¿Nos tumbaríamos acaso la carrera diplomática para reemplazarla por nada?
SERVIR es el nombre corto que utiliza la Autoridad Nacional del Servicio Civil, un organismo creado en 2008 durante el segundo gobierno de Alan García, que tiene como finalidad “la gestión de las personas al servicio del Estado”. Es un nombre redondo si recordamos que el Estado plasma nuestras reglas para recibir los bienes públicos necesarios para vivir: quienes trabajan para el Estado se ocupan, por lo tanto, de “servir” a los ciudadanos.
La Ley SERVIR que faculta su funcionamiento establece un régimen de carrera para los servidores públicos de las diversas entidades. Para ubicar su importancia es preciso recordar que, en los años 90, cuando se reconstruyó la economía, se buscó hacer atractivo el trabajo en el sector público y se creó el régimen 728, que aplicaba el régimen privado para los funcionarios públicos de las nuevas entidades que acompañaban el proceso de modernización de la economía. Se creó así una grieta entre los funcionarios de los ministerios y los de las nuevas entidades, pues ambos trabajaban en el Estado. Esto se complejizó aún más cuando se creó el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) que, a su vez, trataba de ordenar a los contratados bajo el régimen de Servicios No Personales.
Quiero pensar que la creación de SERVIR tuvo que ver con el nuevo impulso modernizador de la economía generado por la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ya que su año de creación coincide con el del Ministerio del Ambiente. No obstante, como ha escrito Juan José Martínez, anterior jefe de SERVIR, su creación es parte de un proceso complicado de reformas y contrarreformas.
En la actualidad, 95 entidades se han adscrito a la Ley Servir. Entre ellas se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, el OEFA, el Archivo General de la Nación y hasta el Programa Qali Warma. Entrar al régimen SERVIR ha implicado mucho trabajo para la entidad y para los servidores. Para la entidad, requería una definición de puestos con su respectiva descripción y el cálculo del presupuesto requerido. Para los servidores, requería una actualización de conocimientos y mejoras de capacitación para acceder a las plazas redefinidas de una manera óptima con la esperanza de una mejora salarial y una línea de carrera. Para ambos, se trata de iniciar una ruta de relacionamiento de largo plazo. Como nos enseña la teoría de juegos, el relacionamiento repetido de largo plazo es el mejor incentivo para la colaboración.
Pero como ocurre con toda reforma modernizadora, implementarla requería superar los obstáculos que, de todas maneras, iban a levantar quienes se beneficiaban del desorden de entonces. Por ejemplo, cada cambio de alcalde y de autoridades regionales implica un cambio casi completo de las personas que trabajan en los municipios. Con cada cambio de funcionarios, se retrasan los procesos de atención a los ciudadanos.
Algo similar ha sucedido con los incontables cambios de ministros en los últimos tres años. La continuidad de la gestión es afectada y los inconvenientes terminan percolando al bienestar de los ciudadanos. Con un servicio civil podríamos tener cambios en las cabezas que responden a naturales intereses políticos, pero sin ver afectada la provisión de servicios a cargo de servidores civiles, cuya permanencia depende muy poco de esa autoridad política en permanente cambio.
El régimen SERVIR es, para la administración pública en general, lo que la carrera diplomática es para nuestros funcionarios de Relaciones Exteriores. ¿No quisiéramos ese excelente nivel en toda actividad pública?
En varias de las recomendaciones de la OECD como parte del programa país se ha destacado la existencia de SERVIR, pero se ha incluido un conjunto de recomendaciones, siendo la más clara la siguiente: “El Estudio recomienda que el Perú se asegure de que esta reforma reciba el apoyo adecuado a nivel político”.
Pues ahora uno de los expertos en la destrucción de nuestras instituciones ha presentado un proyecto de ley para eliminar SERVIR y reemplazarlo con nada. Sí, leyó bien: nada. ¿Cuál es el estudio que justifica tal proyecto de ley? Se haría con posterioridad a la eliminación del régimen. Es como si ante un dolor abdominal, el médico recomendara extraer un órgano y luego hacer las pruebas disponibles.
Con cada intento de estropicio por parte de los destructores, siempre me pongo como tarea estudiar cómo vamos a salir bien librados de sus consecuencias si se llegara a aprobar el proyecto de ley de turno. Al ritmo que vamos, ni la expectativa de vida más auspiciosa me alcanzará.
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Es desesperante ver como grupos mal llamados políticos destruyen el país atentando contra la educación, el ambiente, la cultura, la justicia, la democracia y el mismo estado. ¿Cómo salir de eso? Es una infección lumpen que va carcomiendo poco a poco nuestro país.