Un revelador estudio sobre políticas públicas y confianza ciudadana[1]
Gianmarco León-Ciliotta es profesor asociado del Departamento de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra, profesor asociado de la Barcelona School of Economics (BSE) y del IPEG, e investigador asociado de J-PAL, CEPR y BREAD. Trabaja en temas de economía del desarrollo, economía organizacional y economía política. También es coeditor del World Bank Economic Review y editor asociado de The Economic Journal.
¿Qué determina el éxito de una política pública? Esta es una de las grandes preguntas que tenemos que contestar cuando pensamos en el diseño de políticas. Por un lado, la capacidad del Estado para el adecuado diseño es clave. La oferta de bienes y servicios públicos depende de que podamos asegurar que tengamos, por ejemplo, personal capacitado, insumos adecuados y logística de implementación. Este es un tema que se ha estudiado extensamente y es donde primero se dirige la mente de cualquiera con experiencia en el manejo de lo público. Por otro lado, igual o más importante, pero usualmente no mencionado, es que los ciudadanos hagan uso de los servicios provistos por el Estado;es decir, que exista una demanda por estos servicios o bienes públicos. Después de todo, ¿qué utilidad tiene algo que nadie utiliza?
Un claro ejemplo de la relevancia de estas dos caras de la moneda se dio durante la pandemia. El gobierno de EE.UU.fue extremadamente eficiente en asegurar los medios para que las farmacéuticas hicieran la investigación y produjeran vacunas contra el COVID-19, aseguraron cadenas de producción y distribución, y establecieron eficientes mecanismos de acceso para la población. Sin embargo, durante un largo tiempo, EE.UU. estuvo en la cola de los países de la OCDE en cuanto a sus tasas de vacunación, y esto fue debido a la baja demanda por la misma, principalmente por la desconfianza ciudadana en las vacunas y en el Estado.
La relación entre un gobierno y sus ciudadanos se basa en la confianza. Cuando se rompe esa confianza, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de la protesta pública y las consecuencias políticas: puede llegar a afectar profundamente el comportamiento ciudadano e incluso la utilización de servicios esenciales. En un estudio que publiqué recientemente en el American Economic Journal: Economic Policy junto a Dijana Zejcirovic y Fernando Fernández exploramos empíricamente este fenómeno examinando un experimento natural de nuestra historia reciente. El articulo prepublicación está disponible en este enlace.
Entre 1996 y 2000, el gobierno peruano introdujo el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.” Como parte de él, el gobierno realizó un gran esfuerzo para promover la planificación familiar, distribuir información a la población a gran escala, y dar acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Suena fantástico, ¿verdad? Especialmente, porque la población a la que debía llegar esta política era una que difícilmente se había beneficiado de las políticas publicas durante mucho tiempo. El programa tuvo un énfasis particular en la anticoncepción quirúrgica a mujeres. La historia es larga y bien conocida. El hecho es que, en total, más de 260.000 mujeres peruanas fueron esterilizadas durante la aplicación de esta política y numerosos informes alegan que un número significativo de estos procedimientos se realizaron sin el consentimiento de las pacientes.
Como es bien sabido, durante los años 90 el Poder Ejecutivo tenía un cercano control sobre los medios de comunicación masivos y los poderes Legislativo y Judicial. A pesar de que algunas organizaciones denunciaron los potenciales abusos del programa, esta información no fue ampliamente divulgada hasta después de la caída del gobierno, en el año 2000. En nuestro estudio comparamos distintas variables relacionadas con el estado de salud de los niños, la utilización de servicios pre y postnatales y, en general, el uso de servicios de salud entre mujeres que viven en áreas donde se llevó a cabo el programa o no, antes y después de la divulgación de la información acerca de las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la aplicación de esta política.
Haciendo uso de distintas bases de datos a nivel individual entre los años 1991-2017, nuestros resultados muestran que en las áreas con una mayor incidencia de presuntas esterilizaciones ilegales reportadas hubo una reducción significativa y duradera en el uso de métodos anticonceptivos, atención prenatal y servicios de parto y postparto. Además, encontramos que los resultados de salud infantil empeoraron en estos municipios afectados. Estos efectos persistieron durante al menos 17 años después de la divulgación de la información, lo que indica un impacto profundo y duradero.
Curiosamente, la disminución de la demanda de servicios de salud pública no fue uniforme en todas las regiones. Los efectos más pronunciados se dan en los municipios donde había un fuerte apoyo de base al gobierno del presidente Fujimori. Esto sugiere que el principal mecanismo que impulsó estos efectos fue la decepción de los partidarios del gobierno que, al enterarse de los abusos cometidos bajo un régimen en el que probablemente habían confiado, experimentaron una erosión de la confianza en las instituciones estatales. Esta interpretación está basada en un resultado adicional en el que mostramos que después de la divulgación de los presuntos abusos aumentó significativamente en los municipios más afectados la desconfianza en el gobierno, en la administración pública y en el Poder Judicial.
Nuestros hallazgos tienen implicaciones significativas para comprender el delicado equilibrio entre la formulación de políticas, la confianza pública y la utilización de servicios públicos, subrayando que los medios por los cuales un gobierno logra sus objetivos políticos son tan cruciales como los propios objetivos. Cuando los gobiernos recurren a prácticas engañosas o abusivas, incluso en la búsqueda de objetivos aparentemente beneficiosos, corren el riesgo de dañar gravemente la confianza pública y socavar la legitimidad de las instituciones estatales. Esta erosión de la confianza puede tener consecuencias negativas tangibles y duraderas para la salud y el bienestar públicos. El caso de la campaña de esterilización masiva en Perú sirve como un poderoso recordatorio de que la transparencia, la rendición de cuentas y el compromiso con los derechos humanos no son meras consideraciones éticas, sino que son fundamentales para construir y mantener un Estado en el que los ciudadanos confíen y estén dispuestos a comprometerse. Nuestro estudio pone de manifiesto el daño profundo y duradero que puede producirse cuando se traiciona esa confianza, con consecuencias que pueden resonar durante generaciones.
[1] Este artículo fue escrito con la ayuda de Notebook LM. El autor es totalmente responsable por el contenido del artículo.
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