O por qué el Estado no debe ver a la selva como nuestra chacra
Como si una muerte más fuera necesaria en el Perú, esta semana se inició con la noticia del asesinato del líder kakataibo Benjamín Flores Ríos. ¿Por qué la muerte de los líderes indígenas y ambientales deberían importarnos más de lo que hoy pareciera que nos importa? ¿Por qué no nos cabe tan fácilmente que la sostenibilidad económica y la sobrevivencia de nuestro país —y la del mundo— depende de la defensa de nuestros territorios amenazados por las economías ilegales?
Desde hace siglos, la historia del reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y del cuidado de los ecosistemas en la Amazonía está plagada de sangre y de destrucción, así como de sueños delirantes de despensas vírgenes para el desarrollo. Vistos así, los encuentros de visiones y las posibilidades de crecer y convivir con respeto y futuro constituyen todo un reto.
En pleno siglo XXI no debería ser una alucinación vivir en una sociedad donde el Estado, y quien desde ahí ejerce poder, sea el llamado a defender los intereses de todos, es decir, el bien común. Lejos estamos de ello, sin embargo.
Repasemos: todo este año han aparecido notas a favor o comunicados en contra de un nuevo intento del Poder Legislativo de modificar la Ley 29763 o Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esta ley fue aprobada en julio de 2011 por el Congreso y fue resultado de un amplio proceso de consulta previa que observó el debido cumplimiento de los compromisos del Perú por ser signatario del convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos originarios. Recordemos, además, su génesis política: la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2005 originó la necesidad de hacer cambios legislativos para adaptar nuestra normatividad a lo acordado. En lo que respecta a los recursos forestales, se trató de hacer estos cambios mediante un decreto legislativo, lo que originó una protesta social hoy conocida como el Baguazo que, una vez más, tiñó a la Amazonía de sangre con 33 muertos y una gran cantidad de heridos en una pelea intestina.
Solo por el recuerdo de aquellos caídos, nuestro parlamento debió haber realizado un proceso similar a aquel seguido para la aprobación de la ley que deseaba modificar. Pero no lo consideraron necesario. Sí llevaron a cabo una serie de reuniones donde escucharon a expertos y a diferentes representantes de grupos organizados, pero no replicaron el proceso llevado a cabo para aprobar la ley aquella del 2011. Un problema de forma del cual nuestro Congreso es ahora campeón.
Pero asumamos por un segundo que las formas se pueden obviar si el fondo, es decir, el contenido del cambio, fuera espectacularmente bueno para la sociedad peruana, los pueblos originarios, el ecosistema y las y los ciudadanos de los territorios donde predominan los bosques. No ha sido este el caso, porque las modificaciones aprobadas por insistencia, es decir, después de recibir las observaciones del Poder Ejecutivo, han terminado por darle carta blanca a toda la deforestación ya realizada y, además, debilitan los procesos de evaluación de las autoridades para los cambios de uso de tierras.
Digamos, por un segundo, estar de acuerdo en que, ante la debilidad de las entidades públicas —que se traducen en demoras para aprobar procedimientos necesarios para las inversiones y la creación de empleo—, lo que queda es superarlas legalmente. En otras palabras, si no tengo fuerza para supervisar, mejor establezco que no supervisaré nada. ¿No es esta visión de Estado vencido la que parece haberse impuesto en la seguridad ciudadana, la trata de personas, la minería aluvial y de pequeña escala, y aquellos asuntos donde necesitamos autoridades fuertes, pero donde termina imponiéndose la ley de la selva? Por todo ello, ha sido triste —aunque esperable dentro de un pensamiento que privilegia el negocio rápido a la sostenibilidad de largo aliento— encontrar apoyo a estos cambios de gremios empresariales que, se esperaría, digo, sean respetuosos del estado de derecho y no solo cuando les conviene para imponer orden.
Un ejemplo más de la grandes dificultades de construir un “nosotros”, y de una visión compartida de cómo hacer las cosas y para qué.
Nota final: Para entender que la desprotección de la Amazonía desde el Estado trae consecuencias funestas, y que basta un político poderoso y desentendido para acelerarlas, recomiendo escuchar el más reciente episodio de El Hilo: Un cacique, un periodista y una forma de salvar la Amazonía.
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