Después de superar al fantasma que cada cinco años recorre el Perú, queda el país real
Si los resultados electorales terminan confirmando la ventaja de Keiko Fujimori, habrá quienes celebren con alivio. Dirán que el Perú se salvó y que se le cerró la puerta al “comunismo”. Tal vez repitan, con menor o mayor entusiasmo, los viejos lemas que organizaron durante buena parte de la campaña: que el país estaba a punto de caer en manos del terrorismo, que el candidato Roberto Sánchez encarnaba una amenaza existencial, que votar por él equivalía a poner en riesgo a la patria.
A todos ellos: ok, ya lo lograron, ¿y ahora qué?
La pregunta importa también porque esta segunda vuelta no fue la consagración popular de ninguno de los dos proyectos. En la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo 17,19 % de los votos válidos y Roberto Sánchez, 12,03 %. Más de siete de cada diez electores votaron inicialmente por alguien más. Ambos llegaron a la segunda vuelta porque las reglas así lo establecen, pero sería un error leer el resultado como un cheque en blanco o como una adhesión entusiasta a cualquiera de las dos candidaturas.
La polarización que nace cuando solo hay que elegir entre dos opciones tiene una capacidad extraordinaria para borrar esa evidencia. Nos obliga a actuar como si el país hubiera elegido entre dos destinos inevitables y como si, una vez derrotado el adversario, ya no quedara nada que vigilar. Para todos, pero especialmente quienes votaron por Fujimori, y quienes optaron por el voto nulo o viciado, el resultado no debería significar una licencia para desentenderse. Si el único horizonte era conjurar el miedo, si todo terminaba con impedir que ganara Sánchez, entonces se confirmaría una frivolidad política peligrosa: que nunca importó un proyecto de país, sino solamente la ansiedad de evitar un fantasma.
Porque el “comunismo” del que se habló durante estas elecciones funcionó más como un recipiente donde cabían todos los miedos: inseguridad, pobreza, resentimiento, incertidumbre económica, el recuerdo de la violencia política. La eficacia del miedo no depende de la precisión de sus argumentos. Depende de que logre instalar una sensación: la de que cualquier cosa puede ocurrir si gana el otro.
A ese fantasma se le añadió otro más antiguo y doloroso: el terrorismo. La campaña insinuó una y otra vez que el país podía volver a una época que dejó heridas profundas y que, por eso mismo, merece ser tratada con la mayor responsabilidad. Pero la contradicción resulta difícil de ignorar. Si Alberto Fujimori, según el relato que el fujimorismo ha repetido durante décadas, acabó con este, ¿por qué ese mismo terrorismo sigue siendo presentado como una amenaza electoral disponible, casi lista para regresar cada vez que aparece un rival de izquierda?
La respuesta probablemente no está en la coherencia. Está en el miedo. El terrorismo funciona como una palabra que suspende preguntas, convierte a cualquier adversario en sospechoso y permite reemplazar la discusión sobre programas, derechos, corrupción, desigualdad o instituciones por una sola exigencia: salvarse. Cuando el miedo organiza el debate, las contradicciones pasan a segundo plano. Esa lógica convierte a quien piensa distinto en un enemigo irreconciliable.
En 2021, poco después de la victoria de Pedro Castillo, surgieron protestas de gente que se negaba a reconocer aquel ajustado triunfo. Recuerdo a compatriotas que salían a las calles con camisetas de la selección peruana, banderas rojiblancas y consignas sobre la defensa de la democracia. Varios decían que no defendían a Keiko Fujimori, sino a la democracia misma.
Esa memoria vuelve ahora porque, cuando se necesitó defensa democrática en circunstancias mucho menos abstractas, esas voces desaparecieron. Tras las más de cincuenta muertes registradas en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, no hubo una movilización comparable de quienes habían hecho de la defensa democrática una identidad pública. No se vio la misma indignación, la misma urgencia ni la misma capacidad de convocar a la nación. Hubo silencios, relativizaciones, explicaciones que convertían a las víctimas en sospechosas y hasta en “merecedoras” de morir, simplemente por ser de regiones rurales o andinas.
