De cómo el Congreso destruyó la reforma electoral
En teoría, este debía ser el año en que el Perú iba a estrenar un mecanismo pensado para mejorar su caótico sistema de partidos políticos: las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ese modelo, aprobado en 2019 y parte central de un paquete de reforma política, buscaba democratizar a los partidos y ofrecer un primer filtro real para que solo compitieran en las elecciones generales aquellas organizaciones capaces de demostrar un mínimo de respaldo ciudadano. Por diseño, las PASO no solo abrían la selección de candidatos a toda la ciudadanía —no solo a militantes—, sino que también garantizaban simultaneidad, transparencia y un estándar común para todos los partidos. Sin embargo, nunca se aplicaron: primero fueron suspendidas por la pandemia y luego, eliminadas por el actual Congreso.
La idea detrás de las PASO era simple y ambiciosa a la vez. Al exigir que todos los partidos compitieran bajo un mismo modelo organizado por ONPE, Reniec y el JNE, se buscaba acabar con la proliferación de partidos cascarón y de movimientos electorales construidos alrededor de un “candidato natural”. Para seguir en carrera hacia la primera vuelta, cada organización debía superar una valla de 1.5 % de votos válidos, un filtro que reduciría de forma importante la cantidad de candidaturas. Y al abrir las elecciones a la ciudadanía, se permitía que las bases impulsaran desde abajo cambios que las cúpulas muchas veces se resisten a permitir.
Parte de la lógica de esa reforma era que, si el país por fin contaba con un filtro serio antes de las elecciones, entonces tenía sentido flexibilizar las reglas para inscribir partidos. Por eso se facilitó la entrada de nuevas organizaciones: porque, en teoría, aquellas sin respaldo real serían descartadas en las primarias abiertas. El diseño era coherente: abrir la puerta para incentivar renovación política, pero colocar inmediatamente después un mecanismo de selección que evitara la proliferación descontrolada de candidaturas.
Lamentablemente, en diciembre de 2023 el Congreso aprobó por mayoría modificar la Ley de Organizaciones Políticas y eliminar la obligatoriedad de las PASO, devolviendo a los partidos la libertad de escoger el mecanismo interno que prefirieran. Con este cambio, las primarias dejaron de ser universales y abiertas y pasaron a ser procesos internos con voto de afiliados o elección por delegados. La decisión se tomó pese a que los organismos electorales advirtieron que esta reforma debilitaba el espíritu original del sistema y devolvía al país a prácticas que ya habían demostrado ser ineficaces. Y, al eliminarse las PASO pero mantenerse las facilidades para inscribir partidos, el resultado fue inmediato: todas las organizaciones políticas quedaron habilitadas para aparecer en la cédula de la primera vuelta.
Ahora, un fast forward a este fin de semana. Los resultados hablan por sí solos. Solo un partido, el APRA, realizó una primaria realmente competitiva bajo el modelo “un militante, un voto”. Otros cinco partidos optaron por una contienda competitiva pero indirecta, a través de delegados. Y el resto —la mayoría abrumadora— presentó listas únicas donde la votación interna fue apenas un trámite formal antes de inscribir candidaturas ante el JNE.
Así, el Perú llega a las elecciones de 2026 con 37 candidaturas presidenciales. La eliminación de las primarias abiertas está directamente vinculada a esta proliferación: una larga lista de postulantes cuya principal batalla no será ganarse al electorado, sino abrirse paso entre sí en un escenario saturado, impredecible y profundamente fragmentado. Una suerte de ruleta electoral que nos conducirá a una segunda vuelta igualmente incierta.
En un contexto de fragmentación extrema y crisis de representación, el país tenía lista una herramienta diseñada precisamente para ordenar la competencia, promover la participación ciudadana y mejorar la calidad de las candidaturas. Una herramienta imperfecta, sí, pero necesaria. Sin embargo, se optó por desecharla antes siquiera de probarla.
Las primarias que no fueron —porque el Congreso lo decidió así— nos dejan hoy exactamente donde empezamos: frente a un menú electoral exagerado, con candidaturas construidas al margen de mecanismos rigurosos, y con un sistema de partidos que sigue siendo, como bien señala la literatura comparada, una “democracia sin partidos” que funciona a punta de redes informales y proyectos personalistas.
Faltan meses para la primera vuelta, pero una cosa es clara: esta elección ya empezó con un problema que pudo evitarse.
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