¿Será la reciente tragedia en La Libertad el despertador que nos haga reaccionar?
Este jugo tendrá dos ingredientes. De un lado, como no podía ser de otro modo, la teoría económica. De otro lado, nuestra memoria de la época del terrorismo o del conflicto armado interno (ni siquiera discutiré cuál es el nombre correcto).
Sobre el primer ingrediente: corría la década de los noventa, y se había instalado en el mundo un denominado consenso promercado y proinversión privada. Las multilaterales fueron instrumentales en el proceso. El Banco Mundial, por ejemplo, dedicó por lo menos dos informes anuales a dichos temas. El primero fue sobre el rol del Estado en un mundo en transformación,y el segundo sobre las oportunidades de la inversión privada para desarrollar la infraestructura de los países.
El Informe sobre el Desarrollo Mundial del año 1996 sobre el rol del Estado presenta una clasificación de los tipos de intervención del mismo en la actividad económica, según si fomentan la eficiencia —en sencillo, que la torta crezca— o la equidad —quién se come la torta—. La taxonomía apunta a identificar grados de intensidad de la intervención del Estado en la economía: mínima, moderada, o dinámica.
Así, el Banco Mundial postuló en 1996 que lo mínimo que tiene que hacer un estado para fomentar la eficiencia económica comprende cinco dimensiones de acción: defender el territorio de la nación, asegurar el orden público, proteger los derechos de propiedad, cuidar la salud pública y brindar una sólida gestión macroeconómica.
Quienes por edad recordamos al Perú de junio de 1992, podríamos concluir que nuestro Estado no cumplía con ninguno. Y la guerra interna llegó el 16 de julio de aquel año al mero centro de las aspiraciones de muchos: la calle Tarata en Miraflores, Lima. Los estudiosos afirman que ese fue el punto de quiebre en la percepción del conflicto y no debería llamar la atención que solo dos meses después la cúpula de Sendero Luminoso estuviera tras las rejas. En otras palabras, puesto contra la pared, el Estado terminó cumpliendo una de sus funciones: la seguridad interna.
A partir de ahí, el Estado se tomó en serio la gestión macroeconómica, en la cual todavía destacamos entre los mejores de la región. La institucionalidad promercado, consistente con la protección de derechos de propiedad, se instaló en el capítulo económico de la Constitución de 1993 y la creación de entidades como los organismos reguladores de los servicios públicos, o el INDECOPI.
¿Pero qué pasó con el resto? El cuidado de la salud pública no tuvo un impulso similar, lamentablemente, y la pandemia nos lo “restregó” por la cara con dureza. Para este aspecto tan vital, ni puestos contra la pared con el COVID-19, salimos airosos, excepto en la obtención de vacunas al inicio y su despliegue. Hoy ni siquiera somos capaces de asegurar la oferta de suero medicinal.
Pero donde sí hemos ido de mal en peor es en cuanto a seguridad y orden interno, lo que viene acompañado del gran auge de las economías ilegales. No debería sorprendernos que el Banco Mundial haya dedicado al tema su Informe Anual sobre las economías de América Latina y el Caribe. Bajo el título “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, el Banco Mundial destaca cuatro características centrales de esta lacra: control territorial, gobernanza criminal —lo que lo lleva a competir con el Estado—, extorsión —o el equivalente de impuestos que cobraría el estado—, y, finalmente, captura del Estado, es decir, que los grupos criminales terminen manipulando a los actores políticos a nivel nacional y subnacional. Los grupos criminales, con su imperio del uso de la fuerza, reemplazan al Estado que tendría que brindar servicios a la colectividad.
¿No es terrible pensar que la reciente matanza en Pataz contra personal del sector minero —y grabada como para que no se nos olvide— pueda ser ese gatillo de nuestra demanda de seguridad a quien la tiene que brindar? ¿Habremos tenido que llegar a esos extremos para que el Ejecutivo reaccione con inteligencia y el Legislativo haga un mea culpa de su responsabilidad y rectifique todo lo que votó a favor de la minería ilegal?
Quizá, ojalá, hayamos llegado al fondo que se requiere para ascender: no despertar como sociedad tras esta matanza sería el mayor insulto que le podríamos propinar a nuestros compatriotas victimados.
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