Una continuidad excepcional que aún no incorpora el consentimiento de los pueblos originarios
El pasado sábado 16 de mayo, el SEPIA —Seminario Permanente de Investigación Agraria— convocó a un grupo variado de expertos para discutir sobre la Amazonía desde la perspectiva de los pueblos originarios. Varios líderes indígenas participaron de la reunión, junto con estudiosos y activistas, para dialogar sobre la gobernanza de los territorios, uno de los asuntos importantes que siguen sin ser resueltos por nuestra nación.
Un gran ejemplo de tema irresoluto es el de las áreas naturales protegidas por el Estado. Desde el punto de vista del crecimiento económico, tenemos que demostrar el valor y equivalente monetario de estas zonas para tomar la decisión de separar áreas del territorio nacional y evitar el cambio de uso. Desde el punto de vista de la protección de ecosistemas únicos, no debemos demostrar ningún valor monetario para regalarle —o preservarle— territorios a la humanidad. Desde el punto de vista de los pueblos originarios, es casi un disparate que alguien venga a consultarme si pueden restringirme el disfrute de territorios que vengo utilizando desde tiempos inmemoriales.
Al mismo tiempo, lo impresionante es que hay pocas políticas públicas en el Perú de las que se pueda decir, sin exagerar, que hayan sobrevivido a todos los gobiernos. Desde 1961 hasta hoy, cada administración —de derecha o izquierda, militar o democrática— creó nuevas áreas protegidas y ninguna eliminó o desafectó una sola. En un país que suele fragmentarse en casi todo, no es un detalle menor: es una anomalía valiosa, tal como destacó Pedro Solano durante la discusión, a partir de su publicación La esperanza es verde.
Los números respaldan esa continuidad. El Perú cuenta hoy con 260 áreas naturales protegidas (ANP) entre las de administración nacional, regional y privada, que en conjunto superan los 30 millones de hectáreas en ámbito terrestre y marino. Eso equivale al 18.34 % del territorio nacional y al 7.89 % del ámbito marino. Más de 800.000 personas dependen directamente de estas áreas para vivir, producir y alimentarse.
El recorrido histórico es revelador. Fue el gobierno de Velasco, en la década de 1970, el que dio el salto más audaz en términos de superficie: casi cuatro millones de hectáreas incorporadas en un solo período. El segundo ocurrió en el decenio de Fujimori, que pese a su reputación de privilegiar el crecimiento económico, amplió el sistema en más de 10 millones de hectáreas, incluyendo zonas reservadas. El gobierno de Toledo sumó 11 nuevas ANP y Toledo inauguró también las Áreas de Conservación Privada como categoría. El segundo gobierno de Alan García, con cinco medallas de oro según el propio balance, fue el gobierno que más áreas creó en términos de cantidad combinada de ANP, ACR y ACP. Incluso el período 2021–2025, políticamente convulso, cerró con la creación de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, cuatro nuevas ACR, seis ACP y la aprobación de la Ley de Guardaparques.
Lo que sostiene esta continuidad no es el entusiasmo político coyuntural, sino algo más parecido a un piso institucional que ningún gobierno ha querido —o podido— perforar. Pedro Solano, autor de esta presentación, lo define con precisión: el establecimiento y gestión de ANP es una política de Estado sólida, consistente y efectiva. No es una promesa de campaña ni un capricho presidencial, sino una arquitectura que se ha ido construyendo ladrillo a ladrillo desde hace más de seis décadas.
Esta visión optimista contrasta con la reflexión de la especialista Frederica Barclay, quien pone por delante que la creación de áreas naturales protegidas en territorios de pueblos originarios debería contar no solo con la consulta, sino con la aprobación de estos. El Acuerdo de Durban, que se deriva del V Congreso Mundial de Parques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 2003, al reconocer los derechos de los pueblos originarios, estableció que es preciso que los pueblos originarios den su consentimiento de manera explícita.
Este es un tema abierto que tendría que ser incluido en la agenda del próximo gobierno.
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