De por qué mantenernos conectados al mundo es importante para la reconstrucción
Desde que se comenzó a hablar de la adhesión del Perú a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) durante el gobierno de Humala, yo era una pesimista con respecto a las posibilidades de que nuestro país se uniera a este denominado “club de países ricos”. Si bien nuestro crecimiento económico nos señalaba un camino auspicioso junto a la ilusión de sostener tasas de 5, 6 o 7 % de crecimiento promedio anual, y de que en pocas décadas podíamos convertirnos en un país rico, también me preguntaba cuánto de la posible adhesión del Perú a la OCDE dependía de cambios significativos en la manera de hacer política y en la manera en que se toman las decisiones para el diseño e implementación de las políticas públicas. Finalmente, este Club de Países Ricos es muy transparente con la manera en que se usa el dinero que se recauda a partir de los impuestos y que con tanto esfuerzo producimos todas las personas. En otras palabras, sus países integrantes ponen en práctica procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas transparentes y con amplia consulta. ¿Podría el Perú alcanzarlos?
Soy testigo de los esfuerzos que hicieron diversas entidades —como los organismos reguladores de servicios públicos— para adecuarse a los requerimientos y evaluaciones que hacían los funcionarios de la OCDE con miras a acercar sus procedimientos a las buenas prácticas internacionales de las cuales estábamos aprendiendo en este proceso de adhesión, y debe reconocerse que estos reguladores comenzaron el proceso con ventaja. El esquema regulatorio que se adoptó en el Perú en los años 90 exigía que los organismos independientes prepublicabaran sus propuestas de normas y regulaciones para someterlas a procesos de consulta. Junto con ello, rápidamente se adoptaron reglas de transparencia sobre el plan estratégico, así como sobre las reuniones de los funcionarios con el sector privado regulado mucho antes que lo hicieran otras entidades públicas. Todo este esfuerzo era sostenido por presupuestos que les permitían realizar diversas mejoras organizacionales, así como una intensiva capacitación de personal. La capacitación era interna y también externa, pues los organismos reguladores de servicios públicos adoptaron una buena práctica, la del curso de extensión universitaria del Banco Central de Reserva. Estos cursos de extensión universitaria de los organismos reguladores constituyen ahora un imán para los buenos estudiantes, y quienes rinden mejor en ellos son reclutados para el regulador, pero también para las empresas de los sectores. Esto es muy positivo porque así también se fortalecen las capacidades en temas regulatorios en el sector privado regulado y, en general, para todo el ecosistema necesario para diseñar, formular e implementar políticas públicas en el marco de buenas prácticas de transparencia, evaluación y calidad regulatoria.
El Perú también adoptó la necesidad de implementar análisis de impacto regulatorio y de calidad regulatoria de sus normas y la OCDE nos viene acompañando en el proceso de adhesión. El más reciente documento de evaluación del programa país data de 2023 y es muy exhaustivo sobre los diversos aspectos de la economía y sociedad peruanas. En particular, sobre la política regulatoria destaca los avances normativos que exigen la realización de los análisis de impacto regulatorio, así como la constitución de una oficina para dicho fin en la Presidencia del Consejo de Ministros. Al mismo tiempo, señala con claridad el desafío de la implementación, que requiere personal especializado y un “seguimiento ininterrumpido”. Junto con ello, destaca la necesidad de que todas las normas que proceden del Poder Legislativo cuenten con un análisis de costo-beneficio, para lo cual subraya la buena práctica de constituir oficinas de evaluación independientes en el Congreso.
Suena razonable, ¿verdad? Lamentablemente, en los últimos tiempos somos testigos, semana a semana, de que estas recomendaciones vienen siendo ignoradas por el gobierno y, todavía peor, de que se hace lo contrario a ellas. La buena noticia es que están escritas en blanco y negro y, serán parte de las necesarias tareas de reconstrucción de nuestro aparato público.
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