Sobre “la gran abdicación” de los poderosos y sus consecuencias en nuestras vidas
Una de las formas más silenciosas y peligrosas de erosión de la democracia no ocurre cuando las instituciones la buscan deteriorar, sino cuando quienes concentran poder deciden no usarlo para evitarlo. A ese fenómeno, Steve Levitsky lo llama la gran abdicación: el retiro tácito de las élites empresariales, académicas, mediáticas y políticas en momentos en que la democracia más necesita de su voz y de su acción.
Hace unas semanas, Levitsky, profesor de Gobierno en Harvard y excolega mío, desarrolló esta idea en una charla en St. Olaf College, la universidad donde enseño. El eje de su intervención giró en torno a un próximo libro en el que viene trabajando desde hace algún tiempo. La abdicación a la que alude no es la de un líder político en particular ni la de una institución formal, sino la de élites que, en coyunturas críticas, optan por el silencio, la ambigüedad o la comodidad, incluso cuando la democracia se erosiona frente a sus ojos.
Este diagnóstico no es solo una intuición. Diversos estudios en ciencia política han mostrado que la estabilidad democrática no depende únicamente de elecciones libres o de una ciudadanía movilizada, sino también de la existencia de élites comprometidas con el sistema democrático. Cuando estas élites actúan como guardianes informales de las normas, condenan los abusos y se niegan a normalizar lo inaceptable, las democracias resisten mejor. Cuando, por el contrario, calculan costos, priorizan intereses económicos o temen perder acceso al poder, dejan de cumplir ese rol de contención y contribuyen al deterioro institucional.
No es la primera vez que el Perú ofrece un ejemplo elocuente de este fenómeno. En el año 2000, la caída del régimen de Alberto Fujimori fue impulsada, ante todo, por masivas movilizaciones ciudadanas, que resultaron fundamentales. Pero ese ciclo de protesta se vio reforzado por otras acciones tras bambalinas. Un quiebre necesario se produjo cuando sectores clave de la prensa y parte del empresariado dejaron de sostener al gobierno. La difusión de los llamados vladivideos marcó un punto de no retorno, y no es menor recordar que el primero de ellos fue adquirido por un empresario que decidió hacerlo público, aun sabiendo los costos políticos y económicos que ello implicaba. Esa combinación de protesta social, periodismo independiente y ruptura dentro de la élite permitió acelerar el fin de un régimen autoritario que parecía, hasta entonces, inamovible.
A menudo, desde la academia y desde ciertos discursos progresistas, tendemos —con razón— a imaginar sociedades más igualitarias, menos dependientes de élites concentradas. Pero esa aspiración, legítima y necesaria, no debería impedirnos reconocer una realidad incómoda: en momentos de crisis, las élites importan mucho. Y su inacción, también.
El caso peruano reciente ofrece un contraste doloroso. Tras las protestas que siguieron al inicio del gobierno de Dina Boluarte y la muerte de alrededor de 50 personas a manos de las fuerzas del orden a fines de 2022 e inicios de 2023, el país atravesó uno de los momentos más graves de su historia democrática reciente. Sin embargo, la respuesta de buena parte de la élite económica, mediática y política fue, en el mejor de los casos, indiferente. En el peor, abiertamente cómplice. No hubo una presión sostenida y articulada para exigir responsabilidades, investigaciones independientes ni rendición de cuentas.
Boluarte se mantuvo en el poder durante casi tres años, hasta que la situación se volvió completamente insostenible. Pero el daño ya estaba hecho. Para muchos ciudadanos quedó una sensación profunda de derrota y abandono. Las muertes no solo quedaron impunes durante largo tiempo, sino que quienes exigían justicia fueron estigmatizados y, en algunos espacios mediáticos y políticos, etiquetados como “terroristas”. La polarización se normalizó y, con ella, una peligrosa erosión democrática. Paralelamente, la clase política pareció sentirse envalentonada, protagonizando episodios de corrupción y cinismo que, incluso para los estándares peruanos, resultaron difíciles de asimilar.
En 2024, durante una conversación privada, un miembro de esta élite peruana reconocía que, frente a ese contexto, el silencio fue una decisión equivocada. No hubo una participación activa en la estigmatización, pero tampoco una condena clara del clima de polarización impulsado desde ciertos medios y desde el poder político. En retrospectiva, esta actitud terminó contribuyendo a la normalización de lo inaceptable.
¿Será que en un país donde durante años se nos ha vendido el emprendedurismo como virtud cívica suprema, parte de la élite ha terminado por olvidar que su rol no se agota en hacer empresa o acumular poder? Tal vez esa lógica, útil para dinamizar la economía, resulta insuficiente —e incluso peligrosa— cuando se traslada sin matices al terreno social. Porque en democracia, concentrar poder también implica asumir responsabilidades que van más allá del éxito individual.
El análisis de Levitsky sobre la abdicación de millonarios, rectores universitarios, líderes políticos y dueños de grandes conglomerados mediáticos con respecto al gobierno de Trump en EE.UU. adquiere en el Perú un matiz adicional. Una parte significativa de la élite económica peruana ni siquiera reside en el país. Vive en el extranjero, mientras obtiene gran parte de sus ingresos de actividades desarrolladas en territorio peruano. La distancia física se traduce, muchas veces, en distancia moral y política. Pienso así en cómo se desploma el techo de un centro comercial en Trujillo y mueren personas, pero, a casi un año de la tragedia, no se escucha una sola declaración pública de su multimillonario propietario. A ello se suma un Congreso que ha llegado a extremos insólitos, como el caso de una congresista, Digna Calle, que ejercía sus funciones de manera remota desde Estados Unidos, pese a que la ley lo prohíbe.
Todo esto obliga a replantear una pregunta clave: ¿qué tipo de élite queremos —y necesitamos— en una democracia? No se trata de idealizarla ni de renunciar a la crítica estructural. Pero también se trata de exigir responsabilidad. De recordar que el poder, incluso cuando no se ejerce desde cargos públicos, implica deberes. Y que el silencio, en contextos de violencia y abuso, no es neutral.
En el nuevo ciclo electoral 2026 que se avecina, es necesario escuchar e interpelar a los candidatos. La ciudadanía ya ha demostrado, una y otra vez, su disposición a movilizarse y a exigir cambios. Pero también es momento de que las otras élites —empresariales, mediáticas y de influencia pública— se pregunten por su lugar en este momento histórico. No desde la comodidad del silencio, sino desde una presencia activa y responsable. Hoy se vuelve ineludible la necesidad de una sociedad civil que esté a la altura del país que dice representar y del que se beneficia. La invitación es para ahora.
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