Un debate necesario desde otros ángulos sobre el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú
Han pasado más de dos décadas desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregara su Informe Final en el Perú. Su trabajo, que incluyó recoger más de 17.000 testimonios para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el violento conflicto interno entre las décadas de 1980 y 1990, se muestra en nueve tomos y en un resumen de 500 páginas. Parte de sus logros fue la política de reparaciones a las víctimas, diseñada en el marco del derecho internacional humanitario. Lamentablemente, sus mensajes no han percolado en la sociedad peruana y son varios los embates que recibe cada vez con más frecuencia.
En este contexto, ¿a quién le podría interesar levantar el tema del informe de la CVR? Pues a un peruano economista e investigador como Daniel Cotlear, que ha publicado recientemente el documento de trabajo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), titulado La Distopía Andina. El papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en la construcción de un relato sobre el Perú de 1980 al 2000. Este fue discutido internamente en el IEP con los comentarios de Sofía Macher, comisionada, y los míos.
El documento es sumamente provocador porque el autor critica tanto desde el punto de vista de la estructura interna del informe como desde explicaciones alternativas a la historia de violencia que vivimos, particularmente desde el punto de vista económico.
Una crítica al informe de la CVR corresponde a los periodos elegidos por la Comisión para agrupar los hechos de violencia. Para un economista como Daniel, una periodización razonable hubiera sido por periodo presidencial. Tal enfoque, según el autor, hubiera permitido destacar el papel de los presidentes Belaúnde y García y su responsabilidad en el número total de muertos en cada periodo. En el Informe, por el contrario, el énfasis se coloca sobre la responsabilidad que asumió Fujimori como dictador, al controlar todos los poderes públicos, a pesar de que durante su periodo no ocurrió el número mayor de muertes.
Pero la discusión que más llamó mi atención en el documento concierne a la economía de guerra. Este tema está mejor desarrollado en el artículo “Relatos paralelos. Crisis económica y violencia política en los 80s”. Cotlear parte del supuesto de que el Perú se encontraba en una guerra interna en la década de los ochenta y que, en tal situación, es razonable que un gobierno se despreocupe de los problemas económicos cotidianos, para hacer frente al esfuerzo de combate. Así, el descalabro económico del primer gobierno de García podría explicarse por esta guerra interna. El déficit fiscal, la hiperinflación, el intento de estatizar el sistema bancario se justifican porque se debía aplicar las medidas de una economía de guerra. Cotlear, además, compara las cifras económicas del segundo gobierno de García con aquellas que vivimos para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Junto con este punto, Daniel avanza una hipótesis todavía más provocadora, desde mi punto de vista. Al inicio de la discusión, él presenta los datos de presión tributaria que dejó el gobierno de Belaúnde y al que todavía no hemos regresado. En otras palabras, el tamaño del Estado era más grande en aquella época que ahora, cuatro décadas después. Esto es un dato que va a contracorriente de las tendencias que se han observado en la historia económica mundial, que muestran un crecimiento del tamaño del Estado en la economía.
¿Cuál es la hipótesis de Daniel? Que el modelo económico implementado en el gobierno de Fujimori, que refundó la economía nacional, está diseñado para tener un estado pequeño —no solo débil, sino principalmente pequeño—. Lo provocador aquí es que el desarrollo de una economía de mercado vigorosa pasa por un fortalecimiento del Estado, precisamente para hacer cumplir derechos de propiedad y seguridad.
Este jugo no es más que un abrebocas para un debate que sigue siendo necesario en nuestra patria.
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