¿Qué hacer, si ni Sánchez ni Fujimori han mostrado cuidado por nuestro dinero?
Cada vez que en Perú hemos llegado a una segunda vuelta presidencial sin opciones tranquilizadoras, mi razonamiento ha sido plantearse qué exigirle a quien gane. Ahora mismo, la respuesta a mi requerimiento no es alentadora: ninguno de los dos candidatos transmite confianza en lo que considero fundamental para sostener el crecimiento económico: promover la inversión privada, garantizar la seguridad y fortalecer las instituciones públicas, que llevan años debilitándose. Mi pesimismo proviene del examen de lo que ambos partidos han hecho en el pasado.
En el caso de Juntos por el Perú, el temor más extendido tiene que ver con la propuesta de una asamblea constituyente. Pero seamos precisos: lo que yace en el fondo de esa demanda es modificar el capítulo económico de la Constitución. Eliminar los contratos ley ha sido una de las formas concretas en que se ha intentado aterrizar esa agenda. El problema es que esos contratos no deben verse como una reliquia del fujimorismo de los 90: son un mecanismo de credibilidad para inversiones que implican hundir miles de millones de dólares durante décadas. Sin esa garantía, ningún inversionista razonable arriesgará su capital en un país donde el ministro de turno puede cambiar de opinión un lunes por la mañana.
Pero tampoco Fuerza Popular sale bien parado del análisis. ¿Dónde estuvo el partido de Fujimori cuando la Municipalidad de Lima empezó a renegar de los contratos de infraestructura? ¿Qué hizo frente a las 264 leyes que el Consejo Fiscal ha identificado como fiscalmente irresponsables? ¿Por qué bendijo con silencio la capacidad de gasto del Congreso, algo que durante décadas fue considerado anticonstitucional? Uno juzga a los partidos por lo que hacen, no por lo que prometen. Y lo que han hecho no nos da garantías de consistencia fiscal, ni de respeto a las reglas de la economía social de mercado.
La economía, el 90 % de las veces, es una profecía autocumplida. Si el sector privado desconfía de un gobierno —porque no lo conoce, porque no sabe quién es su interlocutor— el dólar sube, las inversiones se frenan y la recesión llega antes de que se tome ninguna medida real. Eso ya empezó a verse el viernes antes de la segunda vuelta. No es irracionalidad: es el funcionamiento normal de los mercados cuando opera la incertidumbre.
¿Entonces, qué miramos? En agosto, el Ejecutivo que asuma enviará al Congreso el proyecto de presupuesto público. El monto total no puede cambiar, pero sí su contenido. Ahí sabremos en qué quieren gastar y a quién le están hablando. En noviembre, cuando se apruebe, tendremos la primera evidencia concreta de si la retórica electoral se convierte en política fiscal real. Recordemos que ambos partidos, y sus aliados, tentarán suerte en las próximas elecciones de gobiernos regionales y municipales en octubre. Agosto y setiembre serán meses críticos para nuestro futuro fiscal.
Todo este descuido por los fundamentos del crecimiento económico sucede en un sistema llamado democrático, pero no en el sentido completo de la votación, la representación y la responsabilidad frente al elector. Democracia no es solo ir a votar el día que nos convocan. Es también poder exigirle rendición de cuentas a quien elegimos, saber en qué se gasta nuestra plata y tener representantes que respondan no solo en campaña. Ese mecanismo de representación también está roto. Y mientras no lo reparemos, seguiremos eligiendo entre opciones que nos dejan con más dudas que certezas.
¿Hasta cuándo estaremos dispuestos a conformarnos con eso?
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