Las protestas universitarias en Perú revelan el sesgo fundamental de nuestra educación
En el Perú, protestar por el derecho a estudiar parece haberse vuelto un privilegio sospechoso. Si los estudiantes de una universidad privada reclaman por pensiones inaccesibles, se les dice que nadie los obliga a estar ahí. Si los estudiantes de una universidad pública cuestionan abusos de poder, se les acusa de desestabilizadores. Hace unos meses señalé que los pobres necesitan ser extraordinarios para aspirar apenas a una vida digna. Hoy, pareciera que incluso estudiar empieza a verse como un exceso para quienes menos tienen.
Por un lado, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha decidido redefinir sus tarifas de pago, organizadas según escalas socioeconómicas. El plan anunciado para el próximo año contempla eliminar varias de las escalas más bajas y reemplazarlas por un sistema de becas para quienes logren calificar. La noticia cayó como un balde de agua fría y derivó en la toma del edificio del rectorado.
Lo llamativo no ha sido solo la medida, sino también la reacción de ciertos sectores. Para muchas personas y medios, el hecho de que se trate de una universidad privada parecería bastar para invalidar cualquier cuestionamiento estudiantil. “Si tanto se quejan, que se vayan a una universidad pública”, escuché en un programa de televisión. Sin embargo, dentro de la misma universidad han surgido voces que llaman al diálogo y a evitar represalias y la estigmatización de la protesta. Entre ellas están profesores e incluso el gran canciller de la universidad, el cardenal Carlos Castillo. La PUCP es una institución privada sin fines de lucro y, como señaló el propio cardenal, tiene una misión que debe estar alineada con ciertos valores y compromisos sociales.
Recuerdo que hace más de una década, desde la administración universitaria se impulsó la meta de que la PUCP llegue al ranking 500 en las universidades del mundo. Lo consiguieron y es un gran logro para la investigación e innovación en nuestro país. Ese objetivo también implicó costos económicos y prioridades institucionales que hoy merecen ser revisadas a partir de una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando la búsqueda de prestigio termina alejando a quienes más necesitan de la universidad?
Por otro lado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, símbolo de la educación pública universitaria en el país, atraviesa un proceso electoral marcado por denuncias e irregularidades en el que incluso ha tenido un rol el Congreso de la República. El trasfondo es el intento de modificar normas para facilitar la reelección de su actual rectora, Jerí Ramón. Según la normativa actual, no es posible la reelección de rectores en universidades públicas.
La de Ramón es la misma gestión que a inicios de 2023, durante el estallido social en el país, permitió el ingreso de la policía al campus universitario, quebrando uno de los principios más sensibles en estas instituciones: la autonomía universitaria. Quedan todavía en la memoria las imágenes de agentes rompiendo las puertas de la universidad y deteniendo estudiantes acusados de portar armas. Meses después, el Ministerio Público absolvió a los detenidos de toda acusación. Para entonces, el daño ya estaba hecho.
La gestión de Jerí Ramón ha mantenido además una relación cercana con el bloque político que sostuvo al gobierno de Dina Boluarte y con figuras como Fernando Rospigliosi, integrante del partido de Keiko Fujimori. Hoy, mientras San Marcos vuelve a vivir jornadas de toma y protesta estudiantil, la rectora amenaza con denunciar penalmente a quienes ocupan el campus. Resulta difícil no advertir la contradicción entre quien busca flexibilizar normas para mantenerse en el cargo y, al mismo tiempo, exige mano dura frente a estudiantes que cuestionan ese intento.
El enquistamiento en el poder siempre abre espacio a prácticas clientelares, favores políticos y formas de corrupción más o menos visibles. Los estudiantes de San Marcos han salido a protestar precisamente contra eso. Y, sin embargo, desde ciertos sectores de la opinión pública se les desacredita con la misma facilidad con que se descalificó a los estudiantes de la PUCP. En el Perú actual, reclamar una educación accesible y digna basta para convertirse en sospechoso. O, como suele decirse crudamente, para ser “terruqueado”.
Y el problema no se limita a Lima. En la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Cusco, los estudiantes también han tomado el campus universitario para exigir algo mucho más básico: infraestructura mínima y transparencia. Denuncian obras paralizadas, falta de laboratorios y ausencia de respuestas claras por parte de las autoridades. Así, vemos que en algunos espacios el debate gira en torno al costo de estudiar, y en otros todavía se pelea por condiciones elementales para poder hacerlo.
Todo esto sucede mientras programas como Beca 18 o la Beca Bicentenario enfrentan limitaciones presupuestales que reducen las oportunidades para miles de jóvenes. Y ni que decir de la situación de los colegios públicos. La sensación que queda es cada vez más clara: la educación de calidad se asume como un privilegio reservado para quienes ya cuentan con recursos económicos suficientes.
Mientras tanto, buena parte de la clase política continúa aumentando salarios, contratando más asesores y acumulando beneficios en medio de licitaciones poco transparentes. Pero cuando se habla de crisis educativa, el problema pareciera recaer siempre sobre quienes se atreven a exigir acceso, permanencia y dignidad.
En el Perú de hoy, el mensaje que muchos reciben es dolorosamente simple: los pobres no merecen estudiar. No permitamos que esa idea se normalice. Porque, parafraseando al gran intelectual Manuel González Prada, los (viejos) políticos eventualmente se irán a la tumba y los jóvenes a la obra. Y estos jóvenes necesitarán las mejores herramientas posibles para levantar a nuestro país.
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