Al importar listas negras, olvidamos que prohibir leer es prohibir el pensar
Hace un año conversaba con Doris Sommer, crítica literaria y catedrática universitaria. Ella volvía de Tennessee, región estadounidense pro-Trump, donde había trabajado con activistas culturales que enfrentan la ola de prohibiciones de libros en escuelas y bibliotecas. Me contó, con la serenidad de quien ya ha visto estas mareas: “También están vetando a Toni Morrison”. Respondí, incrédulo: “¿Toni Morrison, la premio Nobel?”.
Sí. La misma autora que nos enseñó a mirar de frente la violencia del racismo y la complejidad de la infancia.
Hoy, en Lima, la escena se repite con otras siglas. El organismo público Indecopi sancionó al colegio peruano-estadounidense Franklin Delano Roosevelt por la gestión de su biblioteca de secundaria y ordenó suspender el préstamo de 21 títulos mientras se crea un comité con participación de familias. La institución anunció que apelará. El caso llegó a los titulares con cifras de multa de seis dígitos y una narrativa de “alto contenido sexual”, en una lista que incluye —otra vez— a Morrison junto con George M. Johnson, Maia Kobabe, Mike Curato y Kacen Callender, entre otros. Más allá de los tecnicismos, el mensaje político es claro: disciplinar la biblioteca escolar desde el estado.
Y eso tiene nombre: censura.
Sí, ocurre en un colegio de élite: el Roosevelt es el más caro del Perú. Podría parecer ingenuo usarlo de ejemplo en un país donde se lee poco, pero precisamente por su visibilidad marca el tono y normaliza una agenda de ultraconservadurismo educativo. Según la Encuesta Nacional de Lectura 2023, menos de la mitad de la población peruana leyó un libro el último año (47,3 %), y el promedio nacional es de apenas 3,3 libros anuales. Peor aún, solo el 8 % de colegios públicos cuenta con biblioteca escolar y menos del 1 % de los privados. En un país que casi no lee, el escándalo es por los libros que sí existen. ¿De verdad ese es el frente prioritario?
Este “índex peruano” se parece demasiado a las listas de “libros prohibidos” en Estados Unidos, impulsadas por grupos ultraconservadores —afines a candidatos presidenciales como López Aliaga— que dicen “proteger a los niños” de temas sobre sexualidad, identidad de género o racismo. En 2024 y 2025, All Boys Aren’t Blue, Gender Queer, The Bluest Eye y Flamer estuvieron entre los títulos más atacados, no por su calidad, sino por hablar de lo que incomoda: raza, cuerpo, deseo, diferencia. No es un debate pedagógico: es un intento de disciplinar identidades y memorias.
Y ahora esa fiebre de pureza importada se disfraza de “procedimiento administrativo” en el Perú.
Quienes piden prohibir libros suelen usar una vara moral desigual. En redes se recuerda que la Biblia contiene pasajes de violencia sexual, incesto y crueldad y nadie propone retirarla. Como creyente, considero que leerla con contexto y sentido pedagógico es precisamente lo que permite entender sus mensajes y complejidades. Así, lo que diferencia a la escuela de la pantalla del celular es la mediación docente: el aula permite discutir y acompañar. En cambio, la censura abandona a los adolescentes a los algoritmos y a la clandestinidad.
Por eso inquieta que una agencia de defensa del consumidor pretenda normar un espacio que es, antes que nada, pedagógico. La educación peruana se basa —al menos en su marco declarativo— en un enfoque constructivista: el estudiante accede a información, la discrimina críticamente y construye aprendizajes. Una biblioteca escolar es el laboratorio natural de ese proceso. Lo paradójico es que, en lugar de fortalecer bibliotecas, las estamos convirtiendo en campos de batalla ideológico.
En su comunicado, Indecopi insiste en que “no censura”, que sanciona “transparencia” e “idoneidad del servicio”, y que la suspensión del préstamo es “temporal”. Pero el efecto es inequívoco: los 21 libros quedan bajo sospecha, la comunidad entiende que leer ciertos temas es peligroso y la discusión pedagógica se subordina a lógicas de consumo.
Educar no es vender un paquete “apto para todo público”; es formar criterio para lidiar con lo que justamente no lo es. Convertir el pensamiento crítico en un trámite es la forma más elegante de vaciar la educación de contenido.
La lista usada en Perú repite los mismos sesgos: autores negros o LGBTQ+ como Morrison, Johnson o Callender, y obras sobre identidad, sexualidad o violencia. Pero son precisamente esos textos los que, leídos con acompañamiento docente, ayudan a prevenir riesgos y a ampliar empatías. Si eso está pasando con libros extranjeros, ¿estarán también en la mira novelas nacionales que abordan situaciones similares, como Un Mundo Para Julius de Alfredo Bryce o La Fiesta del Chivo de nuestro propio Nobel, Mario Vargas Llosa?
Sobre esta censura, la investigadora y editora peruana Gracia Angulo aclaró: no confundamos selección profesional con censura. Una biblioteca escolar debe ofrecer diversidad de perspectivas y ser espacio de aprendizaje colectivo y de derecho a la información. En un país con déficit crónico de bibliotecas, colecciones actualizadas e infraestructura, lo urgente es invertir y profesionalizar, no criminalizar el acervo.
Y sí: esta ola censora importada de Estados Unidos —con ecos de macartismo— ya se infiltra en asociaciones de padres y agendas políticas. No podemos dejar que un puñado de cruzados morales decida qué pueden leer los escolares.
En sus lineamientos, la Biblioteca Nacional del Perú recuerda que la biblioteca escolar debe ser “el corazón de la escuela”, un espacio para formar ciudadanía crítica y habilidades informativas. Ese ideal es incompatible con la prohibición masiva o el “contenido inadecuado” como etiqueta comodín. Si el problema era procedimental, soluciónese con procedimientos; no sacrifiquemos el acceso a ideas complejas.
Porque si empezamos a censurar a premios Nobel como Toni Morrison, ¿qué nos queda? ¿Una escuela sin preguntas ni pensamiento? Leer con criterio es más seguro que no leer.
Y cada vez que un país decide prohibir libros, su educación se vuelve más frágil, su debate más pobre, y su democracia más temerosa.
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