Lineamientos cosméticos, también en los colegios, que no van a la raíz de la violencia
La presidenta Keiko Fujimori anunció la semana pasada nuevos lineamientos para recuperar la disciplina en los colegios. Ha propuesto restituir las notas de conducta y permitir la expulsión de estudiantes por faltas muy graves. En el mismo paquete, el gobierno quiere que en las escuelas públicas se prohíban el cabello teñido o excesivamente largo, el maquillaje y las uñas pintadas. También pretende regular el largo de las faldas. Según la presidenta, el objetivo es «garantizar el orden en las aulas y recuperar la disciplina y el respeto en los colegios».
¿De qué color eran las uñas de las estudiantes que golpearon a una compañera en el colegio José María Arguedas, de Carabayllo? El 15 de septiembre pasado, una adolescente de quince años recibió puñetes y patadas de al menos cuatro alumnas dentro de su salón, según denunció su madre. Una de ellas le gritaba que se muriera. La agresión quedó grabada. La madre asegura que, pese a informar a las autoridades del colegio, su hija no pudo volver a clases mientras las presuntas agresoras continuaban asistiendo.
¿Estaban bien peinados los estudiantes que acosaban a Milán, de trece años, en Huancayo? Su madre contó que los compañeros del colegio Santa Isabel lo golpeaban y amenazaban con matarlo si no les entregaba dinero. Lo cambió de institución para protegerlo. El 21 de agosto, el muchacho acudió a reunirse con antiguos compañeros y murió apuñalado.
¿Los alumnos del sonado caso del Liceo Naval tenían el pelo largo?
Entre enero y agosto, la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación recibió 11.805 reportes de violencia escolar. Son casi 49 al día. Sospecho que en varios de esos colegios ya regían prohibiciones como las anunciadas por Fujimori, gracias a algún director con iniciativa y una mirada anacrónica de la educación. Me gustaría saber cuántos de ellos exigían revisar las uñas de los alumnos mientras ignoraban las denuncias de maltrato.
En marzo de 2024 publiqué en Jugo un artículo titulado «Disciplina capilar», precisamente sobre las prohibiciones de teñirse el pelo en las escuelas. En él analizo el típico argumento que se utiliza cuando se discuten estos temas: los escolares deben acostumbrarse a obedecer las reglas, así no les gusten o no estén de acuerdo, porque así aprenderán a respetar y a vivir en sociedad. Lo que sostengo es que, para que esto sea efectivo, las normas necesitan una justificación razonable. Un chico que entiende por qué está prohibido conducir ebrio tiene más posibilidades de respetar esa prohibición que otro educado para obedecer cualquier orden, por absurda que resulte.
Las prohibiciones del gobierno apuntan, además, a los mismos rasgos que suelen servir de pretexto para acosar a quienes no encajan en lo que se espera de su género. Cuesta imaginar que alguien mida la trenza de una alumna para decidir si tiene los «pelos excesivamente largos» de los que habló el ministro de Educación, José Antonio Chang. La regla está pensada para el chico de melena o el que se pinta las uñas, que muchas veces es también el blanco de las burlas de sus compañeros. Con una norma así, el colegio termina midiéndolo con la misma vara que sus acosadores.
Obviamente, existen situaciones en las que las reglas son necesarias en las escuelas. Reglas de seguridad, por ejemplo, o reglas sobre higiene, o el código de vestimenta oficial. Dichas reglas deben tener sentido y debe haber consecuencias si se infringen.
Asimismo, el acoso y los actos de agresión no deben quedar impunes y los profesores necesitan apoyo y formación para saber qué hacer en tales casos. No es fácil conseguir que un alumno entienda que ha herido a otro alumno, que repare el daño y aprenda de su error. Es mucho más difícil que usar una cinta métrica para ver si el flequillo cubre las cejas de algún chico.
Las calificaciones de conducta deben referirse a comportamientos, no cumplir con reglas mínimas de convivencia, amenazar, acosar y discriminar a otros alumnos. Las habilidades para vivir en armonía son indispensables no solo en la escuela, sino que también lo serán más adelante al ir a trabajar, vivir en un edificio, tener una vida familiar armónica, etc.
Es cierto que las disposiciones del Ministerio de Educación incluyen el acoso escolar entre las faltas muy graves y que, ante una agresión, se dispone que sea el agresor y no la víctima quien deje el colegio, algo que me parece acertado. Pero en el caso de Carabayllo al que hice referencia, la madre señaló que el director, la subdirectora y un auxiliar sabían de la golpiza, y el colegio solo le informó que convocaría a las madres de las alumnas involucradas. Para que una falta muy grave tenga consecuencias, alguien en el colegio tiene que decidir actuar.
¿Qué se enseña cuando un estudiante denuncia que lo están acosando y el colegio no hace nada? Al agresor se le comunica que puede continuar; a la víctima, que tendrá que arreglárselas sola; a quienes observan, que es mejor quedarse callados. Esa también es una forma de educar.
El gobierno puede conseguir que todos los lunes los escolares formen con las uñas cortas, las faldas a la altura reglamentaria y el pelo sin teñir. Sería un error confundir esa fotografía con una escuela segura. Preferiría que la presidenta se preocupara por garantizar que cualquier estudiante que denuncie amenazas o agresiones encuentre a una comunidad educativa dispuesta a escucharlo, a protegerlo y a trabajar para evitar que el clima escolar facilite que esas situaciones se repitan en el futuro.
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