Perú tiene el mayor porcentaje de servidores públicos que podrían ser reemplazados por las nuevas tecnologías
Ustedes, lectores de este espacio, ya habrán escuchado la promesa: la inteligencia artificial llegará al Estado para agilizar trámites, ordenar expedientes y atender mejor al ciudadano. Justamente, en la más reciente edición del Premio de Buenas Prácticas Gubernamentales —que desde hace más de dos décadas organiza la institución privada Ciudadanos al día—, el Premio Especial a la Innovación Pública en Mejora Continua fue ganado por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, con la práctica “Sistema de Asociación Automatizada de Cargos de Notificaciones Físicas Judiciales con el uso de la Inteligencia Artificial”.
Pero antes de entusiasmarnos, convendría hacernos una pregunta algo incómoda: ¿qué pasará con las personas que hoy hacen ese trabajo? Un esfuerzo de medición impulsado desde la Organización Internacional del Trabajo ofrece una respuesta, al menos parcial.
El investigador Paweł Gmyrek y sus colegas desarticularon 436 ocupaciones en sus 3.123 tareas y le pidieron al modelo GPT-4 de OpenAI que calificara qué tan factible era automatizar cada una. Con el promedio y la dispersión de esas calificaciones se ordenaron los empleos en tres grupos: los de potencial de automatización, donde la máquina puede hacer buena parte de lo que hace la persona; los de potencial de complementación, donde la tecnología asume algunas tareas y el trabajador conserva el rol principal; y uno tercero, bautizado como «el gran desconocido», con ocupaciones muy expuestas pero tan heterogéneas que su destino dependerá de cómo evolucione la tecnología. Como solo midieron la viabilidad técnica, estas cifras marcan un techo.
Para América Latina, los autores señalaron un punto clave: tener un puesto expuesto no garantiza que se pueda usar la tecnología. Por eso cruzaron cerca de 900.000 observaciones de encuestas de hogares de 16 países con la probabilidad de que cada persona use una computadora en su trabajo. Así separaron a los trabajadores expuestos y equipados de aquellos cuyo beneficio, o cuyo riesgo, queda limitado por la brecha digital.
Por la manera como se hacen las clasificaciones internacionales de sectores económicos, se agrupa a la Administración Pública con la Defensa. En promedio, en la región, un 8,9 % de quienes trabajan en el sector ocupan puestos con potencial de automatización y 10,1 % ocupan puestos con potencial de complementación. El Perú encabeza la lista en América Latina con 17,7 % en ocupaciones automatizables, el doble del promedio y por encima de Panamá (14,9 %), Guatemala (13,6 %) y República Dominicana (13,3 %). Apenas 9,6 % está en complementación y 11,2 % en lo desconocido. Dicho de otro modo, entre los servidores cuya ocupación sí puede clasificarse, casi la mitad realiza un trabajo que una máquina podría asumir. Argentina, en el otro extremo, tiene 3,4 %.
Junto con las ocupaciones clasificables, lo cierto es que la exposición de 57 % de los trabajadores del sector no puede clasificarse, y en el Perú la cifra llega a 61,4 %. Ese vacío refleja, de alguna manera, la informalidad que caracteriza a la región; no por casualidad los países conocidos por su alta informalidad, como el nuestro, superan el 60 % de empleos inclasificables. Y entre lo que sí se clasifica, más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos del sector está en la incertidumbre.
Estas cifras describen qué tareas cambiarán y quiénes deben prepararse, y dejan una decisión de política pública en nuestras manos: usar la IA para complementar a los servidores públicos, rediseñando sus puestos y formándolos para tareas de mayor valor, o limitarnos a reemplazarlos cuando la tecnología resulte barata, sin haber pensado antes qué Estado queremos tener.
Con casi la mitad de los servidores clasificables en puestos automatizables, ¿vamos a dejar que sea la tecnología, y no una estrategia de servicio civil, la que decida quién trabaja en el Estado peruano?
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