición hacia la democracia tras la fuga del dictador Alberto Fujimori. El país entero celebraba. Tras una década de asfixiante autoritarismo y corrupción desbordada, la ciudadanía respiraba, por fin, una bocanada de libertad.
Fue, quizás, el momento más optimista de la historia reciente del Perú. Por un instante, todo parecía posible de la mano de la democracia. Con esa convicción, el gobierno de transición impulsó reformas fundamentales, como la de las Fuerzas Armadas, la del Poder Judicial, la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, entre otras. Muchas de ellas, sin embargo, quedaron incompletas, limitadas por los apenas nueve meses de gobierno disponibles.
Hace poco, revisando algunos videos históricos, volví a ver aquel discurso de Paniagua frente al parlamento, y una frase en el inicio del mismo me llamó especialmente la atención: “Nace hoy un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima los espíritus de la nación y una ilusión -acaso excesiva- sacude a todos los peruanos”.
Un cuarto de siglo después, y considerando todo lo que hemos vivido desde entonces, aquella elección de palabras resuena con una fuerza inesperada. ¿Qué quiso advertir al subrayar que la ilusión podía ser “excesiva”? ¿Fue un presentimiento de que esa esperanza corría el riesgo de desvanecerse tarde o temprano? Son interrogantes que hoy, más que nunca, cobran fuerza ante el estado crítico de la democracia peruana y los golpes que sigue recibiendo día tras día.
La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte promulgó la llamada “Ley de Amnistía”. Una medida que, en la práctica, extingue todo los procesos y la mayoría de condenas por crímenes contra los derechos humanos cometidos por policías, miembros de las fuerzas armadas y comités de autodefensa, en el contexto de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y el 2000.
La ley fue aprobada originalmente en julio por el Congreso, con el impulso del fujimorismo y sus aliados. Desde el inicio, la iniciativa ha sido denunciada por prácticamente todas las instituciones especializadas en derechos humanos y justicia, a nivel nacional e internacional. Human Rights Watch la calificó como “simple y llanamente una traición a las víctimas”, mientras que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que viola diversos compromisos internacionales asumidos por el Perú. Incluso, hace un mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano suspender el trámite de la ley, dado que afecta directamente procesos previamente sentenciados por la propia corte, como Barrios Altos y La Cantuta. Aun así, el gobierno decidió promulgarla en abierto desacato, algo que hace algunos años hubiese sido inimaginable.
Es difícil exagerar el nivel de impunidad que genera esta amnistía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estima que, entre condenas firmes y procesos en curso, se verán afectados más de 750 casos, muchos de ellos con niveles de crueldad que aún estremecen. Se trata de secuestros, torturas, ejecuciones masivas, violaciones sexuales sistemáticas y desapariciones forzadas. Entre la larga lista de beneficiados figuran, por ejemplo, Santiago Martín Rivas y los integrantes del “Grupo Colina”, el escuadrón de aniquilamiento creado bajo las órdenes de Fujimori y Montesinos. También Telmo Hurtado, responsable de la matanza de Accomarca en 1985, donde fueron ejecutadas más de 60 personas,incluyendo 23 niños, y quien fue extraditado desde los Estados Unidos en 2011. Incluso Daniel Urresti, condenado hace poco por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, podría salir de prisión pronto gracias a esta ley.
Capítulo aparte merecen los muchos crímenes que se encuentran aún en investigación o en juicio y que podrían quedar definitivamente impunes. Por ejemplo, la masacre de Putis, Ayacucho, sucedida en 1984 cuando más de cien pobladores de la zona fueron obligados, por miembros del Ejército, a cavar la fosa común en la que poco después serían asesinados y enterrados. También, el caso de las esterilizaciones forzadas o los de los miles de peruanos aún desaparecidos, cuyas familias buscan respuestas después de décadas de espera.
La promulgación de esta ley, en abierta violación de nuestros compromisos internacionales y en desacato directo a la Corte Interamericana, no es solo un retroceso jurídico. Es un nuevo golpe devastador al estado de derecho en el Perú. Es, además, la expresión más nítida del fin de ciclo del proyecto democrático que se intentó construir a partir del 2000. La puesta en marcha de una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos tanto por el terrorismo como por el propio Estado, sumada a los procesos judiciales a los culpables, fue uno de los logros más trascendentes de dicho proyecto. Hoy, es tan solo el último de los objetivos en un proceso sistemático de demolición.
La democracia peruana nunca fue perfecta. Lo sabemos. Pero en algún momento generó optimismo y, gracias al impulso de líderes como Valentín Paniagua, sentó las bases de un país diferente. Lamentablemente, por diversas razones no supo brindar los resultados esperados y sostenerse en el tiempo. Hoy, agotada, es devorada por quienes siempre la despreciaron.
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