Una sentencia en la Amazonía que repercutirá hasta en el rincón más pituco
Tuvieron que pasar once años.
Hace poco, el 25 de agosto de 2025, los líderes indígenas asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima recibieron justicia: se ratificó la condena contra cuatro empresarios madereros responsables de un crimen que acabó con sus vidas. El tribunal de Ucayali confirmó penas de 28 años de cárcel e incrementó la reparación civil en favor de las familias. La lectura de la sentencia fue pública y, en un gesto de dignidad, fue realizada en lengua asháninka.
Podría parecer que con este fallo se cierra un capítulo doloroso. Sin embargo, la historia de Saweto no es solo la memoria de cuatro dirigentes indígenas en Perú: es el síntoma de un país que ha convertido en periferia al 60 % de su propio territorio, la Amazonía. Un país donde defender los bosques y ríos sigue siendo una condena de muerte, y donde las mafias que operan en los márgenes ya comienzan a dictar las reglas también en nuestras ciudades.
Ya sabemos que la Amazonía concentra una biodiversidad invaluable y cumple un rol crucial en la lucha contra el cambio climático. Y, sin embargo, ocupa un lugar secundario, cuando no inexistente, en la conversación política nacional. Lima suele mirarla como un escenario lejano, exótico o utilitario. La selva aparece en los discursos cuando se trata de extraer madera, petróleo, oro, gas o cultivos ilícitos, pero rara vez cuando se discute sobre ciudadanía, derechos o democracia. Por cierto, ¿cuántos de nosotros podemos ubicar a Saweto en un mapa sin ayuda de Google?
Ese vacío de atención ha tenido consecuencias fatales. Según la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), más de 35 líderes indígenas han sido asesinados en la última década en medio de conflictos con mafias de tala ilegal y narcotráfico. La región de Ucayali, donde ocurrió el crimen de Saweto, es hoy una de las más peligrosas para losdefensores ambientales. Y mientras tanto, las comunidades continúan reclamando lo mínimo: reconocimiento de sus territorios, protección efectiva, acceso a servicios básicos.
La sentencia reciente es histórica, sí. Ratificar la responsabilidad penal de los asesinos de Saweto envía un mensaje claro: quienes atentan contra defensores indígenas no pueden seguir amparados en la impunidad. Pero la justicia no debería depender de procesos que duran más de una década ni de la presión de organismos internacionales, lo cual les da a los acusados la oportunidad de esconderse y posiblemente escapar. Las familias y sus abogados insisten en que no basta con compensaciones individuales: se requiere una reparación colectiva que atienda las necesidades de la comunidad entera. Porque el crimen no arrebató solo la vida de cuatro personas, sino también la posibilidad de que Saweto construya un futuro con sus líderes. Es decir, profundizó aún más la desigualdad de nuestro país. Según estudios del Banco Mundial, ya de por sí la pobreza afecta entre 7 y 8 puntos porcentuales más a las poblaciones indígenas en el Perú.
En este sentido, vale destacar un aspecto fundamental del proceso: la lectura de la sentencia en lengua asháninka y su uso a lo largo del juicio. Para algunos, garantizar servicios en lenguas indígenas parece un gasto innecesario o un gesto simbólico sin mayor utilidad. Pero este caso demuestra lo contrario: la justicia solo es plena cuando los ciudadanos pueden comprender directamente, en su idioma, lo que se decide sobre la vida y memoria de sus seres queridos. Reconocer la lengua de una comunidad no es un favor ni una concesión “folklórica”: es un derecho que fortalece la legitimidad del Estado y acerca la justicia a quienes más la necesitan.
Aquí está el punto que debería preocupar a todos: lo que ocurre en Saweto no es un problema “ajeno” a quienes viven en las grandes urbes del país. Varias mafias que hoy se benefician de la tala ilegal, del contrabando de madera o de la minería ilegal son parte de los circuitos de criminalidad que desbordan a Lima, Trujillo o Arequipa. La violencia que se normaliza en los territorios indígenas es la misma que luego se expresa en extorsiones, sicariatos y economías informales en los barrios urbanos.
La Amazonía es un laboratorio adelantado de la desprotección del Estado frente al crimen organizado, con aliados clave en las altas esferas del poder. Y no se trata solo de Saweto. En distintos puntos de la Amazonía peruana hay líderes indígenas en riesgo permanente. El caso de Mari Luz Canaquiri Murayari, lideresa kukama, lo demuestra: en 2024 encabezó un proceso histórico que reconoció al río Marañón como sujeto de derechos. Esta victoria legal fue un hito global, pero también la colocó, junto a su comunidad, en la mira de intereses petroleros y mafias locales.
En menos de un año, el Perú enfrentará nuevas elecciones generales. Ya se escuchan precandidatos y congresistas que, bajo discursos de desarrollo y soberanía, mantienen vínculos directos con economías ilegales. No es un secreto: muchos legisladores han hecho carrera política protegiendo intereses madereros, mineros o de cultivo ilícito.
La pregunta es si como sociedad queremos seguir normalizando esa complicidad. ¿Queremos votar por representantes que permiten que mafias capturen al Estado? ¿Vamos a repetir la indiferencia hacia la Amazonía hasta que sea demasiado tarde, como ocurrió con Saweto? Y los periodistas, ¿harán preguntas directas sobre estos temas?
El caso Saweto debería servir de advertencia. Así como las mafias de la madera asesinaron a cuatro líderes indígenas con total impunidad durante años, hoy similares lógicas de violencia están detrás del crecimiento de la inseguridad ciudadana que tanto preocupa a las clases medias y altas urbanas. Lo que empezó en las periferias del país ya se manifiesta en extorsiones, trata de personas y secuestros en las grandes ciudades.
El fallo en favor de Saweto es una brisa de esperanza en un panorama sombrío, pero no podemos permitir que sea apenas una excepción. La democracia peruana no puede seguir dándole la espalda a quienes defienden bosques y territorios. Saweto nos recuerda que lo que ocurre en la selva no se queda en la selva: nos concierne a todos. Las elecciones de 2026 serán también un referéndum sobre qué tipo de país queremos ser: uno que entrega su democracia a mafias disfrazadas de políticos, o uno que finalmente entiende que defender la Amazonía es defender la vida misma. Hoy, sin embargo, también corresponde hacer una pausa y abrazar a las familias que esperaron once años por una sentencia. Que este fallo sea más que una reparación tardía: que sea el inicio de un compromiso real de justicia y apoyo para ellas, y para todas las comunidades que, como guardianas ancestrales, nos enseñan que proteger la Amazonía va conectado a tener un mañana digno.
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