Un análisis desapasionado de cuatro países latinoamericanos
Ahora que se acerca Navidad, casi todos tendremos que enfrentar al mismo tipo de personaje en nuestra sobremesa familiar: el tío o primo que, al hablar de política, exige “mano dura”, un presidente “con pantalones” que “ponga orden de una vez”.
Ojalá el tema se quedara restringido a un familiar pintoresco al que se escucha por cariño. Ese imaginario se ha vuelto una fuerza política real. Impulsa campañas, gana elecciones y hace que muchos se pregunten si no es mejor sacrificar un poco de democracia a cambio de que “alguien mande de verdad”. Cuando la inseguridad crece, la plata no alcanza y la política parece un circo, esa promesa de autoridad firme suena reconfortante, casi lógica.
Pero, ¿ese lugar común, instalado en la política latinoamericana, tiene evidencia que lo respalde? Un informe reciente del Carnegie Endowment for International Peace decidió tomar en serio el asunto y analizar si en los resultados de gobierno en América Latina —servicios, derechos, información, bienestar— le va mejor a las autocracias o a las democracias.
La respuesta no deja mucho espacio para el mito: las democracias, incluso las que funcionan a los tumbos, gobiernan mejor que los regímenes que concentran poder.
El estudio se centra en cuatro países que cualquiera en la región reconoce: Cuba, Bolivia, Colombia y Uruguay. Y, en lugar de quedarse en etiquetas de “izquierda” y “derecha”, compara cuatro aspectos que afectan la vida diaria: la economía y los servicios, el acceso a la información, el Estado de derecho y las libertades civiles.
Al analizar Cuba, el informe muestra que el mito ya no aguanta. Durante décadas, la isla ocupó un lugar raro en el imaginario latinoamericano: un régimen autoritario, sí, pero con supuestos logros sociales que compensaban la falta de libertades. El informe muestra que esa imagen quedó vieja. La economía se ha deteriorado, conseguir alimentos básicos es una odisea, los apagones son parte de la normalidad y conectarse a internet es caro y difícil.
Todo ello ocurre en un contexto donde la información está férreamente controlada: sin prensa libre, sin datos confiables, sin instituciones que rindan cuentas. Cuando el Estado falla, la respuesta no es corregir, sino reprimir: más cárcel, más miedo, más silencio. El supuesto “intercambio” —menos libertades a cambio de más bienestar— simplemente ya no se cumple.
Bolivia cuenta otra historia, más incómoda para quienes quieren respuestas simples. Los primeros años de Evo Morales trajeron mejoras reales: se redujo la pobreza, se elevó la inversión social, creció la inclusión de la población indígena. Pero el estudio subraya algo clave: esos avances no se tradujeron en instituciones más fuertes, sino en un poder cada vez más concentrado.
Con el tiempo, la politización de la justicia, el hostigamiento a la prensa y la erosión de los controles terminaron pasando factura. Cuando bajaron los ingresos por recursos naturales, el modelo mostró sus límites: sin contrapesos ni información libre, corregir el rumbo se vuelve casi imposible. La “eficacia” del comienzo no sobrevivió al desgaste.
Colombia aparece como una democracia de bajo rendimiento, pero no porque haya colapsado, sino porque lo hace casi todo en modo desigual. Hay zonas urbanas con instituciones que funcionan razonablemente bien y, al mismo tiempo, regiones completas donde la presencia del Estado es más promesa que realidad.
Aun así, el contraste con las autocracias es fuerte. Pese a las crisis políticas, la polarización y los tropiezos del gobierno de turno, las instituciones siguen operando: la sociedad civil protesta, los tribunales pueden fallar incluso contra expresidentes, la prensa investiga y denuncia. Nada de eso garantiza éxito, pero mantiene algo vital: la posibilidad de corregir, debatir y exigir. La democracia colombiana tiene problemas, pero es resiliente.
En el otro extremo del mapa está Uruguay, el país que arruina el relato de que “acá nada funciona”. No es un paraíso, pero muestra qué ocurre cuando la democracia deja de ser excepcional y se vuelve rutina: alternancia de gobiernos, bajo nivel de corrupción, acceso amplio a información pública, libertades robustas y políticas sociales relativamente estables en el tiempo.
El dato interesante es que en Uruguay no se trata de una fórmula ideológica única. Gobiernos de izquierda y de derecha han jugado con las mismas reglas básicas, sin tratar de romper el tablero cada vez que llegan al poder. Lo que sostiene el modelo no es un líder iluminado, sino un consenso democrático y una cultura institucional que penaliza las aventuras personalistas.
El principal aporte del informe es pinchar un globo que vuelve cada pocos años: la idea de que sacrificar libertades trae mejores resultados. En la práctica latinoamericana reciente, los datos dicen otra cosa. Las autocracias no solo restringen derechos, sino que gobiernan peor, incluso en aquello que prometen hacer mejor: la economía, el orden, la eficiencia.
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