Una investigación expone la difícil situación del activismo LGBT+ en China
La organización Outright International ha presentado hace poco un informe sobre la complicada situación del activismo LGBT+ en China. En este documento se expone cómo el gobierno chino ha restringido sistemáticamente la libertad de acción de las organizaciones de la sociedad civil y lo peligroso que resulta hoy la lucha por los derechos de la diversidad sexual.
Comparto con ustedes algunos de los hallazgos de la investigación ya que lo considero particularmente relevante en nuestra coyuntura. Esto no solo por la creciente influencia de China en el Perú, sino también porque ilustra cómo un marco legal represivo hacia la sociedad civil organizada —como el que impulsa el actual Congreso peruano— puede ser utilizado por un régimen autoritario. La experiencia china nos ofrece una advertencia sobre los riesgos que enfrentan quienes promueven derechos y libertades fundamentales.
Outright señala en su informe que, aunque la homosexualidad fue despenalizada en 1997, el Estado chino utiliza otras leyes para restringir a las organizaciones LGBT+, argumentando que sus acciones “disrumpen el orden social”. La aplicación ambigua y selectiva de las leyes permite al gobierno convocar a activistas para interrogatorios policiales sin aclarar los cargos específicos, acusándolos de delitos como «reunión ilegal» o «interrupción del orden público». En algunos casos se les exige que se presenten regularmente en estaciones de policía para «investigaciones» sin explicarles de qué se les acusa. Activistas entrevistados mencionan que, a menudo, las autoridades ni siquiera citan una ley en particular, limitándose a afirmar que sus actividades son ilegales
Esta aplicación arbitraria de las leyes significa también que la mayoría de las organizaciones LGBT+ operan en la ilegalidad, sin acceso a una reconocimiento formal que les permita llevar a cabo su trabajo sin represalias. Un activista explicó: «Para registrar una ONG en China, se necesita solicitar que un departamento gubernamental supervise la organización, de forma similar a cómo se necesita un asesor para presentar una tesis en la universidad. Sin embargo, nadie quiere ser el departamento supervisor de organizaciones LGBTQ. Las organizaciones de medio ambiente, desarrollo rural y educación al menos pueden encontrar departamentos gubernamentales relevantes, pero en China no existe ningún departamento [dispuesto a asumir la responsabilidad] de los temas LGBTQ”.
Dicha falta de registro facilita que las autoridades puedan clausurar estos grupos sin necesidad de dar explicaciones formales. Una activista lesbiana contó que la policía amenazó con bloquear su registro si su organización continuaba realizando eventos públicos relacionados con temas LGBT+. La sensación de peligro e incertidumbre ante un posible cierre es constante.
Una norma clave para la persecusión de grupos LGBT+ ha sido la Ley de Gestión de ONG Extranjeras de 2017 y la revisión de la Ley de Contraespionaje en 2024. La Ley de Gestión de ONG Extranjeras exige que todas las organizaciones internacionales que trabajen en China obtengan la autorización previa del gobierno y se asocien con una institución local supervisora. Esta es una condición en extremo difícil para las organizaciones LGBT+, dado que muchos organismos locales temen la controversia de asociarse con temas de diversidad sexual, lo que, a su vez, elimina la posibilidad de cooperación internacional para estas organizaciones que dependen de ella para financiamiento y apoyo.
Por otro lado, la Ley de Contraespionaje, revisada en 2024, prohíbe cualquier tipo de colaboración con actores internacionales sin la aprobación del gobierno, y permite intervenir en las actividades de las ONG si se considera que afectan la «seguridad nacional». Este término es ambiguo y flexible, lo cual da al gobierno un amplio margen para reprimir a las organizaciones LGBT+ bajo acusaciones de «amenaza a la estabilidad» o «subversión», incluso cuando solo buscan promover la igualdad y los derechos humanos.
Además de este marco legal restrictivo, el gobierno chino mantiene un vasto sistema de vigilancia para monitorizar a los activistas. Con ayuda de tecnología avanzada, el Estado rastrea tanto la actividad en redes sociales como las comunicaciones personales y ubicaciones físicas de los militantes LGBT+. Esta red de control se ha convertido en una herramienta fundamental para impedir que las personas defensoras de derechos LGBT+ se organicen y movilicen de manera efectiva. Una de las entrevistadas relató una experiencia angustiante: Después de aplicar para un permiso de viaje a Hong Kong, la policía local la llamó para decirle que “sabían todo lo que estaba haciendo” y que estaba en su lista. Fue un mensaje claro de que la vigilaban constantemente, incluso cuando no hacía nada fuera de lo permitido.
Los colectivos LGBT+ también denuncian que la vigilancia no se limita a ellos. Las autoridades ejercen presión sobre sus redes personales, informando a los familiares sobre su orientación sexual o insinuando que sus actividades podrían ponerlos en peligro. Este tipo de presión social busca desincentivar el activismo, creando conflictos familiares y aislamiento social.
Ante las crecientes restricciones, muchas organizaciones han tenido que replantearse sus métodos de trabajo. En lugar de adoptar un enfoque directo de derechos, han comenzado a enfocar sus actividades en torno a servicios comunitarios menos confrontativos, como el apoyo psicológico y la educación en temas de salud sexual. Colaborar con empresas multinacionales en iniciativas de diversidad e inclusión también ha surgido como una estrategia eficaz para algunos grupos.
Algunas organizaciones han adoptado narrativas compatibles con los valores tradicionales que promueve el Estado. Por ejemplo, en 2021 una organización dedicada a fomentar la inclusión LGBT+ dentro de las familias cambió su discurso hacia “promover la armonía social” en un esfuerzo por evitar la censura estatal. Sin embargo, la represión cada vez mayor ha llevado a muchos a tomar medidas extremas para protegerse. La mayoría de las comunicaciones se realizan en plataformas encriptadas, y los activistas son cuidadosos al compartir información incluso entre ellos para evitar exponer a otros a posibles riesgos.
Los regímenes autoritarios, como el chino, se caracterizan por este tipo de prácticas. Sin embargo, no son patrimonio exclusivo de ellos. Países como el nuestro, con institucionalidad frágil y una democracia debilitada, deberían recibir esta información como una advertencia de lo que podría suceder en un futuro no muy lejano.
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