Una apuesta casi segura tras repasar las recetas de la antipolítica
Gustavo D’Angelo Serra es un sociólogo con más de 30 años de experiencia en la gestión de programas de desarrollo, derechos humanos, gestión de conflictos y construcción de paz en América Latina y los Balcanes.
No es difícil dar cuenta del vertiginoso ascenso político de Nayib Bukele en El Salvador. En verdad, se trata del surgimiento casi de manual de la antipolítica, que tan bien conocimos en el Perú con Fujimori y que luego se propagó por otros países de la región. Sus características más notables son el encumbramiento de un caudillo salvador, tecnocrático y pragmático que construye una narrativa anti-establishment y que apunta a reemplazar su figura por la de los partidos tradicionales, aborrecidos como anacrónicos y corruptos. La novedad que aporta Bukele al fenómeno de la antipolítica es que no se trata de un outsider sin vínculos con los partidos tradicionales, sino de un político surgido de las filas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), una de las dos fuerzas beligerantes durante la larga guerra civil de El Salvador (1980-1992), con el que llegó, primero, a la alcaldía de Nuevo Cuzcatlán en 2012, y luego a la alcaldía de San Salvador en 2015. Aunque inscrito en el partido, Bukele siempre fue un militante díscolo y con ambiciones propias que desbordaban el partido. Es por eso que el FMLN finalmente lo expulsó de sus filas para las elecciones presidenciales de 2019 y Bukele se vio libre para postular como candidato presidencial del partido GANA, una secesión moribunda —con su líder en prisión— del partido conservador ARENA, el otro actor beligerante de la guerra civil. En aquella elección Bukele ganó la presidencia con el 53 % de los votos.
Sin embargo, el contexto político y social en el que surgió Bukele demostraba que el proceso democratizador y de reconstrucción del país, iniciado con entusiasmo en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, había agotado su ciclo vital y demostraba su incapacidad para resolver los grandes desafíos económicos y políticos de la posguerra, en especial la agobiante situación de inseguridad pública por la violencia desatada por las pandillas o maras que, en 2015, alcanzó la más alta tasa de homicidios en el mundo (104.2/100 mil habitantes).
Este desencanto general con la conducción del país se reflejaba con nitidez en diferentes encuestas realizadas en aquellos años. Así, según la encuesta del Latinobarómetro de 2017, ocho de cada diez personas consideraron estar poco o nada satisfechas con el funcionamiento de la democracia en el país, mientras que el 85 % de la población expresó tener poca o ninguna confianza en los partidos políticos, el 74.5 % en el Poder Judicial, el 73.4 % en el Congreso y el 79.3 % en el gobierno central.
Todos estos datos revelan, como telón de fondo de la primera elección de Bukele, la existencia de una crisis sistémica con niveles inéditos de insatisfacción ciudadana frente al desempeño de instituciones clave para el funcionamiento del régimen político de la posguerra.
El mérito de Bukele, publicista de profesión, consiste en haber sabido aprovechar para sus propios fines esta crítica coyuntura de debilidad institucional y pérdida de liderazgos políticos, articulando en torno a su figura, y mediante un hábil manejo de los medios digitales y las redes sociales, una cruzada de salvación nacional que, como todas las experiencias de la antipolítica conocidas, tenía como principal sustento achacarle todos los males del país, viejos y nuevos, a los desahuciados partidos tradicionales que habían hundido al país con su corrupción e ineficiencia.
En 2019, como ahora, Bukele carecía del más elemental programa de gobierno. Lo que entonces vendió como humo —porque nunca lo reveló— para derrotar la violencia fue su llamado Plan de Control Territorial, por el cual ocupó con soldados la Asamblea Legislativa —que aún no dominaba— en febrero de 2020 para forzar la aprobación de un préstamo internacional para financiar un plan de seguridad que ni los propios legisladores conocían.
