Reflexiones mientras se modifica la Constitución peruana de espaldas a la gente
El martes 14 de enero, en los Martes de Jugo en Casa Rebara, tuve el placer de conversar con dos expertos constitucionalistas—Beatriz Ramírez Huaroto y Emilio Nogerol— sobre los cambios que el Congreso de la República le está haciendo a nuestra Constitución, mayormente a espaldas de la ciudadanía, algo que en inglés se podría describir como “by stealth”, es decir, con sigilo o de manera subrepticia. En este video se puede acceder al debate.
En el Perú, la estructura del Estado ha venido cambiando frente a nuestros ojos en los últimos seis años: hemos pasado de ser un sistema llamado híbrido —donde en teoría no tiene más poder ni el presidente ni el Congreso—, a convertirnos de facto en un sistema parlamentario. Nuestro sistema se suponía que buscaba un balance entre el presidente y el parlamento mediante un primer ministro que debía obtener la confianza del Legislativo. Cuando en 1993 se decidió incorporar este sistema de la carta anterior de 1979, no fue visto como un problema, porque la mayoría parlamentaria era un hecho.
Recordemos que después de la transición de 2001, todos los presidentes posteriores a Alberto Fujimori tuvieron que buscar un consenso parlamentario para poder gobernar y lograron hacerlo. Esto fue así hasta el año 2016, cuando Pedro Pablo Kuckzynski se enfrentó al poder de la bancada Fujimorista y, a pesar de todos los malabares que intentó, incluso dividiendo a los hermanos Kenji y Keiko, no logró consolidar su poder. Como muchos quizás recuerden, esto llevó a la renuncia del presidente, lo cual colocó a su entonces vicepresidente al poder.
Cuando aquella vez Martín Vizcarra tomó las riendas del Ejecutivo, se encontró con los mismos problemas que su antecesor, y lo primero que intentó fue un referéndum para cambiar cuatro artículos de la Constitución: se creó la Junta Nacional de Justicia, la nueva Ley de Financiamiento de Partidos y la no reelección inmediata de congresistas, y en el mismo proceso se desestimó el retorno a la bicameralidad. Estos cambios no fueron suficientes y Vizcarra siguió enfrentado al parlamento, hasta que logró su disolución utilizando los llamados a la confianza del Consejo de Ministros.
Fue así como se disolvió el Congreso peruano en setiembre de 2019, con un amplio apoyo popular a la medida y el llamado a elegir un nuevo parlamento en enero de 2020. Este nuevo Congreso, sin embargo, no tuvo ningún miramiento y destituyó a Vizcarra en noviembre de ese mismo año acusándolo de haberse vacunado contra el Covid-19 a espaldas de la ciudadanía.
Francisco Sagasti, su sucesor nombrado por el parlamento, buscó calmar las aguas hasta las disputadas elecciones de abril del 2021 que llevaron a Pedro Castillo a la presidencia, quien en menos de 18 meses intentó hacer un golpe de estado. Desde aquel fracaso, Dina Boluarte gobierna con la anuencia del Congreso y, para todos los efectos prácticos, el sistema de gobierno peruano se ha convertido en uno parlamentario, ya que la presidenta vive bajo la constante amenaza de que 87 votos delhemiciclo la vaquen de su puesto.
Si me he permitido hacer este resumen es debido a la intensidad y el desgaste de los últimos cinco años en nuestra esfera política que todo lo ha envuelto con un velo de confusión. Lo acontecido nos ha llevado a un parlamento como el actual, que nos ha enrumbado por un camino de cambio constitucional pero sin consulta popular. Es decir, estamos en un “momento constituyente”, pero es como si no nos estuviéramos dándonos cuenta.
La bicameralidad, por ejemplo, rechazada por referéndum en el 2018, es ahora una realidad y se supone que en las elecciones de 2026 elegiremos a representantes a ambas cámaras. ¿Se ha debatido esto realmente? ¿Sabemos lo que implica volver a tener dos niveles de representación? Existen, por supuesto, argumentos atendibles a favor y en contra de que se vuelva al sistema tradicional peruano anterior al régimen de 1993. Pero ¿es la manera como se ha hecho la más apropiada?
Gran parte de nuestra conversación en Casa Rebara se centró en estos cambios, en la manera en que se están haciendo y en las consecuencias de este déficit democrático, pues, si bien el Congreso está siguiendo las normas de cambio, el debateciudadano no se está produciendo. Todo un contraste con lo sucedido en Chile en más o menos el mismo periodo. Lo que vimosen nuestro vecino del sur en octubre de 2019 fue un tremendo estallido social porque los jóvenes no se sentían incluidos en el sistema político y económico formado desde la dictadura de Pinochet y que cambió muy poco en la transición democrática.
La solución que planteó el gobierno de Sebastián Piñera fue un llamado a referéndum, el cual resultó en un pedido de cambio constitucional, un proceso constituyente tremendamente inclusivo y deliberativo que dio lugar a una carta que los electores consideraron demasiado radical y que por eso no fue aprobada. La respuesta a ello fue otro proceso constituyente, mucho más restringido, que llevó otra vez al fracaso del proceso y a que aun siga vigente la Constitución de 1980 redactada durante el régimen de Pinochet. ¿Fue el problema un exceso de democracia? ¿O fue, más bien, que todo el proceso constituyente se convirtió en un espacio de los ciudadanos para decirle a quien estaba en el poder —fuese Piñera o Gabriel Boric— que no estaban de acuerdo con su manera de gobernar?
¿Cuál es la receta, entonces? Si un proceso abierto como el de Chile no es la gran solución, ¿es mejor hacerlo de espaldas de la ciudadanía?
No lo creo. Tal vez sea utópico pensar que en los tiempos que corren, cuando el péndulo se ha movido de manera muy amenazante hacia los extremos, lo que se necesita sea más diálogo y más apertura, pero no por ello dejo de creer que esa es la única posibilidad por la que realmente vale la pena luchar. Si bien vivimos un momento constituyente sin estar muy conscientes de ello, lo mejor que debemos hacer es hablar, debatir y ser conscientes de lo que se está haciendo a nuestras espaldas.
La democracia no radica en el acto de votar, sino en el diálogo y el debate permanente entre los ciudadanos y sus representantes.
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