Un repaso a las postuladas reformas tributarias de Perú, Colombia y Chile
A veces es bueno recordar lo básico, sobre todo en tiempos de negaciones convenientes: los impuestos son pagos obligatorios para financiar aquellos servicios y bienes provistos por el Estado y que sirven a toda la colectividad. El imperativo de pago se explica porque los recursos recaudados sirven para producir bienes y servicios que, una vez provistos, no es factible ni conveniente rechazar —pistas, alumbrado público, parques, etc—. Así, la idea es no pasar de polizón, es decir, disfrutar de esos bienes y servicios sin contribuir a que se financien.
Se discute mucho sobre los sistemas tributarios: que si son progresivos, eficientes, transparentes, flexibles y baratos para el contribuyente. Porque, por ejemplo, si uno debe contratar un contador para pagar los impuestos, ya el cumplimiento se torna caro. Más discusión generan las diversas cargas que deben soportar las empresas que extraen recursos naturales. En el medio de estas discusiones, que podrían limitarse a lo técnico, está el componente político: a quién le cobro para brindar servicios a quién.
No es de extrañar, en este contexto, que los tres últimos gobiernos elegidos en las urnas en Chile, en Colombia y en Perú postularon con una plataforma de izquierda que contenía reformas tributarias. Fue muy claro que asumían con una voluntad declarada de traer un poco más de equidad a estas sociedades tan desiguales de Sudamérica, y que una de las maneras de hacerlo era a través de reformas tributarias. La reciente publicación de Cooperacción, el Grupo de Justicia Fiscal en el Perú y Oxfam, cuyo título es Sistematización de las Propuestas de Reforma Tributaria en Perú, Chile y Colombia, contiene un resumen de las propuestas de los tres poderes ejecutivos. En los tres casos se buscó aumentar la progresividad del sistema tributario, así como perfeccionar la tributación de las industrias extractivas, muy importantes para los tres países.
La publicación —que se presenta el día de hoy— resume los elementos principales de cada una de estas propuestas. Para ello parte de un reconocimiento de la gran desigualdad de ingresos en estos países, difícilmente discutible si miramos el valor de los coeficientes de Gini, que es una medida utilizada para calcular la desigualdad de los ingresos.
Junto con estos datos sobre el coeficiente de Gini, la publicación parte con otro dato crítico: la presión tributaria. Esta mide el ratio entre el total que cada país recauda en impuestos y lo que cada país produce, medido con el PBI. Solo como punto de comparación con datos prepandemia: la presión tributaria de los países de la OECD —ese club de países ricos al que el Perú aspira a pertenecer— asciende a 33,4 % en promedio. En América Latina, ese promedio ascendió a 22,7 %. ¿Cuál es la presión tributaria en Chile, Colombia y Perú? 21 %, 19,7 %, y 16,6 %, respectivamente.
Sean gobiernos de izquierda o de derecha, lo cierto es que sí suena razonable aumentar esas presiones tributarias: necesitamos un mejor poder judicial, mejores centros de salud y mejores escuelas, para citar solo algunos servicios imprescindibles para el desarrollo.
Ninguno de estos gobiernos entrantes tenía mayoría parlamentaria, así que el éxito de las propuestas fue variable en función de los acuerdos políticos que cada Ejecutivo pudo lograr. Lo más logrado en términos de progresividad, es decir, aumentar montos recaudados de las personas más ricas, fue la reforma en Colombia, que logró crear el impuesto al patrimonio y modificar algunas tasas. En el caso de Chile, la propuesta fue enteramente rechazada, mientras que en Perú solo se acogieron medidas que no tocaban las tasas del impuesto a la renta o la tributación a las industrias extractivas.
Sí: nadie quiere pagar más impuestos. Pero no es posible aspirar a mejores servicios públicos sin mayores recursos, acompañados de mejoras en la gestión pública y líneas de carrera. Tenemos mucho por hacer y de manera simultánea.
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De acuerdo con lo que concluye Roxana en su comentario sobre los intentos de Ref. Tributaria en la región. No obstante pienso que, más allá de estos intentos, los entes recaudadores siempre poderosos hoy cuentan con tecnologías de avanzada para la inteligencia (artificial) y el cruce masivo de datos lo que debiera resultar en incremento radical de la capacidad fiscalizadora. En especial con personas y empresas que operan “bajo el radar” formal pero cuyos enormes movimientos de dinero, propiedades y hábitos de consumo son suficientes para que el Estado les exija la contribución que corresponde.
La pregunta que nos hacemos es por qué no ocurre eso?