Infracciones continuadas que deben llamar a unirnos
Los economistas peruanos y sus discusiones han venido dominando los titulares y las redes sociales estas semanas. Entre la aparente verdad de perogrullo del ministro de Economía sobre si el Ejecutivo es débil o fuerte ante el Congreso, los posteriores desmentidos junto con afirmaciones categóricas de su gran fortaleza, y las declaraciones de varios profesionales sobre los sucesos del Consejo Fiscal y nuestra última calificación de riesgo por parte de Standard & Poor´s, uno pensaría que cuando las discusiones de los economistas toman el protagonismo es señal de que las cosas pueden mejorar: es cuando nadie dice nada que la inercia de la mediocridad termina ganando.
Sin embargo, no es sobre cómo las cosas podrían mejorar que quiero escribir esta semana.
Recordemos que la economía no se explica sin las relaciones sociales y es por ello que, a partir de tres “infracciones continuadas”, deseo ofrecer una reflexión final.
Si le he entendido bien a mis amigas especialistas en Derecho, una infracción continuada es aquella que está constituida por varias acciones independientes, pero relacionadas entre sí.
Estas acciones deben tener el mismo hilo conductor y en ellas son claramente identificables el infractor y el afectado.
Vayamos, entonces, con las infracciones continuadas.
¿Genocidio o legítima defensa? Escribo este artículo con la noticia de que Hamas ha aceptado los términos del alto el fuego en Gaza. Antes de ello, me encontré con el video de un estudiante francés de secundaria, dirigente también, que anunciaba el inicio de acciones para exigir el uso del término “genocidio” en Palestina. Ante esta juventud activista, una parte de mí siente que la humanidad no está perdida, pero no dejo de preguntarme cómo así los adultos no nos podemos poner de acuerdo por la vida. El último gran hito en el larguísimo camino donde campea el impulso tanático comenzó el 7 de octubre del año pasado en Medio Oriente. Han transcurrido siete meses y veremos, cuando se lean estas líneas, si quienes aducen legítima defensa aceptaron los términos del alto el fuego y efectivamente, por lo menos, esta fase de la destrucción termina de una vez.
La segunda infracción continuada nos toca más de cerca, porque tiene que ver con nuestra memoria social. No se trata de los intercambios —no siempre discusiones— alrededor del film La piel más temida —vayan a verla, por si no lo han hecho todavía—, sino del escándalo de que los documentos del Archivo General de la Nación (AGN) vayan a parar a un depósito industrial en El Callao. Escuché hace poco a un colega preguntarse por qué el Estado se ha demorado tanto en ejecutar una solución viable ya que esto se veía venir desde hace tiempo, y no pude sino recordar cuando los defensores de las acciones del Congreso decían, en noviembre de 2020, que “no había ningún tipo de vacío” al vacar a un presidente. Casi cuatro años después, me pregunto si no le debemos algo del futuro de nuestros documentos históricos a la gran inacción de todos los funcionarios públicos responsables por un tema importante pero no urgente.
La tercera infracción continuada es la más peligrosa para nuestra convivencia civilizada. El Poder Legislativo está por cambiar la Constitución —¡otra vez!— para eliminar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Con ello, le quitarán buena parte del poder que tiene una entidad que surgió de los intentos de una reforma que buscaba mejorar el funcionamiento de la representación política. ¿Mejorar cómo? Pues, seleccionando de manera meritocrática a tribunos capaces de seleccionar jueces, fiscales y responsables de organismos electorales. Los mecanismos de selección de los miembros de la JNJ permitieron que, ahora que las papas queman, se posterguen procedimientos por licencias médicas —justas, sin duda— o que la misma JNJ haya promovido a Fiscal Superior a una persona sometida a investigaciones gravísimas. ¿No será esto último prueba de que la JNJ no cumplió su cometido? ¿Que su diseño y la ilusión de un cambio fue demasiado pedir frente a una realidad llena de recovecos legales y de interpretaciones antojadizas?
Leo y escucho que esto se acabará cuando la ciudadanía despierte. Que es necesario que planteemos un alto el fuego a nuestros representantes, así como ha sido planteado en Gaza.
Lo que me temo es que estamos despiertos, pero que estos asuntos de la superestructura —el AGN o la JNJ— nos resultan tan ajenos porque son parte de la esencia del Estado, y que los peruanos tenemos una seria crisis de apego con el Estado. Nuestro mensaje para él es “déjame en paz”, porque cuando aparece es para pedirnos papeles que no tenemos, y hasta buscamos maneras privadas de arreglarnos con el funcionario para que nos siga dejando en paz.
Para que los cosas comiencen a mejorar, tenemos que involucrarnos en el quehacer del Estado. Quizá, solo así, evitaremos convertirnos en un circo más escandaloso aún.
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