¿Se arrepentirán los congresistas de su contribución a la muerte?
La semana pasada, el Congreso de la República puso en la agenda del pleno un proyecto de ley muy peligroso que, de haberse aprobado, generaría más violencia y muerte en nuestra Amazonía. La polémica norma era parte del “paquetazo congresal”, ese vergonzoso e indigno “toma y daca” parlamentario que vimos el miércoles, jueves y viernes para intentar conseguir los 87 votos que les permitiera destituir ilegalmente a la Junta Nacional de Justicia. No llegó a ser debatido pero —mucho ojo— el proyecto de ley sigue en la agenda.
Lo que dicen los promotores de la iniciativa es que favorecerá a miles de humildes mineros informales. Lo que hace realmente la iniciativa es beneficiar a las mafias de la minería ilegal —a la que deberíamos llamar minería criminal— que destruyen nuestra selva, matan a sus defensores y corrompen a la sociedad. Es una economía ilegal que en nuestro país mueve más dinero que el narcotráfico.
Los congresistas están advertidos de esto por distintas organizaciones de la sociedad civil y parece no importarles, pues la iniciativa ya fue aprobada en comisión. ¿Cuántos de los que ahí votaron a favor de ese proyecto de ley lamentaron hace pocos el asesinato de nueve trabajadores de una minera formal en Pataz a manos de mineros ilegales? ¿Cuántos de los que voten a favor en el pleno les darán sus condolencias públicas a los deudos del próximo defensor ambiental indígena que sea asesinado en la Amazonía?
Este es un claro ejemplo de cómo el populismo congresal no solo daña la economía, sino que también permite que la violencia siga matando a más peruanos. Ahora compartiré un ejemplo más que he recordado en estos días, de cuando era congresista a inicios de la pandemia.
Como recordarán, el Congreso 2020-2021 fue altamente populista. A ello contribuyeron tres factores: congresistas con poca experiencia parlamentaria, la crisis del Covid-19, y la cercanía de las elecciones generales del 2021. A los colegas de entonces no les importaban las opiniones técnicas del Ministerio de Economía, las advertencias de especialistas y otras instituciones. Todo ello se rechazó con frases como “este Congreso responde solo al pueblo”, “la pandemia obliga a tomar medidas excepcionales”, “este es un Congreso histórico”, “los funcionarios de escritorio no conocen la realidad del país”. Eso, de cara a la opinión pública. A la interna, muchos daban como argumentos para votar a favor de proyectos de ley populista que, si votaban en contra, “le iba a costar al partido en las elecciones del siguiente año”. La Constitución y la evidencia subordinadas a las encuestas.
Eran leyes que perjudicaron a la economía y no ayudaban a los que se supone iban a ayudar. Pero, como comentábamos al inicio, el populismo —camuflado en una retórica a favor del pueblo— no solo termina afectando los bolsillos de la gente, el populismo también mata. Y el ejemplo que recordaba a raíz de una reciente investigación periodística es el de la ley de “formalización” de los taxis colectivos.
La iniciativa legal venía del anterior Congreso disuelto y contaba con un amplio apoyo entre los congresistas de ese periodo y del nuevo. Esto, pese a que las asociaciones de transportistas formales, la prensa especializada, los técnicos del Ministerio de Transportes y los especialistas advirtieron que esos taxis colectivos eran un verdadero peligro. No respetaban rutas ni paraderos, los choferes conducían hasta 16 horas al día, los vehículos modelo “minivan” no tenían el peso ni diseño adecuado para el uso que se les daba, no tenían GPS, ni control de seguridad, tampoco cinturón de seguridad de dos puntos, y los asientos no iban anclados a la estructura del vehículo.
Nada de eso parecía importarles a los colegas. Además, resulta pertinente recordar que el apoyo de los gremios informales de transporte es muy solicitado en las campañas electorales en todo el país.
La norma fue aprobada con 115 votos a favor y 10 abstenciones. Solo cuatro congresistas votamos en contra: Daniel Olivares, Gino Costa, Martha Chávez y quien escribe. La norma fue observada por el Ejecutivo pero el Congreso la aprobó luego por insistencia, con 81 votos a favor, 10 obtenciones y siete en contra. A los cuatro que nos opusimos inicialmente se sumaron Diethell Columbus, Rennan Espinoza y José Nuñez.
Tres años después, una completa investigación del periodista Juan Pablo León nos muestra los resultados en una reciente nota de El Comercio, titulada “Muertes en vías de siete regiones se incrementaron tras la formalización del taxi colectivo”. León es muy claro en sus conclusiones: “Las cifras de muertes en las pistas de los últimos tres años muestran un alarmante aumento en las mismas regiones donde operan los colectivos con más fuerza y precisamente desde que se formalizó el servicio en el Congreso”. En Cajamarca las muertes aumentaron en un 64 %, de 97 el 2020 a 159 el 2022; en Cusco 82 %, de 146 a 266; en Junín 158 %, de 146 a 266; en Piura 193 %, de 124 a 363. Similar panorama vemos en Madre de Dios, Puno y Tacna.
¿Alguno de los 110 congresistas de entonces se sentirán responsables de esas muertes? ¿Y alguno de los que impulsan hoy la minería ilegal? ¿Se quedarán desvelados por las noches pensando en lo que ayudan a generar? ¿Pensarán en las viudas, los huérfanos, los deudos, los proyectos de vida truncos a causa de la violencia que favorecen? ¿Sentirán que sus escaños están salpicados de sangre?
Los lectores conocen la respuesta.
El populismo mata, pero los populistas pasan piola. Se reciclan y reinventan, camuflados en el aplauso fácil que lograron conseguir y en nuestra angustiante falta de memoria. ¿Hasta cuándo?
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Como siempre tus palabras son muy claras, es una lástima que congresistas voten a favor de la destrucción de la naturaleza favoreciendo la ilegalidad. La selva Amazónica debería ser protegida por todos los países que la tienen.