Dos comunidades muy distintas se abren paso a las políticas del miedo
Un mes después de la muerte de Alex Pretti a manos de agentes del gobierno estadounidense, me encontraba en la esquina de Minneapolis donde él fue abatido. El lugar se había transformado en un memorial espontáneo: flores frescas, velas encendidas, carteles escritos a mano, fotografías, mensajes que pedían justicia y dignidad. Personas que no necesariamente se conocían permanecíamos allí, acompañándonos.
Mientras avanzaba la fría tarde de febrero, un músico comenzó a cantar El derecho de vivir en paz, icónica melodía de Víctor Jara. La letra flotaba sobre la calle todavía marcada por la violencia. Ese derecho —el de vivir— que debería ser elemental, parecía haberse vuelto, de pronto, frágil. Casi un privilegio. Había lágrimas, pero también abrazos. Se aplaudía. Luego pusieron música y algunos comenzaron a bailar. No era irreverencia: era otra forma de resistencia.
Las protestas que precedieron a ese memorial no surgieron en el vacío: fueron la reacción de una ciudad ante un despliegue gubernamental percibido como agresivo y desproporcionado, una presencia casi militar en nombre del ‘orden’ y de frenar la ‘inmigración ilegal’. Después de semanas de calles tensionadas, de operativos masivos, de amenazas y muertes, la comunidad se negaba a quedar paralizada por el miedo. Minnesota había sufrido. Y, al mismo tiempo, mostraba cómo una sociedad puede unirse en momentos críticos.
Fuera de los titulares recientes, Minnesota era para muchos en América Latina un nombre periférico dentro del mapa estadounidense, lejos del foco mediático habitual. Solo en los últimos meses comenzó a ocupar espacio central en la prensa, y para mí —que vivo y trabajo aquí desde el año pasado— esa atención tardía ha estado marcada por hechos que trastocan la vida cotidiana. Sin embargo, para los locales este lugar es reconocido por su participación cívica y redes comunitarias sólidas. Esa reputación se reflejaba en la vida diaria: barrios donde conviven tradiciones nórdicas con comunidades somalíes y latinas; mercados donde el español resuena con naturalidad; espacios públicos marcados por un orden discreto. Una democracia imperfecta pero funcional, sostenida —al menos en apariencia— por la confianza.
Aquel paisaje se fracturó recientemente. Los mismos barrios se convirtieron en escenarios de operativos migratorios intensificados. Agentes federales ampliaron redadas y desplegaron vigilancia en espacios públicos, vecindarios residenciales e incluso entornos escolares y de salud, acompañados por un aparato de seguridad que muchos describieron como una ocupación. Lo que se presentó como “restaurar el orden” produjo confusión e inestabilidad. La vida se volvió impredecible. Comunidades que confiaban en las instituciones empezaron a dudar.
Las consecuencias tomaron forma de vidas humanas. En enero de 2026, Renée Good, una mujer de 37 años, murió durante un operativo federal en Minneapolis. Días después, Alex Pretti, el enfermero también de 37 años, cuyo memorial aún convoca a la comunidad en esa misma ciudad, fue abatido en el marco de protestas vinculadas a ese mismo clima de violencia. También se reportó la detención de un niño de cinco años, hijo de inmigrantes ecuatorianos, al llegar a su casa desde la escuela. Esos fueron apenas algunos de los casos más visibles, y en ese contexto un sinnúmero de familias quebradas.
Desde la perspectiva de la política pública, inquieta la brecha entre el discurso político y la realidad. Durante la campaña y la actual presidencia de Donald Trump se ha insistido en que las ciudades estadounidenses estarían sumidas en el caos y que solo una intervención federal agresiva podría devolver la seguridad. Sin embargo, los datos oficiales muestran que las tasas de homicidio y delitos violentos disminuyeron en los últimos años en varias grandes ciudades. El discurso del miedo no se sostiene en la evidencia. Y cuando el miedo se convierte en estrategia de gobierno, la seguridad deja de ser un derecho para transformarse en espectáculo.
La magnitud del despliegue en Minnesota ha sido notable incluso dentro de Estados Unidos. Durante el punto más alto de la llamada “Operación Metro Surge”, en enero de 2026, se reportaron más de 500 incidentes en un solo día en el área metropolitana de Minneapolis, según datos analizados por el Minnesota Star Tribune a partir de la plataforma ciudadana People Over Papers. La actividad observada llegó a equipararse con la de ciudades mucho más grandes como Los Ángeles, pese a que Minnesota tiene una población indocumentada considerablemente menor que estados como California, Texas o Florida. Los reportes muestran además una presencia intensa en suburbios y en entornos sensibles (escuelas, iglesias y zonas comerciales). Más que una política rutinaria, lo que se vivió fue un clima extendido de vigilancia que muchos habitantes describieron como una militarización de la vida cotidiana.
Y viendo todo esto desde Minnesota, me es imposible no pensar en mi país, el Perú.
En esa necesidad de no olvidar, el documental Uyariy, dirigido por Javier Corcuera y estrenado a fines de 2025, se suma a esos esfuerzos: recoge testimonios de deudos y sobrevivientes de la represión y matanzas en Puno. La película no solo reconstruye la violencia reciente; también muestra movilizaciones donde el duelo convive con la música, la danza y una persistente hambre de justicia, una mezcla de tristeza y vitalidad que recuerda la forma en que las comunidades reaccionan luego de haber sido atacadas.
Esa misma resiliencia se ha sentido en Minnesota. Allí he visto vecinos que se niegan a mirar hacia otro lado, iglesias que abren sus puertas y organizaciones que acompañan a familias afectadas. En Puno también se ha notado esa resistencia: la memoria convertida en canto, en marcha, en documental, en un grito colectivo de justicia.
Minnesota y Puno parecen lugares lejanos. Uno en el norte global; el otro en los Andes peruanos. Sin embargo, muestran cómo las comunidades hallan formas de afirmar dignidad, sanar heridas y generar cuidado mutuo cuando se enfrentan a la violencia del Estado.
Lo que ocurre en Minnesota dialoga con muy conocidos relatos latinoamericanos: Estados que invocan el orden mientras erosionan la confianza pública; promesas de estabilidad que conviven con duelos sin justicia. La democracia no se mide solo por elecciones periódicas, sino por su capacidad real de proteger vidas.
En aquella esquina de Minneapolis, cuando sonaba la canción de Víctor Jara, se reclamaba algo simple y a la vez radical: el derecho de vivir en paz. En las calles de Juliaca, los danzantes, al compás de los ritmos andinos, también alzaban sus pasos y voces exigiendo justicia y compasión frente al dolor. Así, donde estemos, asegurémonos de construir una sociedad capaz de proteger lo más vulnerable en comunidad.
¡No desenchufes la licuadora! Suscríbete y ayúdanos a seguir haciendo Jugo.pe
