Recuerdos de un palacio

La marcha promovida por la policía es un timbrazo de alerta cívica

Cuando era una joven estudiante de Derecho, mis ilusiones de generar un cambio en el sistema de justicia del país me llevaron a buscar prácticas en el Palacio de Justicia. Mi decisión fue tomada con extrañeza por los secretarios de los juzgados penales, por mis compañeros de la universidad y también por mi familia, ya que la tendencia de mis futuros colegas era buscar otro tipo de espacios para practicar: estudios de abogados, despachos privados o entidades gubernamentales administrativas. Recuerdo, sin embargo, que para mí trabajar en el gran Palacio de Justicia tenía una magia especial. Durante mis casi dos años apoyando las labores de los juzgados penales 36 y 16 observé muchas cosas, buenas y malas, que han quedado en mi libro de anécdotas personales y que probablemente compartiré con quien las quiera escuchar en el ocaso de mi vida.

Hubo, no obstante, algunos incidentes durante esa época, menos relativos al trabajo mismo, pero que sí nos conciernen como sociedad. Recuerdo uno particularmente difícil. En aquella época se escuchaba en el debate público la idea de aplicar la castración química a las personas que abusaran sexualmente de niños. Como era de esperar, entre la mucha exaltación pública, hubo tardes en que nos tocó a quienes trabajamos en el recinto retrasar nuestra hora de salida por encontrarnos secuestrados en el lugar. 

Vivimos en un país donde la información parece ser un privilegio al que no todos tenemos acceso, y en donde, si lo tenemos, carecemos de incentivos para confirmar que esta información sea de calidad o esté corroborada. Un país donde, además, la educación básica regular no exige que el cuerpo estudiantil aprenda, como mínimo, cuáles son las funciones de cada poder del Estado o de cada agencia estatal.

Estos “secuestros” a los que me refería antes respondían a la autoconvocatoria de grupos enormes de manifestantes, obviamente apasionados por el tema que les convocaba, que reclamaban enardecidos alrededor de nuestra hora de salida que se diera una ley para sancionar de manera más rigurosa a las personas que abusaran sexualmente de menores. En esos tiempos, hacia el 2006 o 2007, los secretarios nos recomendaban esperar a que se disipara la multitud para salir del edificio de manera segura, lo que a veces implicaba hasta dos o tres horas observándolos desde los balcones hasta que las emociones se disiparan junto a los manifestantes. Recuerdo vívidamente que la primera vez que me encontré ante esta situación, no pensé si estaba de acuerdo o no en las demandas, sino que me pregunté inmediatamente: “¿qué hacen acá? Lo que están reclamando, no se hace aquí: es un poco más allá, en la avenida Abancay”. En efecto, ya que al Poder Judicial no le corresponde legislar, lo que los manifestantes exigían era algo que solo podía solucionar el Congreso. Pero, claro, nadie en la manifestación quería escuchar eso. No se buscaba conversar o aprender: se exigían soluciones, aunque para estas, se estuviera tocando la puerta equivocada.

He recordado estos episodios a partir de la Marcha por la Paz convocada por la Policía Nacional del Perú hace unos días. Fuera de que la participación activa de la Policía Nacional haya sido oportunamente suspendida, la primera llamada a una marcha como esta encendió muchas alertas. Desde el ámbito político, podemos hablar de la politización de la policía y las fuerzas del orden; una discusión interesante y especializada en la que muchos analistas ya están participando y sobre la cual muchos agentes de la sociedad civil ya se pronunciaron. Mi mirada o preocupación va un poco más allá, sin embargo, y se relaciona con un fenómeno un poco más amplio relativo a la ignorancia ciudadana sobre la labor y funciones del servidor público. En una sociedad más informada, las personas a quienes hacía referencia en mis recuerdos habrían sabido manifestarse frente al Palacio del Legislativo en vez del Judicial. De la misma forma, la reciente convocatoria policial a una marcha por la paz no habría sido recibida como algo positivo por la audiencia, sino con una inmediata mirada crítica por parte de la ciudadanía y la prensa. 

Es verdad que hace mucho que las clases de Cívica dejaron de ser obligatorias, por lo que tal vez hayamos olvidado que cada poder del Estado y sus agencias tiene funciones y responsabilidades constitucionales exclusivas y, en muchos casos, excluyentes. Además de que, a diferencia de los ciudadanos de a pie, los funcionarios y servidores del Estado se rigen por el principio de legalidad. Esto significa que mientras usted y yo podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, el servidor y el funcionario público solo pueden hacer lo que la ley les manda. En el caso de la Policía Nacional, y en atención al artículo 166 de la Constitución, esto incluye:

1. Garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 
2. Prestar protección y ayuda a las personas.
3. Garantizar el cumplimiento de las leyes.
4. Garantizar la seguridad del patrimonio público y privado. 
5. Prevenir, investigar y combatir la delincuencia.
6. Vigilar y controlar las fronteras del territorio.

En otras palabras, y como ya lo dijo también la Defensoría del Pueblo por estos días, la Policía Nacional no puede organizar ni promover manifestaciones. Esa no es su función. Sea que la convocatoria pública pueda catalogarse como inofensivamente intencionada o deliberadamente política, el artículo 34 de la Constitución prohíbe, explícitamente, a los miembros activos de las fuerzas del orden participar de cualquier tipo de manifestación. Es una lástima, entonces, que ni siquiera el impedimento constitucional haya sido suficiente óbice para evitar una decisión pública de esta naturaleza.

El ministro Víctor Rojas tiene razón cuando asegura que «si no hay diálogo con nosotros (la PNP), jamás nos vamos a entender. El diálogo es la única arma, el único medio de entendernos”. Y es cierto que estamos en tiempos convulsos y que la necesidad de dialogo es pertinente; urgente, inclusive. Pero ni siquiera en obediencia a las buenas intenciones podemos faltar a la ley: ¿dónde terminaríamos si así lo hiciéramos?

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