Es cierto que los niveles de violencia se redujeron de manera significativa desde el inicio de su gestión hasta marzo del 2020. Sin embargo, esto nada tuvo que ver con el fantasmagórico plan, sino con el pacto secreto del gobierno de Bukele con las tres principales pandillas que operaban en El Salvador. El acuerdo, negado por supuesto por el gobierno, pero documentado con innumerables testimonios, evidencias y confesiones ofrecidas por pandilleros en El Salvador y aquellos detenidos e investigados por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, consistía en mejorar las condiciones carcelarias, y hasta liberar líderes pandilleros, a cambio de reducir los homicidios y apoyar las campañas electorales de 2019 y 2021, una práctica, por lo demás, no desconocida por otros políticos tradicionales, incluido el mismo Bukele. La ruptura de este pacto desató una ola de violencia en El Salvador que culminó con 92 asesinatos solo entre los días 24 y 27 de marzo de 2022. Esta escalada de violencia, resultante del desencuentro entre el gobierno y las pandillas, llevó a Bukele a decretar el estado de excepción, a realizar detenciones masivas en los barrios populares del país y a encarcelar de manera arbitraria a cerca de 110.000 personas, predominantemente jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. Se calcula que, en la actualidad, alrededor del 2.5 % de la población adulta de El Salvador está presa, principalmente en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno para recluir a la creciente población penitenciaria y que ahora se ofrece como una suerte de Airbnb a otros gobiernos que quieran “reubicar” a sus detenidos. Las personas arrestadas son sometidas a juicios sumarios en audiencias masivas en las que se “juzga” simultáneamente a centenares de detenidos, desacatando las más elementales normas procesales, y condenándolas a menudo a penas superiores a los 30 años. A la fecha se han registrado 427 fallecidos sin condenas, algunos como consecuencia de torturas, según testimonios de exdetenidos. Cristosal, una organización no gubernamental con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos que debió abandonar el país debido al acoso del gobierno, estima que alrededor del 20 % de todas las personas detenidas nunca han tenido ninguna vinculación con las pandillas.
Para un gobierno sin vocación democrática, la declaratoria del Estado de Excepción resultó muy funcional para apuntalar un régimen autocrático. Con la anuencia de una Asamblea Legislativa sumisa desde marzo de 2022, cuando Bukele fue reelegido inconstitucionalmente con el 85 % de los votos y aseguró 57 de los 60 escaños parlamentarios, Bukele ha renovado 42 veces la declaratoria de excepción bajo la premisa de que la medida es necesaria para continuar con la lucha contra las pandillas. Durante esos tres años y medio se han suspendido los derechos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión. También se atacó sin cuartel a la prensa independiente, se forzó a periodistas al silencio o al exilio, se detuvo a defensores de derechos humanos y, más recientemente, se doblegó a las organizaciones de la sociedad civil, los últimos reductos de resistencia, mediante una ley denominada de agentes extranjeros —muy parecida a la ley APCI recientemente promulgada en el Perú— que, al igual que otras dictaduras de la región como Venezuela y Nicaragua, busca fiscalizar sus acciones y asfixiarlas financieramente.
Parecería que el sueño del poder absoluto de Bukele se estaría haciendo realidad. Con todos los aparatos del Estado —Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Fiscalía, Policía, Fuerzas Armadas— firmemente bajo su control, y ahora con organizaciones de la sociedad civil obligadas a operar desde fuera, Bukele aspira a perpetuar su régimen autocrático, y quizás hasta instalar una suerte de sucesión dinástica desde su entorno familiar, con el cual gobierna.
Es manifiesta la incapacidad de Bukele para enfrentar los grandes desafíos del país, como la pobreza, la generación de empleo, el crónico déficit fiscal, la diversificación productiva, la corrupción estatal, entre otros. No solo no tiene un programa de gobierno que se proyecte más allá de las detenciones masivas y arbitrarias como única —e insostenible— estrategia para contener la violencia delincuencial También carece de una visión de país y de políticas económicas, sociales y culturales que apunten en alguna dirección discernible.
En otras palabras, la población salvadoreña ha aceptado canjear la suspensión de derechos fundamentales por una seguridad pública que le resultó esquiva durante las últimas tres décadas. El gran enigma que asolará al país en un futuro no muy lejano es cuánto tiempo estará dispuesta a continuar con este canje ante un previsible deterioro de sus condiciones de vida por la incapacidad del régimen para atender sus necesidades básicas. Por supuesto, el régimen de Bukele siempre tendrá el recurso de mantener vivo el fantasma de las pandillas —u otra amenaza similar— para legitimar una permanencia que solo podrá asegurar recurriendo a una represión cada vez más cruda. Sabemos por muchas experiencias de dictaduras que este escenario puede mantenerse por décadas. Sin embargo, también es posible que pueda generar una espiral de violencia de incalculables dimensiones, no desconocida por El Salvador, que bien podría terminar por fagocitar al propio régimen. Como siempre ocurre con los antipolíticos, lo más probable es que Bukele termine como un dictador tradicional más.
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