El patrón que se repite en las últimas crisis de los pueblos indígenas en aislamiento
Oriana Lucía Heredia tiene una maestría en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Trabaja como investigadora asistente en el Grupo de Análisis para el Desarrollo, habiendo participado en proyectos sobre conservación de bosques, infraestructura sostenible e industrias extractivas.
El pasado 29 de agosto se produjo un enfrentamiento entre indígenas en aislamiento del pueblo mashco piro y unos trabajadores forestales que estaban abriendo trocha en el sector de la quebrada San Juan, afluente del río Pariamanu, el cual forma parte de la zona de ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios. Este enfrentamiento tuvo como lamentable consecuencia la muerte de dos personas por impacto de flecha, dos desaparecidos y al menos un herido.
Ante estos hechos, el 3 de setiembre la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) publicó en sus redes un pronunciamiento en donde menciona que este tipo de episodios son “una consecuencia directa de la decisión estatal de habilitar actividades extractivas en territorios de indígenas en situación de aislamiento y exponer a personas poniendo en riesgo sus vidas”. Además, la federación comunicó haber enviado al día siguiente una alerta a la Dirección de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento y Contacto Inicial del Ministerio de Cultura (DACI) para que se tomen medidas urgentes, como la investigación de los hechos y la evacuación total de la zona para evitar que escale el conflicto y que haya más personas en riesgo. Si bien el ministerio se había pronunciado antes y dijo que estaba en coordinaciones con distintas instituciones para tomar las acciones necesarias ante este suceso, la FENAMAD afirmó no tener certeza de la implementación de estas acciones. Lo más preocupante es que este no es un caso aislado. La federación reveló que un episodio similar había ocurrido el 27 de julio, a menos de 25 kilómetros de distancia del nuevo enfrentamiento, lo que sugiere un patrón de conflictos.
Este pronunciamiento me transportó inevitablemente a mi experiencia con los nahua, un pueblo indígena que se encuentra en contacto inicial desde los años 80. Si bien su residencia se encuentra en el centro poblado Santa Rosa de Serjali, al interior de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, ellos visitan la capital del distrito de Sepahua con mucha frecuencia y es allí donde los conocí durante mi primer trabajo de campo en 2017. Aunque no obtuve el permiso necesario del ministerio para poder trabajar con ellos, era muy fácil encontrarlos fuera de la misión dominica donde solían armar un campamento para dormir.
Justo unos meses antes de que llegara por primera vez al distrito ocurrió un enfrentamiento entre nahuas y mashco piro. Los nahua estaban asustados porque la semana anterior habían visto huellas que parecían ser de sus vecinos en aislamiento, y en Sepahua me decían que los mashco piro probablemente estaban saliendo de sus territorios, temerosos por la cercanía de los madereros ilegales en su territorio. A pesar de que en Sepahua existe una oficina descentralizada del Ministerio de Cultura, la percepción general de los actores locales era que, después del enfrentamiento, el ministerio tuvo una intervención tardía, más enfocada en controlar la difusión de la noticia que en abordar el problema de raíz.
Al no haber estado presente durante el más reciente momento de crisis no puedo emitir mayor opinión sobre el desempeño del ministerio, que afirma haber tomado medidas inmediatas también en este caso. Sin embargo, resulta importante resaltar ciertos patrones entre los eventos ocurridos en 2016 y los ocurridos el mes pasado. Primero, que en ambos casos existió una alerta previa al desencadenamiento del conflicto y que, por lo tanto, estos fueron previsibles. Segundo, que las poblaciones locales tienen conocimientos para reconocer estos indicios. Tercero, que existe una sensación de lenta intervención efectiva por parte del ministerio, cuya acción inmediata parece depender de coordinaciones burocráticas previas que no son rápidas. Por último, que estos conflictos parecen ser recurrentes y, como menciona la FENAMAD, que involucran la presencia de actividades extractivas en territorios indígenas. En el caso más reciente, además, permitidas por el Estado.
Este patrón recurrente de conflictos subraya la tensión entre la protección de estos pueblos y la presión por la explotación de recursos naturales en sus territorios ancestrales. Así, queda en evidencia la necesidad de exigir una mayor rigurosidad al otorgar certificaciones de gestión forestal a las empresas madereras y la importancia de defender los pocos mecanismos que se tienen desde el Estado para proteger a estas poblaciones, como la ley PIACI puesta en cuestión hace pocos meses.
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