Las trampas del exalcalde de Lima (y otros) para reelegirse nos saldrán muy caras a la larga
Hace exactamente una semana se llevaron a cabo en Perú los comicios municipales y regionales. En este año de hartazgo electoral se le volvió a consultar a los ciudadanos peruanos quién los debía gobernar en sus regiones, provincias y distritos. Y como parece que la incertidumbre tras los reñidos comicios presidenciales de hace unos meses no era suficiente, estos también se han caracterizado por su falta de claridad.
El primer problema tiene que ver con los más de 130 candidatos que han buscado darle la vuelta a la prohibición de reelegirse, al postular no al cargo de alcalde sino al de primer regidor. El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aunque es el más conocido, no es el único: 63 candidatos a la alcaldía renunciaron a su cargo para tentar esta posibilidad y, según los resultados preliminares, por lo menos 20 podrían ser reelegidos.
¿Qué nos dice esto sobre la representatividad, la legalidad y la corrupción? En 2015 se cambió la ley prohibiendo la reelección municipal, porque se consideró que la reelección inmediata generaba problemas graves. Por ejemplo, en una tesis defendida en 2018 en la Universidad del Pacífico para optar por el grado de magíster de Economía, Christian Kenyo Julca Sánchez y Mariana La Riva Quispe encontraron que:
- La reelección de alcaldes genera incrementos en las medidas de pobreza, mediante el estancamiento de la gestión municipal; y
- la reelección de partidos tiene un efecto adverso sobre la desigualdad, a través de dos mecanismos de transmisión: la proliferación de la corrupción y la descoordinación intergubernamental.
Este fue uno de los principales argumentos para cambiar la ley, junto con la proliferación de casos de corrupción y el aprovechamiento del puesto para postular. La primera discusión de cómo implementar la ley se dio en 2018, y más adelante se debatió si esta prohibición se debía expandir del ámbito municipal, provincial y regional del Ejecutivo para ser aplicada también en el Congreso. Así, el referéndum de 2018 confirmó que la mayoría de peruanos no quería que los parlamentarios tuvieran la posibilidad de una reelección inmediata.
Sin embargo, el debate no terminó ahí: en 2023 se le consultó al Tribunal Constitucional si la prohibición de la reelección de los congresistas no limitaba la elección de los ciudadanos. El fallo dejó en claro que no se estaba faltando a la constitucionalidad, confirmando así la legalidad de la no reelección de los congresistas. Pero eso no fue obstáculo para los parlamentarios peruanos de entonces, quienes no solo restituyeron la bicameralidad —a pesar de que también se había desestimado en el referéndum del 2018—, sino que volvieron a postular al Congreso este 2026. De hecho, algunos de ellos han sido reelegidos.
Algo similar ha sucedido con la reelección municipal y regional. Hecha la ley, hecha la trampa. Tan descarada fue la movida que el candidato de Lima Rafael López Aliaga ha sostenido en televisión nacional que como él no postuló para ser alcalde, sino primer regidor, en caso de ser elegido podría volver a postular a alcalde por un período
más.
La capacidad de López Aliaga para acomodar la realidad a sus deseos ha sido evidente varias veces este año. Primero, cuando se negó a aceptar los resultados de la primera vuelta presidencial en abril, alegando que debía ser él quien se disputara con Keiko Fujimori la segunda vuelta. Luego, al rechazar el escaño de senador de la República, que ganó de manera perfectamente legal, pero que no aceptó justamente para lanzarse a postular a la alcaldía tramposamente como primer regidor, contando con la oportuna renuncia del candidato original.
Una semana después de los comicios municipales, todavía no tenemos claridad sobre si realmente él ha ganado, porque aún quedan actas por contabilizar e impugnar, y la diferencia con quien le sigue, Francis Allison, podría revertirse, aunque es difícil que ocurra. Estamos hablando de unos 40.000 votos de diferencia, lo cual evidencia que López Aliaga no domina el electorado de una manera tan clara como hubiese querido. No ha ganado por goleada y si los candidatos de oposición hubiesen sido más capaces de coordinar entre sí, no habría tenido posibilidad.
¿Qué va a suceder ahora que su victoria ha sido tan ajustada que todavía no puede ser proclamado? ¿Qué va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones que lo dejó postular? ¿Será posible que algunos de los alegatos que se escucharon en la corte logren evitar que llegue de nuevo al sillón municipal? En caso de que no llegase a ser proclamado, ¿sus seguidores saldrían a las calles a protestar? ¿Qué tanta legitimidad tendrá?
De momento, resulta imposible responder a estas preguntas. Es claro que la posición de la bancada de López Aliaga en el Congreso lo hace particularmente poderoso, porque el actual gobierno depende de sus diputados y senadores para gobernar.
¿Será esto suficiente para asegurar su llegada al sillón municipal? Y en caso de hacerlo, ¿podrá hacerle frente a una ofensiva judicial? Tampoco hay claridad sobre lo que ocurrirá con el resto de los alcaldes que han llegado de la misma forma encubierta, ¿tendrán ellos también que lidiar con una arremetida judicial?
Al final, queda la pregunta más importante de todas. De salirse con la suya estos candidatos, ¿qué es lo que queda de la Constitución?
¿Qué sorpresas peores vendrán en el futuro si se confirma su devaluación?
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