Nuestro Estado imparte injusticia


Una vez más, la justicia en el Perú llega demasiado tarde


Esta semana, diez militares fueron hallados culpables de haber abusado sistemáticamente de unas cuatro mil mujeres y niñas de la localidad de Manta y Vilca. Cuarenta años después de los sucesos acaecidos en el cuartel ubicado en el departamento de Huancavelica, que funcionara entre 1984 y 1995, nueve de las mujeres quechuahablantes que fueron violadas y vejadas recibieron algo de justicia.

La pregunta que nos planteamos ahora es si esto resulta suficiente y si acaso las víctimas no tuvieron que esperar un período extenuante de tiempo para encontrar esa justicia. Como escribí el 14 de febrero del 2021, la justicia demorada es también justicia denegada, alusión a la carta de Martín Luther King Jr. que en 1963 saliera sorteando los controles de la cárcel donde se encontraba recluido en Alabama. En esa ocasión hice referencia al caso de las esterilizaciones forzadas, caso que sigue esperando turno y dando tumbos sin rumbo en los vericuetos de las instancias judiciales.

El caso de Manta y Vilca es similar. Ya han pasado cinco años desde que se abrió un segundo juicio oral, ya que el primero que se inició en 2016 fue suspendido en 2018 por falta de imparcialidad. En ese momento, la Corte Suprema apartó a los tres magistrados encargados del proceso por considerar que habían vulnerado los derechos de las mujeres denunciantes. El caso, sin embargo, había tomado forma en un año tan lejano como el 2003: fue uno de los cuarenta y siete que la Comisión de la Verdad y Reconciliación le entregó al Poder Judicial en cuanto fue completado el Informe Final.

Así que desde que se dieron los hechos hasta que comenzó el proceso ya habían transcurrido veinte años; y han pasado veinte años más para que se declare culpables a diez de los trece militares acusados. Los otros tres no fueron condenados por ser reos contumaces, lo cual quiere decir que se rehusaron a presentarse. Entre quienes sí han sido sentenciados, el procesado Sabino Valentín Rutti ha recibido doce años de prisión; Arturo Simarra García, Raúl Pinto Ramos, Lorenzo Inga Romero, Amador Gutiérrez Lizarbe, Epifanio Quiñonez Loyola, Vicente Yance Collahuacho, y Rufino Rivera Quispe se reparten diez años cada uno; mientras que Martín Sierra Gabriel deberá cumplir ocho años y Pedro Pérez López, seis. Muchos se preguntan si tal impartición de «justicia» es proporcional a la gravedad de los delitos que han sufrido sus víctimas. Como colofón doblemente amargo, ha pasado tanto tiempo ya que una de ellas murió poco antes de darse a conocer la sentencia.

La justicia en el Perú llega tarde y ofrece poco. A pesar de ello, este resulta un fallo histórico, ya que es la primera vez que unos perpetradores de violencia sexual reciben condenas firmes por sus actos. Actos que, además, cometieron las fuerzas del orden en una proporción del 83%, tanto miembros del ejército como de la policía. En casos como Manta y Vilca hubo un agravante adicional, pues tal aberrante conducta colectiva suponía una práctica sistemática en ese cuartel: no era cuestión solamente de algunas «manzanas podridas» que llevaran a cabo actos aislados y desconocidos por la institución local. La violencia contra las mujeres y las niñas estaba enraizada.

Vemos que esa vulnerabilidad contra las mujeres, niñas y niños no ha desaparecido en cuarenta años. Esta semana se armó un gran revuelo en nuestro país cuando se supo que, en los últimos catorce años, los niños awajún vienen siendo abusados sexualmente por sus profesores y que algunos de esos pequeños han sido contagiados de VIH. Ante tal tragedia sostenida, el ministro de Educación, Morgan Quero, soltó la barbaridad de que dichos abusos eran “prácticas culturales”. La repulsa generalizada contra esta declaración tan desatinada ha sido inmediata. La presión contra el ministro fue tal, que hace un par de días pidió disculpas a las comunidades awajún.

Pero lo que hemos visto no es una cuestión aislada. La práctica cultural del abuso es moneda corriente desde el propio Estado peruano, que ha vejado repetidamente a sus ciudadanos: con denotada crudeza a las mujeres y a las niñas, pero también a los hombres y a los niños, y en especial a todos aquellos peruanos que no tienen como lengua principal el castellano. El Estado abusa de sus ciudadanos al no saber protegerlos, pero también al vulnerar sus derechos. Y resulta aún más tremendo que todavía haya quienes buscan ladinamente camuflar esas historias de abuso mediante la desvergonzada ocultación de lo que realmente fueron.

Esta misma semana, el alcalde de la ciudad de Lima, Rafael López Aliaga, ha hablado ¡con nostalgia! del tiempo de la explotación del caucho, pidiendo que “se recree la era del caucho para atraer turistas a Iquitos” e ignorando por completo que ese período trajo consigo un genocidio terrible donde se estima murieron hasta unas 100,000 personas.   

Algo parecido se pretende al desvirtuar el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como ha intentado hacer el canciller Javier González Olaechea durante el reciente evento en el que se celebraban los ochenta años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Canadá. Quien debería en teoría representar a la diplomacia peruana con digna probidad, utilizó la oportunidad señalada para increpar al embajador canadiense por apoyar a las organizaciones no gubernamentales que se han manifestado preocupadas contra un proyecto de ley que busca acallarlas. Fue entonces que el canciller declaró que la CVR “ni fue tan veraz ni reconcilió a muchos”, poniendo además en tela de juicio el propio proceso de reconciliación norteamericano a través de una comisión de la verdad promovida por Canadá con el fin de buscar justicia para quienes fueron internados en colegios destinados a arrancarles sus identidades indígenas.

Y como si eso no fuera suficiente, esta semana también el Ministerio de Salud nombró al doctor Eduardo Yong Motta como nuevo director del Hospital Loayza, a pesar de que es uno de los investigados en el caso de las esterilizaciones forzadas de los años 90, cuando fue presuntamente un muy poco saludable Ministro de Salud.

Resulta muy difícil pensar que sea posible impartir una justicia que de verdad repare las heridas de las víctimas en un contexto como el actual, en el que quienes integran el Estado peruano parecen no tener intención alguna de lograr esa justicia ni esa reparación.


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