La ciencia puede hacer posible una nueva justicia climática
Hace unos seis años, un pequeño grupo de estudiantes en un pequeño país insular del Pacífico inició una gran campaña que terminó ante el mayor tribunal del planeta: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas. Y su campaña tuvo éxito.
Los protagonistas fueron 27 jóvenes del colectivo Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC). Desde un aula modesta de su facultad de Derecho, los jóvenes impulsaron la campaña #ClimateJusticeAtTheICJ con una meta tan ambiciosa como urgente: evitar que su país desaparezca a causa del colapso climático. Así, empujaron a su gobierno a liderar una campaña diplomática ante la Asamblea de Naciones Unidas para solicitar una opinión a la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los estados frente al cambio del clima.
El pequeño país es Vanuatu, un archipiélago de 83 islas volcánicas ubicado al noreste de Australia, en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones más sísmicas del planeta. Se encuentra a unos 12 mil kilómetros de las costas peruanas, tiene una superficie comparable a la región Arequipa y una población similar a la de la ciudad de Tacna. Su vulnerabilidad al cambio climático es extrema: sufre el aumento del nivel del mar, ciclones más intensos y una acelerada erosión costera. En algunas islas ya se han producido desplazamientos forzados de comunidades locales y el país puede perder partes significativas de su territorio si las tendencias climáticas siguen.
El 23 de julio de 2025, con el respaldo de 130 países y después de casi 6 años de evaluación y deliberación, la CIJ declaró por unanimidad que vivir en un clima estable es un derecho humano fundamental. Estableció que los estados tienen la obligación legal de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en sus territorios como a través de sus empresas, y que deben ayudar a los países más vulnerables a adaptarse a los impactos ya inevitables del cambio climático. La inacción, dictaminó la Corte, puede constituir una violación del derecho internacional, especialmente cuando proviene de aquellos países con mayores emisiones históricas. En palabras de PISFCC: “La Corte fue clara: no eliminar progresivamente la producción, el consumo y los subsidios a los combustibles fósiles es indefendible».
¿Y qué rol tiene la ciencia en todo ello? Durante décadas, la ciencia climática no podía atribuir un evento extremo específico —como una sequía amazónica o una inundación en Texas— al cambio climático de forma concluyente. Pero la ciencia avanza y, con ella, la posibilidad de establecer el vínculo causal entre emisiones y daño: surgió la ciencia de la atribución, una disciplina que entrelaza datos históricos, simulaciones computacionales y estadística avanzada para responder una pregunta crucial: ¿cuánto más probable o severo fue un evento climático debido a las emisiones humanas?
Fue un físico británico, Myles Allen, quien fundó esa disciplina y abrió así un nuevo sendero para la justicia climática. Desde su laboratorio en la Universidad de Oxford, y con el eco de unas inusuales inundaciones en su país, se hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de la ciencia del clima: ¿algún día será posible demandar a alguien por haber dañado el clima? Para responderla, desarrolló un nuevo método: simulaciones que comparan un mundo con emisiones humanas y otro sin ellas. Así nació la ciencia de la atribución, capaz de calcular en qué medida un evento extremo como una ola de calor, una sequía o una inundación se hizo más probable o más intenso por efecto del calentamiento global. Gracias a ese avance, hoy la justicia climática ya no depende solo de la ética, sino también de la evidencia. Y los responsables del daño climático ya no pueden esconderse tras la incertidumbre.
Organizaciones como World Weather Attribution (WWA) aplican esta ciencia en tiempo casi real. Tras un desastre, comparan el mundo actual, con su atmósfera alterada por más de un siglo de emisiones, con uno contrafactual, libre de intervención humana. Así pueden afirmar, por ejemplo, que una ola de calor en Europa fue diez veces más probable por el cambio climático, o que ciertas lluvias en Brasil o Texas habrían sido casi imposibles sin él. Estos estudios, rigurosos y cada vez más rápidos, están transformando la manera en que entendemos la responsabilidad climática.
A la luz de esta evidencia, la Corte reconoció que ya es científicamente viable establecer una relación causal entre las emisiones de un estado o corporación y los impactos sufridos en otras regiones. Así, se fortalece la base legal para juicios por daños climáticos y se refuerza la idea de que la justicia climática no es una aspiración imposible de alcanzar: es un derecho exigible, sobre todo para quienes menos han contribuido al problema. Como los jóvenes de PISFCC y su pequeño país, Vanuatu.
El fallo de la CIJ llega en un momento decisivo, poco después del mensaje de los obispos de África, Asia y Latinoamérica sobre el mismo tema, donde, por primera vez, piden a los países ricos que paguen su deuda ecológica con los países pobres.
Según el Grantham Research Institute on Climate Change, de la London School of Economics, hasta junio de 2025 se habían registrado 2.967 litigios climáticos en casi 60 países. Con la opinión de la CIJ, ese número no solo crecerá, sino tendrá más legitimidad.
Lo que comenzó como la campaña improbable de un grupo de estudiantes se ha convertido en una herramienta jurídica global y Vanuatu, desde un rincón remoto del océano Pacífico, parece estar trazando un nuevo mapa para la justicia climática. Para defender su derecho a no hundirse.
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