Una democracia no puede reducirse al derecho de votar cuando el resultado tranquiliza a unos y aterra a otros. Tampoco puede convertirse en una camiseta que se usa para enfrentar a un candidato y que se guarda cuando el Estado mata, cuando se criminaliza la protesta o cuando las instituciones se degradan. La escena actual añade otra capa de ironía. Roberto Sánchez ha optado por cuestionar el resultado, denunciar irregularidades y pedir la anulación de votos del extranjero que no le favorecen. Con el escrutinio prácticamente concluido, Keiko Fujimori mantiene una ventaja mínima. La prensa tiene razón al examinar con severidad sus declaraciones y al recordar que desconocer un resultado sin pruebas suficientes es una práctica peligrosa.
Pero esa severidad debería quedar anotada y conservarse como una promesa para los próximos años. Keiko Fujimori inauguró esta estrategia en 2021: denunció fraude sin evidencias que lo sostuvieran, intentó impugnar miles de actas y contribuyó a instalar una desconfianza corrosiva contra las autoridades electorales. Si hoy algunos medios encuentran las palabras adecuadas para describir las actitudes de Sánchez, ojalá no las extravíen cuando tengan que describir las del fujimorismo desde el poder. No se trata de equiparar mecánicamente trayectorias ni de absolver a Sánchez de responsabilidad. Se trata de exigirle una vara consistente frente al fujimorismo y su legado autoritario y de impunidad que conocemos.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya llamó la atención al observar que los canales privados de televisión monitoreados dieron a Keiko Fujimori una cobertura más amplia, predominantemente neutral y con mayor acceso directo. Mientras tanto, Sánchez recibió con mayor frecuencia una cobertura negativa y un acceso más limitado. Sería grave que esa desigualdad de campaña se convierta, desde ahora, en indulgencia frente a los eventuales excesos del poder.
Hay, además, una interpelación particular para quienes votaron por Keiko Fujimori con reservas: que esas reservas no se conviertan en amnesia apenas termine el conteo. Familiares y deudos de las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y otros casos del primer fujimorismo todavía reclaman verdad y justicia. Keiko Fujimori ha dicho que quiere gobernar como su padre, y esto nos lleva a preguntarnos qué lugar tendrán la memoria y la justicia de esas víctimas en el país que propone. Para mitigar esas voces, quizá se busque usar, de forma muy orwelliana, el discurso del “amor” y la reconciliación como una maquinaria de control y un intento de reescribir la historia de nuestro país.
No bastará con celebrar que se derrotó al “comunismo”. Habrá que mirar qué ocurre con la independencia de las instituciones, con la protesta social, con la memoria de las víctimas, con la justicia, con la prensa crítica y con quienes viven lejos de Lima o fuera de los círculos que suelen definir qué cuenta como preocupación nacional.
Como millennial que soy, esos vítores de “vencimos al comunismo” me recuerdan a un popular meme del show de Bob Esponja junto a su amigo Patricio: ambos aparecen felices, convencidos de haber salvado su hogar acuático, Fondo de Bikini, mientras detrás de ellos el paisaje luce devastado. La imagen condensa una forma de triunfo que se niega a mirar sus consecuencias. Por eso, la defensa de la democracia no puede quedar en manos de quienes solo la invocan cuando el adversario tiene el rostro de la izquierda. Tendrá que organizarse desde otros espacios de la sociedad civil.
Vencimos al “comunismo”, dicen. Ojalá esa frase no sea el punto final. Porque un país no se cuida desde la amnesia, ni se defiende únicamente desde el miedo. Se cuida vigilando al poder, sosteniendo la memoria y organizándose, desde la sociedad civil, antes de que la foto de la victoria termine por ocultar el incendio.
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