El Gobierno recula e inicia una política cautelosamente esperanzadora con nuestro Archivo General de la Nación
Llevamos meses escribiendo sobre el inminente y a todas luces desastroso traslado temporal de la colección del Archivo General de la Nación a un galpón inadecuado en el Callao. Pues bien, finalmente vemos los primeros indicios de que nuestros esfuerzos han comenzado a obtener sus frutos, si hacemos caso a las declaraciones de la ministra de Cultura Leslie Urteaga el pasado jueves 29 de agosto, en las que asegura que el próximo año 2025 se iniciará la construcción del nuevo local del AGN y, según ella, también se solicitará que el Poder Judicial acepte que el Archivo Republicano y el Archivo Notarial permanezcan en los sótanos del Palacio de Justicia hasta que estén listas las instalaciones definitivas.
Ya la presidenta Dina Boluarte había anunciado en su abultado Mensaje a la Nación del 28 de Julio que, entre las innumerables obras que mencionó, esta sería una de las que recibirían prioridad por parte del Ejecutivo. En ese momento, y dado que se trataba de una propuesta perdida entre un rosario de ellas, no nos pareció más que una ilusión, otra promesa que se podía llevar el viento. Con todo lo que sucede actualmente con el Gobierno y la poca confianza que sus actos generan en la población, resulta difícil creer que las promesas que hacen serán cumplidas. Lo mismo pasó con las que repitió la ministra en televisión el pasado 10 de agosto: costaba tomárselas en serio.
Fue por ello, y porque el 2 de agosto la actual jefatura del AGN pidió una partida extra de 1 810 000 soles al Ministerio de Economía y Finanzas para acondicionar el local temporal en el Callao, que un grupo de ciudadanos liderados por Margarita Guerra Martinière, presidenta de la Academia Nacional de la Historia, el exJefe Institucional Joseph Dager Alva y Magally Alegre Henderson, la Jefa del Archivo Riva Agüero, asesorados por el letrado Hans Cuadros Sánchez y sus alumnos del grupo de estudios de Historia del Derecho de la Universidad Científica del Sur, presentamos el 12 de agosto una demanda de amparo en defensa de nuestros derechos y una medida cautelar para evitar el susodicho traslado. Pueden leer un resumen del contenido en esta nota del diario La República en la que Hans explica los sustentos jurídicos.
Emprendimos entonces una campaña en medios —de la que formó parte mi columna del 18 de agosto— y salimos a calles y plazas a explicar una vez más por qué consideramos que el traslado temporal a un local inapropiado supone un absoluto despropósito. Nuestro reclamo ha sido siempre muy sencillo: pedimos que los documentos se queden donde están hasta la construcción del local definitivo. Hemos recibido un considerable respaldo no solo de numerosos colegas periodistas que amplificaron el mensaje, sino también de la ciudadanía en general, la cual desde el primer momento apoyó la campaña en defensa del patrimonio documental de la nación. Y con razón, porque ese patrimonio nos pertenece a todos y es por ello que todos debemos velar por su conservación.
Entre los sonoros rumores de cambios de ministros —y, especialmente, los que insinuaban que el puesto de la ministra Urteaga estaría en la mira—, recibimos la noticia de que ya se cuenta con el presupuesto para iniciar en 2025 la construcción de las instalaciones prometidas y que se comenzará una nueva negociación con el Poder Judicial para poder mantener el AGN en el sótano de Palacio de Justicia hasta que esté listo el nuevo local. Finalmente, y tras cinco meses proclamando que no había posibilidad de comenzar este diálogo, la ministra se compromete de manera pública a detener el traslado. ¿Será que, ante la abucheada en el Festival de Cine de Lima y el proceso judicial iniciado en defensa del archivo, la ministra ha recapacitado? ¿Considerará que es una manera de salvar su puesto y cambiar su legado?
O el motivo real provenga tal vez de que el segundo informe de la Contraloría es aún más lapidario que el primero, ya que no deja ninguna duda que el local que se ha alquilado para el traslado temporal no cumple con los requisitos básicos para albergar los documentos y que, incluso, pondría en riesgo la salud de los trabajadores del AGN. En el informe elaborado tras la visita de control efectuada entre el 31 de julio y el 7 de agosto, y entregado el 16 de ese mismo agosto, se concluye en la página 7 que el AGN “recibió un bien inmueble arrendado que no cumple con las condiciones establecidas en las bases y contrato lo que genera el riesgo que no se cuente con un local que reúna las condiciones para custodiar los fondos documentales y proteger la integridad física de las personas que accedan a los ambientes destinados para repositorios”.
Entretanto, no hemos oído una sola palabra al respecto por parte del Jefe Institucional Ricardo Moreau, quien hasta hace poco lanzaba videos institucionales promoviendo el local arrendado como si este fuera la mejor cosa que le podía pasar a nuestros documentos. Su última aparición en redes sociales la hizo con gorro de construcción en Tacna, supervisando el avance del nuevo local de ese archivo regional. Hasta ahora no ha comentado absolutamente nada sobre las declaraciones de la presidenta, y mucho menos sobre las más recientes de su jefa directa, la ministra Urteaga. Tampoco se ha manifestado en relación al informe de la Contraloría, ni a la demanda de amparo o a la medida cautelar. Lo único que sabemos de momento es que, como dijo la titular de Cultura, el inventario no está terminado y sin eso resulta imposible pensar en mover nada. El Ministerio de Economía y Finanzas no ha proporcionado los fondos para la implementación del local inapropiado, pero tampoco ha confirmado que aportará el dinero para la construcción en 2025.
Nosotros, los ciudadanos preocupados por nuestros fondos documentales, nos hallamos a día de hoy cautelosamente optimistas, ya que por primera vez la cordura parece haberse impuesto. Ahora nos toca continuar con nuestra campaña hasta ver el local adecuado construido, se tarde el tiempo que se tarde.
En cualquier caso y escenario, no descansaremos hasta comprobar que el patrimonio documental de todos ha sido por fin albergado en un espacio adecuado: el que dicho patrimonio se merece, el que los peruanos merecemos.
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