Recuento del desprestigio parlamentario, incluyendo la última bajeza de un representante
Aunque sabemos de sobra que el Poder Legislativo en el Perú está tremendamente desprestigiado, esta semana incluso cayó más bajo. No es solo que entre los congresistas haya quienes han utilizado su curul para enriquecerse y favorecer a intereses de las economías ilegales, sino que su espacio se utiliza impunemente para denigrar a las personas. Lo más abyecto parece posible con este Congreso.
No obstante, esto no es novedad. Habría que recordar que en el año 2000, el congresista Gerardo Saavedra juró su cargo “por dios y por la plata” y, a pesar de que esto llevó a muchos a soltar la carcajada, se trató de un acto fallido de increíble honestidad, ya que muchos de los que llegaron al Legislativo ese año lo hicieron para ver cómo podían lucrar: un anticipo de estos tiempos. En ese momento, la manera más fácil y certera de conseguirlo era venderse al fujimorismo. Ese mismo año le llovieron monedas a Luis Cáceres Velásquez cuando juramentó: se le consideraba un tránsfuga por haber abandonado a su agrupación, el Frente Popular Agrícola, y pasarse al oficialista Perú 2000.
El deterioro institucional en los más de veinte años desde entonces ha seguido en aumento. Desde el 2016 la tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo ha sido constante, y llegó a su máxima expresión en 2017, cuando el parlamento buscó terminar con la presidencia de Kuckzynski y la desesperación lo llevó a negociar un indulto ilegal a Alberto Fujimori que es, sin duda, el inicio de este particular ciclo de inestabilidad que parece no tener fin.
Es necesario recordar que el actual conflicto entre los poderes del Estado se originó, en gran medida, cuando Martín Vizcarra —quien reemplazó a Kuckzynski en la presidencia en marzo de 2018— consiguió los votos necesarios en el Congreso para destituir a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto se consideró necesario luego de que se conociera que varios miembros de este organismo estaban involucrados en actos de tráfico de influencias y corrupción. Desde la Constitución de 1993, el CNM estaba encargado de seleccionar, nombrar, ratificar y sustituir jueces sin ningún control o direccionamiento por parte del Ejecutivo o el Legislativo. Esto quería decir que todos los jueces, fiscales y magistrados dependían de este organismo colegiado de siete miembros elegidos de manera corporativa por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, los colegios de abogados, los rectores de las universidades nacionales, los rectores de las universidades privadas, y dos elegidos por los demás colegios profesionales. Todo esto cambió de manera radical con la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que se encuentra en este momento en el ojo de la tormenta. La propuesta de Vizcarra fue aprobada por el Congreso en setiembre de 2018 y, dado a que se trataba de una enmienda constitucional de tal envergadura, la medida fue puesta a consulta por referéndum en diciembre de ese año, tras lo cual la institución comenzó a existir oficialmente en enero del año siguiente. Tal es la razón por la que quienes salen manifestarse en su contra gritan atacando a Vizcarra, a quien le achacan haber creado un organismo problemático. Los actuales siete miembros fueron elegidos por una comisión especial mediante un concurso público, y lo que ahora se debate en el Congreso es la posibilidad de removerlos.
La JNJ se encarga de nombrar, por medio de un concurso público, a todos los jueces y fiscales del país, además de ratificarlos. También puede destituir a los jueces de la Corte Suprema y a los fiscales supremos, además de evaluar el desempeño de todos estos funcionarios. Además, nombra a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), con lo cual tiene un poder excepcional sobre las dos instituciones que organizan los procesos en los que los peruanos y peruanas elegimos a nuestros representantes.
No me voy a detener en el actual conflicto entre el Legislativo y la JNJ; solo voy a anotar que el proceso de captura de los espacios judiciales desde el Congreso ha sido detenido de momento y que la votación para destituir de manera masiva a los siete miembros de la JNJ se ha postergado hasta marzo. La moción de acusación que se presentó el miércoles 13 de diciembre citaba a los miembros a defenderse en 48 horas, pero el proceso ha sido aplazado porque no existía claridad sobre las acusaciones en su contra. La prórroga se alcanzó, en gran medida, porque recientes destapes periodísticos están dejando cada vez más claro que los congresistas acusados de corrupción no quieren ser investigados.
Los dos congresistas fujimoristas que lideraban este proceso de disolución —Jorge Montoya y Alejandro Muñante— protestaron de manera furiosa, ayer viernes 15, porque el golpe inmediato contra la JNJ ya no sería posible, y ahora que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha sido suspendida, su capacidad de detener los procesos de investigación se ha visto severamente limitado. No olvidemos que la fiscal de la Nación fue suspendida, justamente, por negociar con miembros del Congreso sobre la posible remoción de la JNJ.
Mientras todo eso sucedía, en una sesión cerrada y donde algunos de los congresistas asistían en modalidad remota, se filtró un audio debido a que el congresista Juan Carlos Lizarzaburu no apagó su micrófono. Quizá deba recordar que vivo en el extranjero para denunciar que quien fuera elegido como mi representante —alguien que tan solo obtuvo 1.700 votos de los peruanos residentes en el exterior— se dedicó a hacer comentarios misóginos y denigrantes sobre el cuerpo de otra congresista. ¿No es increíble que en este momento en el que penden de un hilo los esfuerzos por mantener la lucha contra la corrupción, este señor encuentre posible ponerse a comentar sobre el “seno de la patria”?
Sea por su apoyo a economías tramposas o ilegales, o por conductas machistas, retrógradas y faltas de decencia mínima, el grueso de nuestros representantes solo representa lo peor de nosotros.
¿Cuándo se representará por fin al buen espíritu de nuestros ciudadanos?
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