Aquí, un listado de decisiones políticas para enfrentarlo mejor parados
Guiselle Romero Lora es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente es profesora asociada e investigadora del departamento de Ciencias de la Gestión de la PUCP, directora de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la EGPP – PUCP y coordinadora del grupo de investigación INNGOV. Sus temas de expertise e investigación se relacionan con la reforma y modernización de la gestión pública, resiliencia organizacional, gestión del riesgo, implementación de políticas públicas y gobernanza local.Correspondencia: gmromerol@pucp.edu.pe
El Perú conoce el fenómeno El Niño desde hace siglos; se le atribuye incluso haber contribuido al fin de la cultura Moche. Tenemos normas, un sistema nacional de gestión del riesgo y estudios que diagnosticaron qué falló en Niños pasados, como el del período 2015-2016 y el de 2017. Sin embargo, cada evento nos encuentra respondiendo tarde, desde Lima, y con arreglos institucionales que se cambian tras cada desastre.
Frente al FEN 2027, conviene recordar lo que ya sabemos.
Primero, debemos adaptarnos. En 2015 se anunció un evento extraordinario y terminó llegando sequía al sur; el presupuesto, amarrado a partidas y localidades, no pudo modificarse entonces. En 2017, diez días antes de las peores inundaciones de Piura, todavía se esperaba un Niño Costero moderado. Planificar por escenarios, con fondos, insumos y contratos que puedan reorientarse no es un lujo técnico: es llegar a tiempo.
Segundo, el cambio de autoridades es un riesgo en sí mismo. Las nuevas autoridades asumirán el 1 de enero, en plena temporada de lluvias, y en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica y Lima Provincias los gobernadores regionales recién se elegirán en segunda vuelta a pocas semanas del cierre del año y con poco espacio para conocer lo que ya se ha hecho y lo que está pendiente. En 2019, el cambio de gestión paralizó la reconstrucción y reinició la curva de aprendizaje. La gestión del riesgo debería ser un capítulo obligatorio de la transferencia, y los equipos técnicos tendrían que mantenerse. La Contraloría, como veedora de los procesos de transferencia, debe poner un ojo especial en esto.
Tercero, la alerta debe llegar a la última milla. En 2017 hubo avisos con hasta tres horas de anticipación, pero muchos centros de operaciones locales estaban inactivos o sin sirenas, y parte de la población no creyó en la advertencia o no supo a dónde evacuar. Lo mismo es válido para la evaluación de daños: no podemos esperar a que los evaluadores viajen desde Lima; hay que capacitarlos antes en cada territorio, especialmente en los más alejados.
Cuarto, sin capacidades locales no hay sistema. Según el informe de agosto del Comité Multidisciplinario sobre Gestión del Riesgo de Desastres, la mitad de las municipalidades distritales no cuenta con personal certificado en la materia, y el 81 % de ellas no incorporó la gestión del riesgo en sus instrumentos de planificación. En la reconstrucción de 2017 se transfirieron miles de proyectos a municipios sin evaluar si podían ejecutarlos; Cura Mori, uno de los distritos más golpeados aquella vez, tenía solo tres especialistas. Equipos técnicos asignados a las zonas más expuestas —los gerentes públicos son una opción probada— valen más que una nueva norma.
Quinto, cuando el Estado improvisa, debilita su propio sistema. En 2015 se creó una comisión ad hoc; en 2017 la respuesta se condujo fuera del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el plan de reconstrucción asignó el 74 % del presupuesto al nivel nacional y apenas el 5 % a los gobiernos locales. Priorizar según la exposición y la vulnerabilidad, con los territorios y no por presión política, es la forma de llegar primero a quienes más lo necesitan.
A mediano plazo, la agenda es conocida. Se debe financiar de manera estable la prevención, sin esperar la declaratoria de emergencia. Gestionar cuencas completas y ordenar el territorio, no solo levantar defensas ribereñas. Reconstruir de verdad con cambios y proteger los medios de vida de las personas, especialmente de las más vulnerables, y no solo a la infraestructura.
Los Niños pasados ya nos dieron la lección. Lo que falta no es diagnóstico, sino memoria institucional y la decisión de aplicarla antes de que el agua vuelva a subir.
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