De cómo el Congreso destruyó ilusiones (una vez más)
Para los economistas interesados en las finanzas públicas, ciertas fechas son claves en el calendario. A fines de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publica las actualizaciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), que contiene los supuestos y las proyecciones para que las entidades públicas terminen de preparar sus presupuestos del año siguiente. En agosto, el Consejo de Ministros aprueba la propuesta del Poder Ejecutivo para el presupuesto del siguiente año y lo remite al Poder Legislativo. En ese momento se inicia un trimestre de sustentaciones de los titulares de pliego presupuestal ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo. Esta, en noviembre, remite su propuesta al Pleno del Congreso para que, a más tardar el 30 de noviembre, esté debidamente aprobada. Así, el pasado domingo fue la fecha clave para el presupuesto de 2026, año de cambio de gobierno.
En el pasado, el MEF tenía la fuerza para contener las presiones de gasto de los legisladores. Siempre existía el anexo 5, que incluye proyectos de inversión en las jurisdicciones de los legisladores de la Comisión de Presupuesto, para que el MEF pudiera negociar con firmeza la defensa de su propuesta de presupuesto. ¿Qué pasa si el Congreso no puede “torcer el brazo” del MEF? Es decir, ¿recomponer el gasto público para favorecer sus intereses? Fácil: la propuesta del Ejecutivo queda aprobada por silencio administrativo. Siempre me he preguntado por qué hay tanta negociación si el Ejecutivo tiene la sartén por el mango. Pero lo cierto es que el Congreso puede iniciar un ataque con o sin justificación contra el titular del MEF, así que comprendo que siempre se prefiera llevar la fiesta en paz y atender los pedidos del Congreso.
En la actualidad, desafortunadamente, el MEF es casi una comparsa de lo que pide el Legislativo. No solo existe la tristemente célebre interpretación del Tribunal Constitucional sobre el poder de los congresistas para tener iniciativa de gasto, sino también el desbalance entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, a favor del primero, han debilitado al MEF. En este contexto, en los últimos años estos pedidos del Legislativo han sido desproporcionados: no solo han reasignado gasto desde el gobierno nacional hacia los regionales y locales, sino que también el Congreso prácticamente ha multiplicado varias veces el presupuesto con el que empezó en 2021.
El presupuesto recientemente aprobado destaca por un gran escándalo: mientras el Congreso aumenta su presupuesto en 38 %, al Programa de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) se le ha reducido el presupuesto. ¿Qué tienen que ver y por qué es un escándalo? Pues ese 38 % asciende casi exactamente al monto que necesitaba PRONABEC para cumplir sus compromisos con los ganadores de los procesos de selección de este año 2025 y que deberían haber sido honrados para el próximo. Y el MEF sí lo había solicitado, si me guío por las fuentes públicas disponibles al momento de escribir este artículo.
Ello en medio del hecho de que este año PRONABEC ganó una mención honrosa en la categoría Comunicación Efectiva del Premio de Buenas Prácticas Gubernamentales —organizado por Ciudadanos al Día, una ONG que reconoce el talento y esfuerzo público desde hace más de dos décadas—. La buena práctica de gestión pública de PRONABEC logró crear una comunidad de miles de miembros para tener una comunicación más efectiva con los postulantes, de modo que mejore los procesos de postulación a la beca.
Que este mismo año, el Congreso haya preferido aumentarse el presupuesto casi exactamente en el monto que le quitó a Pronabec para el 2026 es indignante. Y después nos apenamos de que una parte importante de nuestros jóvenes quiera emigrar.
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