O por qué la sociedad civil importa más en tiempos de desencanto
Patricia Alata es especialista en generación, análisis y democratización del conocimiento e incidencia para ciudades sostenibles. Magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, es periodista con especializaciones en cambio climático y ciudades. Lidera la producción de conocimiento en Lima Cómo Vamos y es cofundadora de Sistema Urbano, impulsando evidencia, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas para ciudades más justas, humanas y sostenibles.
En Perú nos piden que celebremos una democracia que nos hace elegir representantes que no nos representan. Por ejemplo, este último proceso electoral nos ha hecho escoger entre dos opciones que juntas no sumaron ni el 25 % de votos emitidos en primera vuelta, y el ganador se habrá definido con una distancia mínima de votos. Y si no basta con ello, arrancamos pronto las elecciones municipales.
En abril de este año tuve la posibilidad de participar del Peru Conference 2026 en la Universidad de Harvard, donde distintos perfiles de la academia, política, sector privado y sociedad civil pudimos discutir bajo las temáticas de Estado, sociedad y crecimiento del país. En el panel, que tuve el placer de compartir con Sofía Macher y Fanny Cornejo, el tema fue centrado en el poder de la sociedad civil. Conversamos sobre la importancia de las luchas por los derechos humanos y justicia en nuestra democracia, los movimientos locales existentes e invisibilizados del activismo urbano, y la constancia de los defensores ambientales por la conservación de nuestros ecosistemas. La discusión cerró el evento recordándonos que la fuerza colectiva está a nuestro alrededor, en experiencias y personas que activan cambios, muchas veces sin que lo notemos.
Esa idea me acompañó durante las semanas siguientes. Años atrás, desde la organización Lima Cómo Vamos, encontramos algo que hoy parece especialmente relevante: mientras relativamente pocas personas participan en mecanismos formales de representación, muchas más expresan disposición a involucrarse en acciones colectivas concretas en sus barrios, organizaciones o comunidades. La pregunta, entonces, no es si existe interés por participar, sino por qué seguimos teniendo tantas dificultades para convertir esa disposición en acción.
Suena irónico que, tan solo unas semanas después, las elecciones nacionales nos dejen con la sensación de que se tendrá a un ganador, pero que la sociedad civil ha perdido: sentimos un país dividido, vemos nuevamente expresiones del máximo odio, y persisten las dudas sobre si el siguiente gobierno degradará aún más lo que nos queda de institucionalidad.
En este contexto, ¿cómo podemos seguir hablando de un poder desde la sociedad civil? Considero que este es el momento más urgente para hacerlo, para recordárnoslo.
Los datos de Lima Cómo Vamos ayudan a entender parte de esta paradoja. En 2021, en Lima y Callao apenas el 4.7 % indicó haber participado del Presupuesto Participativo en el último año; pero el 11 % señaló ser parte de una organización social o voluntariado; un 8.7 % ha participado de una marcha o plantón, y un 13.5 % participó junto a sus vecinos en una acción por su barrio. Estas cifras muestran que la población, si bien en un porcentaje reducido, estaba dispuesta a actuar directamente ante los problemas, incluso en mayor medida que en los mecanismos formales de participación.
Además, preguntamos sobre aquellas acciones que podría realizar; es decir, la intención de involucrarse, aunque no lo hubiera hecho. Aquí las cifras cambian muchísimo: el 66.2 % señaló que podría participar del Presupuesto Participativo, el 41.6 % asistiría a una marcha; el 61.4 % sería miembro de una organización social o voluntariado; y un 77.6 % participaría con sus vecinos en la mejora de su barrio.
Si bien desde la recolección de esos datos han transcurrido algunos años y muchos acontecimientos, la pregunta persiste: ¿cómo podemos reducir la brecha entre la intención y la acción? Creo que existe una urgencia clave: buscar ser menos representativos y más generadores de espacios y acciones directas.
Quienes trabajamos en lugares con cierto espacio ganado dentro de su ámbito (academia, gremios, ONG o plataformas), tenemos la responsabilidad de ser un puente de conexión e intercambio entre las autoridades y la ciudadanía, llevando con honestidad las agendas propias, y con la humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas y no representamos a toda la ciudadanía.
Toca cambiar el lenguaje técnico para que la conversación incluya a las personas de a pie y puedan así generar sus propias discusiones, propuestas y acciones; ser críticos con el enfoque con el que se ha trabajado e incorporar la innovación y divergencia de opinión; y consolidar espacios que se orienten menos a hablar por el otro y más a incluirlo. Ser más facilitador y menos protagonista.
En un contexto de profunda desconfianza hacia las entidades políticas y públicas, esto puede sentirse como un manotazo de ahogado. Sin embargo, el Perú carga en su historia momentos muy oscuros de los que ha salido, precisamente, por la constancia de una sociedad civil que impulsó agendas y luchas en distintos frentes. En la crisis de representatividad actual, la indignación ciudadana significa un deseo de cambio que puede ganarle a la apatía de votar solo en periodo electoral. Los gobiernos cambian, pero la sociedad civil permanece para sostener la memoria de lo hecho y cosechar sobre lo sembrado.
Patricia Alata es especialista en generación, análisis y democratización del conocimiento e incidencia para ciudades sostenibles. Magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, es periodista con especializaciones en cambio climático y ciudades. Lidera la producción de conocimiento en Lima Cómo Vamos y es cofundadora de Sistema Urbano, impulsando evidencia, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas para ciudades más justas, humanas y sostenibles.
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