¿Por qué el acoso político a Susel Paredes es un ataque a la democracia?
Nubarrones densos se acumulan sobre el Congreso. No anuncian una tormenta cualquiera, sino una que ya hemos visto antes: la que se desata cuando las voces disidentes incomodan, cuando la diversidad reclama su lugar y cuando una persona LGBT+ se atreve a ocupar con firmeza el espacio público. Esta vez, el blanco es Susel Paredes. No por un acto comprobado de corrupción, no por una falta ética real, sino por ser quien es y ejercer su función sin esconderse. Las denuncias que hoy enfrenta no buscan sancionar una conducta, sino castigar una presencia.
La primera acusación, presentada por la cuestionada Patricia Chirinos, parte del hecho de que la esposa de Paredes, Gracia Aljovín, sería accionista de una empresa que habría vendido conservas al programa Wasi Mikuna (antes Qali Warma). Como la congresista presentó un proyecto de ley para ampliar la cobertura del programa, se pretende forzar un conflicto de interés. El problema es que la empresa en cuestión no figura en el Registro Nacional de Proveedores, no ha contratado directamente con ninguna entidad pública, y la supuesta prueba son reportajes ya desmentidos y actualmente judicializados por difamación.
Además, se acusa a Paredes de no haber declarado ese vínculo en su declaración jurada de intereses. Pero ese vínculo —el matrimonio con su esposa— no es reconocido por el Estado peruano. Una sentencia del Tribunal Constitucional negó la inscripción de su acta de matrimonio celebrada en el extranjero. Exigirle declarar una relación que el propio Estado desconoce es una trampa: “No te reconozco, pero te sanciono por no decirlo”. Incluso si hubiera querido hacerlo, el sistema en línea de declaraciones no permite registrar matrimonios entre personas del mismo sexo.
La segunda denuncia, presentada por la pastora evangélica Milagros Jáuregui y otros congresistas, va al meollo de la disputa actual por el espacio público: acusa a Paredes de haber permitido que mujeres trans usen los baños de mujeres durante un evento en el Congreso. Lo presenta como un escándalo, como una amenaza, como un riesgo. Busca así anular el sentido común y la más mínima decencia. Las mujeres trans no son “varones infiltrados”, son ciudadanas. Tienen derecho a ocupar espacios, a ser nombradas, a no ser tratadas como anomalías. Esta acusación busca negar ese derecho y, al hacerlo, reafirma una política de exclusión: quienes no encajan en su idea de “normalidad” deben quedarse fuera.
La respuesta de Paredes fue clara. Explicó su posición, defendió el derecho de las personas trans a vivir sin miedo, y visibilizó la violencia que enfrentan. Lo hizo con ejemplos duros, sí. Y por eso la sacaron de contexto, la caricaturizaron y le adjudicaron intenciones que no tenía. Todo eso para reforzar una narrativa que ya estaba escrita: la de la congresista “ideologizada”, “radical”, “peligrosa”.
Este no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia más amplia, regional, de desgaste, disciplinamiento y silenciamiento. Se castiga a quien actúa como sujeto político desde una identidad LGBT+. Se castiga a quien no se esconde. Se castiga, en última instancia, la posibilidad misma de que existamos como ciudadanas y ciudadanos plenos, con voz, agenda y poder.
Paredes ha hecho su trabajo. Ha legislado, ha fiscalizado, ha defendido causas. Ha representado. No se trata de convertirla en símbolo, pero sí de reconocer que lo que está enfrentando no es solo un ataque personal. Es un intento por marcar límites. Por decirnos hasta dónde podemos llegar, cómo debemos comportarnos, qué debemos ocultar para ser “tolerables”. Y eso no puede pasar desapercibido.
Si dejamos que estas denuncias prosperen, sentaremos un precedente peligroso: que lo LGBT+ es sospechoso, que lo visible es punible, que la política no es lugar para quienes se salen del molde. Por eso, más allá de tecnicismos, lo que toca es hacer frente. Decir con claridad que no vamos a aceptar que se nos borre. Ni de los baños, ni las curules, ni del debate público.
Porque estas no son solo agresiones individuales: son parte de una ofensiva que busca restringir quiénes pueden ejercer ciudadanía plena, quiénes pueden legislar, quiénes pueden existir en lo público sin pedir perdón. Son un ataque directo a la democracia, que no puede sostenerse si excluye a quienes disienten o no encajan. Enfrentar y resistir es, en este contexto, una forma de defensa democrática. Y lo hacemos con la confianza —porque la tenemos— de que siempre, luego de la tormenta, sale un hermoso arcoíris.
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