¿Podrá el sistema judicial salvar la democracia en Estados Unidos?
En su segundo mandato, Donald Trump está logrando concentrar un poder político sin precedentes en Estados Unidos. Lo que antes parecía un caso hipotético, improbable, hoy es una realidad: la democracia estadounidense está severamente amenazada.
A nivel narrativo, el estilo autoritario de Donald Trump se construye sobre una retórica confrontacional, personalista y despectiva que desafía abiertamente las formas democráticas. No solo ha atacado de manera grosera y constante a los líderes de la oposición y a la prensa —a la que califica como “enemiga del pueblo”—, sino que ha insinuado la posibilidad de postularse para un tercer mandato, a pesar de que la Constitución estadounidense lo prohíbe. Su negativa a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, alimentando teorías conspirativas y alentando intentos de revertir el veredicto de las urnas, marcó un quiebre fundamental con el principio de transferencia pacífica del poder. Esta narrativa alimenta un culto a la personalidad que busca presentarlo como el único capaz de “salvar” al país, deslegitimando a sus adversarios y sembrando desconfianza en las instituciones.
La amenaza de Trump no se queda solo en lo verbal. En estas pocas semanas de gobierno ha emprendido acciones muy concretas para debilitar las instituciones y concentrar aún más poder.
Trump ha instalado en las secretarías (ministerios) y en los cuerpos de seguridad a funcionarios incompetentes, pero con una dependencia y fidelidad al mandatario. Además, con el activo esfuerzo de Elon Musk, impulsa una agresiva campaña para despedir a miles de servidores públicos de carrera bajo la excusa oficial de reducir costos. Sin embargo, el verdadero objetivo es claro: despejar el camino para que Trump y sus seguidores asuman un mayor control sobre la burocracia federal, facilitando así la implementación de políticas autoritarias sin resistencia interna significativa.
El control político natural de estos actos debería venir del Congreso. Sin embargo —sobre la base de acoso, amenazas públicas y bullying— Trump ha tomado el control absoluto del Partido Republicano, asegurándose que senadores y representantes de dicho partido sean incapaces de cuestionarlo, mucho menos de oponérsele. Al tener mayoría en ambas cámaras, las labores de contrapeso del Legislativo han sido practicamente anuladas.
Pero la estrategia autoritaria de Trump va más allá del control político tradicional: ha emprendido una campaña agresiva contra medios de comunicación críticos, universidades que cuestionan sus políticas, e incluso contra estudios de abogados que se atreven a representar causas adversas a él en litigios. Cada institución que percibe como obstáculo recibe ataques destinados a deslegitimarla y silenciarla.
El multilateralismo, pilar de la política exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, también se ha convertido en blanco preferido de Trump durante este nuevo período presidencial. Trump busca debilitar alianzas internacionales y organismos globales porque rechaza cualquier estructura que pueda limitar su autonomía para tomar decisiones unilaterales y abruptas como jefe de Estado.
Ante este avance arrollador, una línea clave de defensa aún permanece intacta, aunque constantemente asediada: el sistema judicial estadounidense.
Los jueces tienen en sus manos una responsabilidad histórica de control del poder presidencial. No solo son guardianes de la Constitución y de las libertades civiles, sino también una barrera crítica contra los excesos autoritarios del Ejecutivo. Frente a las maniobras de Trump para eludir controles legislativos o desacatar las normas democráticas, son precisamente los tribunales quienes pueden poner límites firmes a estas acciones.
Afortundamente, los jueces parecen estar entendiendo este rol histórico que les toca cumplir. En lo que va de 2025, varios jueces federales han bloqueado medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump que generaron preocupación por su legalidad o por posibles vulneraciones de derechos. Entre los casos más destacados está la suspensión de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a inmigrantes venezolanos, que fue frenada por un juez al considerar que requería mayor revisión. Asimismo, los tribunales detuvieron la iniciativa de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, al advertir que violaba el texto literal de la Constitución. Otro ejemplo significativo fue la decisión judicial de impedir la implementación de una política que prohibía a personas transgénero servir en el ejército, al considerarla discriminatoria y sin fundamentos sólidos.
Por eso mismo, Trump y su equipo han dedicado declaraciones y mensajes en redes sociales a atacar y desacreditar a los magistrados que le plantan cara. Han cuestionado públicamente la legitimidad e imparcialidad de jueces que han fallado en su contra, acusándolos falsamente de parcialidad política y deslealtad patriótica. Han cuestionado, incluso, la obligación del gobierno de acatar sus decisiones. Tales ataques pretenden erosionar la confianza pública en la justicia, allanando así el camino hacia decisiones autoritarias sin oposición efectiva.
Los jueces federales están haciendo su trabajo, ahora la atención está en la instancia superior y definitiva del sistema de justicia: la Corte Suprema. A pesar de que dicha Corte tiene actualmente una mayoría conservadora, con tres jueces nombrados por Trump, hay señales que permiten albergar algo de esperanza.
Decisiones recientes muestran que incluso este tribunal altamente ideologizado puede actuar como contrapeso del poder presidencial, como la sentencia reciente en la cual la Corte sorprendió al fallar contra el gobierno de Trump en un caso relacionado con fondos de ayuda exterior, señalando que no podía recortarlos arbitrariamente sin autorización del Congreso. Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, ha emitido inusuales declaraciones públicas en defensa de la independencia judicial, subrayando que los jueces deben mantenerse ajenos a presiones políticas y recordando que su lealtad es con la Constitución, no con ningún gobierno de turno, en clara respuesta a lo dicho por Trump.
En medio de la tormenta autoritaria, el sistema judicial sigue siendo el bastión más sólido de la democracia estadounidense. El destino de Estados Unidos dependerá en gran medida del temple y la determinación de estos magistrados para resistir las presiones políticas y sostener los principios constitucionales básicos de cualquier democracia.
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