La condena a Jair Bolsonaro marca una gran diferencia en la defensa de la democracia
Lo que acaba de pasar en Brasil es histórico. Por primera vez, un expresidente ha sido condenado por liderar un intento de golpe de Estado. Jair Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022 y perdió la reelección contra Lula, fue hallado culpable de encabezar una conspiración para desconocer el resultado electoral, sembrar caos en el país y hasta planear el asesinato de autoridades para justificar una intervención militar.
La imagen es poderosa: cinco jueces del Supremo Tribunal Federal deliberando en sesiones transmitidas en vivo, y la jueza Cármen Lúcia Antenas Rocha dando el voto decisivo. Su mensaje fue claro: Brasil sobrevivió al ataque y sus instituciones están dispuestas a defenderse.
El 8 de enero de 2023, cuando hordas bolsonaristas tomaron el Congreso, el Palacio presidencial y el propio Supremo, parecía que el país estaba al borde del abismo. Hoy, la democracia brasileña responde con una sentencia que no deja dudas: intentar un golpe no es una travesura política que pueda pasarse por alto, es un delito grave contra el Estado y sus ciudadanos.
Dos años antes, en Estados Unidos, el entonces presidente Donald Trump se había negado a reconocer su derrota electoral y encabezó una activa campaña para intentar revertir los resultados en estados clave, llegando incluso a usar su poder como mandatario para presionar a funcionarios. Este esfuerzo por frenar el traspaso de poder tuvo una dramática culminación el 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio. Pero casi cuatro años después, Donald Trump volvió a la Casa Blanca y gobierna en medio de un clima político envenenado. Su regreso al poder es la prueba de que el sistema estadounidense no fue capaz de enviar una señal contundente a quienes intentaron socavar las instituciones. Los juicios contra él avanzaron con lentitud y, en algunos casos, quedaron enredados en tecnicismos que lo dejaron libre para volver a postular y ganar. Esta ausencia de consecuencias contundentes fue interpretada por muchos como una luz verde, envalentonando un segundo mandato con una agenda aún más agresiva contra las instituciones democráticas.
Mientras que en Brasil los jueces actuaron de forma rápida y de cara al país, en Estados Unidos la democracia sigue lidiando con las secuelas del trumpismo. El resultado es que el faro democrático del mundo vive hoy uno de sus peores momentos, con una polarización extrema y una desconfianza creciente en sus instituciones. Esta situación ha escalado a una verdadera crisis constitucional bajo el segundo mandato de Trump, marcado por una impronta autoritaria que erosiona los pilares de la separación de poderes.
Con nombramientos que priorizan la lealtad personal sobre la independencia, intentos de purgar funcionarios federales disidentes y un discurso que ataca abiertamente a la prensa y a las minorías, el gobierno trumpista ha generado un ambiente donde las normas constitucionales se interpretan de manera selectiva para centralizar el poder en el Ejecutivo, debilitando el balance de poderes. Esta deriva autoritaria no solo profundiza la división interna, sino que amenaza con convertir a Estados Unidos en un ejemplo global de cómo una democracia madura puede deslizarse hacia el iliberalismo, sin que las instituciones logren un contraataque efectivo.
Para el Perú, esta es una advertencia que no debemos ignorar. En diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó un autogolpe: disolver el Congreso, intervenir el sistema de justicia y gobernar por decreto. Fracasó en horas, pero el intento fue real. Y, sin embargo, hoy vemos cómo sectores de la izquierda quieren minimizarlo, presentarlo como un error político, o incluso convertir a Castillo en un preso político. Quién lo diría: parte de la izquierda local terminó actuando como Trump y sus seguidores.
Ese relativismo es peligroso. Si el país se acostumbra a tratar los intentos de golpe como “errores” que se pueden pasar por alto, el próximo aventurero podría llegar mejor preparado. La lección brasileña es clara: hay que investigar, juzgar y condenar a quienes intentan subvertir el orden democrático, sin importar de qué lado del espectro político vengan.
En Brasil, los aliados de Bolsonaro ya empujan una amnistía para “pacificar” el país. De darse, sería un retroceso enorme. Un incentivo para que otros vuelvan a intentarlo en el futuro. La democracia no se fortalece escondiendo la basura debajo de la alfombra, sino mostrando que quien rompe las reglas paga las consecuencias. Brasil lo acaba de demostrar. La condena a Bolsonaro no borra la polarización, ni hace desaparecer a la extrema derecha, pero sí frena la impunidad y traza una línea clara.
En el Perú, donde la desconfianza hacia las instituciones es crónica, esta es la lección que necesitamos. Una condena legal al intento de autogolpe de Pedro Castillo —sin eufemismos ni excusas— es la única forma de evitar que algo peor ocurra en el futuro próximo. Miremos lo ocurrido en Estados Unidos y sigamos el camino de Brasil.
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