Avanza firme el regreso a los 80


Mientras el Congreso y el Ejecutivo se aferran al poder, sus decisiones nos acercan a aquella década nefasta


Quienes nos acordamos de la década de los ochenta del siglo pasado lo hacemos con cierta nostalgia y mucho de alivio. La nostalgia es motivada por los recuerdos de juventud, y el alivio proviene del sentimiento de que durante algunos lustros del presente siglo llegamos a vivir con esperanza, a diferencia de aquellos duros años de el Niño del 83, de los descuentos por bonos para la reconstrucción, de lo aislados que quedamos de la comunidad internacional durante el primer gobierno de García, del proyecto de estatización de la banca, del descalabro económico que le sucedió, de la hiperinflación y, como un terremoto permanente, del conflicto armado interno.

Durante los noventa nos costó mucho reconstruir una institucionalidad económica promotora de la inversión. Si bien hay quienes se quejan de que los alabados resultados macroeconómicos no se condicen con el importante número de peruanos que todavía vive con carencias vitales, por lo menos de la economía teníamos poco de qué preocuparnos. El tiempo del verbo es a propósito: “teníamos”. Porque lo cierto es que la actual situación económica es débil. Tenemos dos elementos que confluyen: una escasa inversión privada —a pesar de una mejora en los indicadores— y una amenaza de incumplimiento de la regla fiscal.

Sobre la inversión privada, son elocuentes los resultados de la reciente encuesta de Ipsos sobre la escasa aprobación a la gestión presidencial de los gerentes generales de nuestra principales empresas

Sobre el incumplimiento de la regla fiscal, se tiene bastante que comentar. Lo primero es explicar por qué un país como el Perú necesita establecer por ley un tope para el déficit fiscal. El motivo principal es fortalecer la credibilidad del país para gestionar correctamente su gasto público: es una manera de comunicar que se tendrá responsabilidad en la aprobación de gastos que se financian con dinero de impuestos o con recursos de deuda pública.

Durante la pandemia, los países relajaron sus reglas fiscales, así como hicieron uso de los recursos de ahorro disponibles. En el caso del Perú, se hizo uso del Fondo de Estabilización Fiscal que, poco a poco, se está volviendo a nutrir de recursos.

Acabada la pandemia, nos tocó delinear una senda de retorno, lenta pero creíble, al cumplimiento del objetivo de déficit fiscal, pero, lamentablemente, desde el año pasado se ha profundizado el desbalance entre los poderes del Estado. El objetivo de quienes toman las decisiones al más alto nivel del Ejecutivo y del Legislativo es mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, a pesar de exhibir un mínimo respaldo popular. En el camino de mantener este equilibrio de bajo nivel, el Ejecutivo acepta iniciativas de gasto del Legislativo y este, ni corto ni perezoso, dispendia recursos como mejor le parece: una nueva sede en una playa, bonos para magistrados, más presupuesto para contratar más empleados para sus despachos, cédula viva para militares, liberación de cuentas de CTS, etc. 

Por ahí se escucha que no hay problema, porque la deuda pública peruana es baja para los estándares de la región: poco más de un tercio del PBI. Que por lo tanto, emitamos más deuda y financiemos este dispendio. El problema con este enfoque es precisamente ese: que se trata de gastos dispendiosos. ¿Por qué es prioritario que el Congreso tenga una sede en la playa? ¿Por qué es prioritario dar cédula viva a los militares? Al mismo tiempo, muchos peruanos se quedan sin comer, más del 60 % se encuentran ahora en una situación de vulnerabilidad, niñas son vejadas cotidianamente y me pregunto porqué los recursos para atender estos problemas no son los prioritarios.

Y si de establecer prioridades se trata, restablecer el balance de poderes está en el primer lugar. De otro modo, me temo que pronto los ochenta dejarán de ser un mal recuerdo para convertirse en un triste déjà vu.


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1 comentario

  1. Juan Garcia

    Muy bien el tema. El despilfarro de dinero público se ha legalizado mediante normas «a medida» de nuestros congresistas. Y temo que la «juerga fiscal» prosiga conforme cada partido busque votantes para el 2026: ya se regalaron puestos de trabajo a 200,000 sujetos que reprobaron el examen para ser docentes, quizá contando con 200,000 «panzas agradecidas» que aseguran varios escaños parlamentarios.

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