Dictamen a dictamen, se derrumba el sentido común en materia económica
Estos días me ha resultado difícil encontrar un solo tema sobre el cual escribir ya que la semana pasada fue de intensa actividad en el Congreso. Se han aprobado varios dictámenes, así como leyes en primera o segunda votación, y el balance hasta ahora es que el equilibrio de poderes y nuestra seguridad interna quedarían negativamente afectados: los expertos en esos temas ya han destacado las posibles consecuencias de que se relajen los requisitos para tipificar que un grupo criminal es una organización, o la pretendida inexistencia de delitos lesivos a la humanidad si se cometieron antes de que el Perú aprobara el respectivo Tratado, o la eliminación de los movimientos regionales de la escena electoral.
Por ello solo me resta ponerme el sombrero de mi profesión —economista— para concentrarme en los dictámenes y leyes que tienen que ver con el uso de nuestros recursos públicos.
Desde este punto de vista, hay un dictamen en particular que me llama muchísimo la atención, que es el de agregar un conjunto de gastos deducibles del impuesto a la renta, y, entre ellos, uno que realmente es sorprendente: deducir el 70 % del gasto cuando de trata de la pensión de alimentos.
Mi sorpresa no proviene de la importancia de que este gasto se realice, pues es de esperar que quienes culminen su relación de pareja asuman sus responsabilidades con su prole. Lo que sorprende es la aparente contradicción entre permitir una deducción del gasto cuando dejas de vivir con tus hijos, pero no cuando vives con ellos. ¿Por qué, en lugar de una proporción de la pensión, no se aumentó el monto que se puede deducir como carga familiar, sea que se manifieste en pensión o en gasto cotidiano porque vivo con mis hijos? ¡Misterio!
Esta semana también se realizó la segunda votación de la ley de reforma del sistema de pensiones. Fue aprobada de manera muy rara: solo con 38 votos. El sistema de pensiones nos afecta a todos y exige una mirada y gestión de largo plazo. ¿Cómo así se puede aprobar algo tan importante con menos del 30 % de los congresistas elegidos?
Me provoca superar por un ratito lo raro de esta votación, porque, como la esperanza es lo último que se pierde, quiero pensar que el Poder Ejecutivo la observará. Pero bien decía mi madre que “piensa mal y acertarás”, y mi preocupación ahora es que esta ley le está cargando más gasto al tesoro público. Aquí el Congreso aprovechó la ventana que abrió el Tribunal Constitucional al interpretar que no hay ninguna prohibición en la Constitución vigente para que el Congreso tenga iniciativa de gasto. Por cierto, esa comprensión lectora es otro asunto raro, por decir lo menos.
Pero ahí no se queda el rosario de noticias económicas negativas que nos siguen regalando los destructores del sentido común. Ahora fue el turno del ministro de Economía y Finanzas, de quien tengo la impresión de que es un hombre inteligente y preparado. En una sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, el ministro ha afirmado que él preferiría que se hagan menos investigaciones porque somos un país pobre. Recordemos, estimado lector, que el presupuesto 2024 para Ciencia y Tecnología de todo el país es similar al presupuesto del Congreso de la República: ¿vamos a empezar a considerar la reducción de los recursos de la representación nacional porque somos un país pobre?
Según el ministro, el problema de la investigación es que no necesariamente sirve a las personas. ¡Pero si esa es la gracia de la investigación! Su utilidad no es inmediata, y por eso es necesario avanzar en el conocimiento con recursos públicos. Existe, además, investigación básica e investigación aplicada y ambos tipos necesitan financiamiento. La opinión del ministro es consistente con la anuencia del Poder Ejecutivo hacia el debilitamiento de la carrera pública magisterial o de la SUNEDU. En general, el conocimiento y su diseminación, así como la cultura y la memoria, parecerían ser la última prioridad de estos poderes preocupados solo en el corto plazo.
Algo groggies por esta andanada de golpes, no dejemos, sin embargo, de tomar nota de estos despropósitos para ocuparnos de ellos apenas detengamos esta destrucción institucional y empecemos con la reconstrucción.
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Muchísimas gracias, muy valioso su comentario, a estas alturas en el Congreso peruano hay una efectiva «demolición» del sentido común en materia económica, en una mezcla bien calculada (parece) de demagogia con la defensa de intereses particulares. Primero se premia al minero ilegal que no paga impuestos, mata defensores ambientales, y avienta basura en ríos y lagunas, luego se apoya a las AFP para que ahora cobren «aportes» forzados a los informales… pues cuidar los balances de estas empresas resulta «más fácil» que reducir la informalidad laboral. Y en el parlamento ahora petardean el presupuesto mediante la «iniciativa de gasto», anticipando la gran juega fiscal previa a las elecciones del 2026. Falta que se ordene al BCR «quemar reservas» para financiar el despelote cuando falte el presupuesto.