La historia como campo de batalla en la defensa de un archivo que representa a todo el Perú
La semana pasada invité a Jugo a la investigadora Francesca Uccelli, quien compartió con ustedes el trabajo que viene haciendo en el podcast La Oruga, espacio que desde el Instituto de Estudios Peruanos busca “reflexionar sobre el mundo subjetivo que nos ha dejado el conflicto armado interno en el Perú”. Se trata de una apuesta especialmente necesaria en un momento en que el diálogo se hace cada vez más difícil en el país. Tanto es así que el mismo Ministerio de Educación ha iniciado una purga de textos escolares que contengan una serie de términos considerados controversiales por sus promotores, entre ellos el de “conflicto armado interno”.
Mientras tanto, el expresidente Alberto Fujimori, quien debería estar cumpliendo una sentencia por delitos de lesa humanidad y que ha sido excarcelado de manera irregular y contraviniendo las leyes que suscribe el estado peruano, se ha dedicado a “reescribir” la historia desde sus videocolumnas. En una de ellas, que acaba de compartir, declara: “Es increíble cómo hoy se intenta humanizar a los terroristas asesinos. Existen espacios públicos (e inserta una foto del memorial El ojo que llora), películas (haciendo referencia a la reciente La piel más temida) y hasta museos (seguramente el LUM) para honrar su desquiciada memoria”. Lo que resulta más increíble, sin embargo, es que quien se declaró culpable en un caso histórico de corrupción para que no se conocieran más detalles sobre el funcionamiento de su vasta trama, así como en el de la compra y cooptación de la prensa, sea ahora quien se dedique a darnos lecciones de historia.
Esa actitud marrullera nos convierte en testigos de cómo la historia reciente del Perú se ha convertido en un cruento campo de batalla, donde todo vale en el afán de enlodar al contrincante, acallar las visiones contrarias y desacreditar por cualquier medio a nuestro interlocutor. Como saben quienes leen o escuchan esta columna, llevo varias semanas inmersa en una campaña que busca entender los motivos detrás del apresurado traslado de los más de ciento cincuenta millones de documentos del Palacio de Justicia a un galpón en un polígono industrial en El Callao. He conversado con multitud de medios y establecido contacto con colegas del gremio de historiadores, archiveros y conservadores con el afán de entender que es lo que realmente está sucediendo, así como escrito, investigado y cuestionado si esa es la mejor opción.
Pero lo que me niego a hacer y rechazo de la manera más enérgica posible es que en esta cruzada por la defensa del patrimonio de la nación se utilicen métodos como el que adoptó la semana pasada el programa sobre el AGN producido por el canal de TV abierta Willax. En ese reportaje, sus responsables vincularon de manera gratuita y calumniosa a Ruth Borja, directora del Archivo General de la Nación, con lo que las personas de ese canal denominan “terrorismo”. Desde ese momento —y desde varios colectivos— se reclamó el desagravio contra una profesional que ha trabajado incansablemente por poner al acceso de todo el pueblo peruano los archivos de la Comisión de la Verdad y que ha estado vinculada a una serie de proyectos para la difusión ecuánime de la información. Es inaceptable que se busque utilizar argumentos demagogos y tergiversados como estos en lo que debe ser una discusión técnica y alturada sobre el futuro de la memoria de nuestro país.
Ruth Borja ha dicho en público que la premura para el traslado del archivo se debe a que el Poder Judicial exige la devolución de su espacio sin demora y que ella como funcionaria pública tiene el deber de hacer cumplir una sentencia. La decisión, sin embargo, sobre el local en El Callao no parece haber sido suya, sino del jefe institucional del AGN, el señor Ricardo Moreau, y las prisas por ejecutar la mudanza nacen del acuerdo que firmara la ministra de Cultura con el Poder Judicial el 11 de abril. La responsabilidad de la señora Borja se limita a los procesos técnicos, pero sí preocupa que no tenga mucho que decir sobre el nuevo local, cuando los mismos funcionarios del Ministerio de Cultura han concluido que el espacio que brinda Transel, la empresa aduanera del Fundo Bocanegra, no cumple con las “condiciones técnicas y de seguridad”.
La respuesta del AGN, en un comunicado emitido el pasado 30 de mayo, anuncia que, frente a la crítica situación en la que se encuentran las instalaciones del sótano del Palacio de Justicia, además de la orden de desalojo en ciernes ha convocado a una “Comisión de Expertos Internacionales a fin de que se pronuncien sobre las características de dicho inmueble y del que ocupamos actualmente”, y que solo se decidirá sobre las acciones futuras en base a ese informe. Parece que finalmente se impone un poco de cordura, después de semanas de haber ignorado a su propio personal del archivo (que por medio de los dos sindicatos se ha opuesto al traslado), a sus conservadores y hasta a la jefa del área, quien ha renunciado a la vez que todos los miembros hacían pública una carta abierta manifestándose asimismo en contra de la mudanza de documentos. Nos hallamos frente a una operación de la que casi todo se ignora, porque hasta el 23 de mayo no ha habido “información precisa de los gastos del traslado”, ni tampoco sobre la empresa que se encargaría de hacerlo. Y todo ello lo hemos logrado casi a regañadientes por parte de los informantes, a través de una solicitud de transparencia.
Esperamos que se imponga la cordura: que el Poder Judicial entienda que no es posible salir tan rápido de Palacio de Justicia; también que el Ministerio de Cultura, así como el jefe institucional y la directora del Archivo Histórico, empaticen con la preocupación de la ciudadanía y encuentren las mejores soluciones posibles. Pero, sobre todo, esperamos que el Ministerio de Economía y Finanzas junto al Poder Ejecutivo asignen los recursos necesarios al sector para la construcción del nuevo local.
Cuando se escriba la crónica imparcial del Archivo General de la Nación y de nuestras luchas en estos días, quedará consignado que se vivieron tiempos recios donde la propia historia fue convertida en un campo de batalla. Quedará registro también de que los mismos ciudadanos buscamos con esfuerzo encontrar una tregua en esas arduas guerras para alcanzar el bien común, que en este caso es la defensa de nuestro patrimonio documental.
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