Cuatro lugares comunes sobre la protesta que aquí son desmontados
Isabel Jurado es egresada de la maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard, con especialización en transición energética y financiamiento climático. Cuenta con experiencia en desarrollo sostenible y políticas de inversión en mercados emergentes.
Todos queremos vivir en un país seguro. Pero en el Perú, la seguridad se invoca para silenciar la indignación. Este 15 de octubre de 2025 ese discurso cobró la vida de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido como Trvko, de 32 años. A diferencia de lo ocurrido en las protestas de 2022 y 2023, con más de 50 asesinados a manos de las fuerzas del orden, esta vez el propio gobierno confirmó que el autor del disparo fue el suboficial Luis Magallanes. Un gobierno democrático admitió abiertamente que un agente del Estado le quitó la vida a un ciudadano. En una democracia funcional, esa confesión implicaría responsabilidades políticas y renuncias inmediatas. Pero en Perú, esa confesión fue seguida de gestos de respaldo encabezados por el presidente que, dos días después, participó en un homenaje a la Policía Nacional.
En los días que siguieron, las mismas frases volvieron a ocupar titulares y redes. Se repiten como mantras para justificar la represión, hasta sonar razonables. Pero no lo son. Son mitos cómodos, diseñados para distraer, dividir y, sobre todo, para que nada cambie. Y vale la pena desmontarlos uno por uno.
“La protesta no fue pacífica y eso justifica la represión”.
Esa frase pretende restarle legitimidad a la indignación ciudadana. Protestar es un derecho constitucional, y es deber del Estado protegerlo y garantizarlo, no castigarlo. Trvko tenía derecho a protestar y regresar con vida a su casa. El Estado no tenía derecho a apagarle la vida por alzar la voz. Si no somos capaces de ver eso con claridad, sin ambigüedades ni cálculos políticos, entonces no nos gusta la democracia. Las protestas no son desfiles ordenados: nacen de la frustración, del dolor y de la violencia estructural que las precede. Vivir con miedo a ser asesinado o extorsionado también es una forma de violencia. Pero incluso cuando una protesta se desborda, un Estado democrático no tiene licencia para matar.
“Nadie habla de los policías heridos”.
Se habla, y se debe hablar. El 15 de octubre hubo 84 agentes heridos, y eso también importa. Pero hay una diferencia fundamental entre un ciudadano que agrede —a quien hay que detener y juzgar conforme a la ley— y un policía que dispara: el primero actúa por cuenta propia; el segundo, en nombre del Estado. Si no se exige un control legítimo y equitativo del uso de la fuerza, la confianza en la Policía seguirá erosionándose. Según Ipsos (2024), el 61 % de los peruanos desaprueba su gestión, y según CPI, más del 91 % tiene poca o ninguna confianza en la PNP. El desafío de los gobiernos democráticos es implementar políticas públicasque combatan la inseguridad con inteligencia y sin impunidad. Sin propuestas sólidas de los sectores que dicen defenderla, la policía seguirá siendo una bandera útil para los discursos, pero inútil para la seguridad.
“Protestan los caviares y de izquierda”
No. Esa es una distracción conveniente. Basta mirar cómo vota el Congreso para entender que no hay ideología política alguna detrás de sus decisiones. La única coalición real es la que favorece al crimen y se disfraza de todos los colores políticos. Durante los últimos meses, las mismas bancadas que se insultan en público han votado juntas por leyes que debilitan la justicia y blindan la corrupción: la 31990 dificulta la colaboración eficaz, la 32130 recorta el poder del Ministerio Público, la 31989 protege la minería ilegal, la 32181 elimina la detención sin flagrancia. Y mientras tanto, se nos quiere hacer creer que esta es una pelea ideológica. No lo es. El verdadero conflicto no es entre caviares y conservadores, sino entre una clase política que gobierna para la impunidad y quienes mueren por ella.
“Si Boluarte y Jerí llegaron a la presidencia es porque votaste por Castillo. Asume tu voto”.
Esa frase se ha usado sistemáticamente desde 2022 para deslegitimar a cualquiera que disienta del gobierno. ¿En qué clase de democracia un voto se convierte en condena? El problema no es quién votó, sino qué tan pobre es la oferta política del país. Jerí, en su intento por sobrevivir en la presidencia, pretende marcar distancia de un régimen impopular, pero no debe olvidar que, ante la ciudadanía, es más de lo mismo. Sus graves denuncias de violación y sus votos a favor de las leyes procrimen lo colocan del lado de quienes gobiernan sin legitimidad y sin vergüenza.
No hace falta ser caviar ni conservador, militante ni apolítico, para admitir tres verdades simples: que el Congreso legisla para el crimen, que protestar no debería costarle la vida a nadie, y que Trvko no tenía que morir el 15 de octubre. Si eso aún se discute, entonces no estamos en desacuerdo político: estamos en desacuerdo sobre qué significa ser un país.
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