Tras el derrame, tres acciones


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La tragedia ambiental generada por el derrame de petróleo de Repsol y la débil respuesta del Estado nos recuerdan de manera dolorosa lo abandonada que está la agenda ambiental y climática en nuestro país. La ciudadanía parece estar despertando para exigir cambios reales, y es necesario acompañar esta indignación y reclamo con propuestas específicas que ayuden a que esta energía no se pierda. Me permito sugerir tres acciones concretas que debería de ejecutar esta misma semana el gobierno, con acciones de seguimiento y control por parte del Congreso.

Primero, cambiar al ministro de Ambiente. En estos días ha quedado demostrado que el ministro actual no tiene el perfil, la vocación ni los reflejos para ocuparse del que debería ser un ministerio estratégico para nuestro país. Cualquier acción que se quiera impulsar a favor del ambiente encontrará como primer obstáculo a quien ha mostrado completa falta de liderazgo. Existen profesionales de primer nivel que han hecho carrera al interior del ministerio y que podrían cumplir un gran papel en esta preocupante coyuntura. Si el presidente no lo cambia, los congresistas deberían ejercer sus prerrogativas de control político y proceder a su censura.

Segundo, publicar de una vez por todas la declaratoria de emergencia ambiental. Aquí está ocurriendo algo rarísimo: el jueves, el presidente Castillo firmó en ceremonia pública el decreto supremo que declara la emergencia climática de nuestro país, el cual ya había anunciado hace semanas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaratoria debería ser un paso importante para tener una ruta clara para el cumplimiento de nuestros compromisos en el marco del Acuerdo de París, además de transmitir un mensaje importante que posicione al Perú como un país atractivo para las “inversiones verdes”. ¿El problema? Hasta el cierre de este artículo, el martes en la noche, el decreto supremo no ha sido publicado. No conocemos su contenido y tampoco puede entrar en vigencia hasta que se publique en El Peruano. Esto es inusual y no transmite un buen mensaje respecto al compromiso real del gobierno con esta agenda.

Tercero, volver a impulsar el Acuerdo de Escazú. El Perú lideró la elaboración de este importante tratado internacional de alcance regional que busca fortalecer la institucionalidad ambiental del país, garantizando el derecho de participación ciudadana, el acceso a la justicia, y el acceso a la información en materia ambiental. Lamentablemente, cuando Escazú llegó al Congreso pasado, empezó una bien armada campaña de desinformación en su contra, ante la mirada indiferente del mismo Ejecutivo que lo había impulsado. ¿El resultado? El acuerdo fue archivado. Solo tres congresistas votamos a favor, explicando detalladamente su importancia y desmintiendo cada mito creado en su contra

El Ejecutivo debe volver a presentar el Acuerdo de Escazú, dando así un mensaje claro a favor de la protección del ambiente. Y, por supuesto, el Congreso debe ratificarlo. El fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, además, favorecerá las nuevas inversiones. Con información, participación y acceso a la justicia se permitirán reducir los conflictos socioambientales, lo que significará mayor estabilidad y predictibilidad. Esto mejora el clima de negocios en el país y nuestra competitividad en la región, en momentos donde el contexto internacional es el preciso para que el Perú aproveche su cartera de proyectos mineros. Recordemos la creciente demanda de materias primas –los llamados “metales del futuro” – que el mundo necesita para realizar los cambios de matrices energéticas, base de los compromisos climáticos.

Estas tres acciones por sí solas no serán suficientes, pero creo que pueden marcar un buen comienzo para cambios profundos. La pelota está en la cancha del Ejecutivo y del Congreso, y la ciudadanía debe de demandar que los jugadores metan los goles antes que sea demasiado tarde.

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